CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Bogotá D. C., seis (6) de febrero de dos mil siete (2007). Ref.: 5000122140002006-00243-01 Sería el caso entrar a resolver sobre la impugnación del fallo proferido el 6 de diciembre de 2006, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante la cual se denegó el amparo deprecado por el señor GUSTAVO MARTÍN frente a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, sino fuera porque se observa que en el trámite de la primera instancia, se incurrió en causal de nulidad de naturaleza insaneable, de acuerdo con las siguientes razones: 1.

Si bien el amparo constitucional se depreca frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se advierte que no existe una concreta acusación enfrente de tal autoridad, pues el núcleo de la queja constitucional dimana de una decisión adoptada por el Delegado Departamental de esa Entidad en el Vichada frente al reclamo que elevó el actor respecto a unas diferencias salariales a las cuales considera tener derecho “ por haber ocupado del cargo de Registrador del Municipio de Cumaribo – Vichada ”.

De modo que, si como es sabido, no puede asumirse que por el simple hecho de accionar contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, se torna competente un determinado funcionario judicial, pues en cuanto no se le atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a este trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo se encuentra comprometido con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria. 2.

Así las cosas, se pone de relieve lo preceptuado por el Parágrafo del art. 1º del Decreto 1382 de 2000, conforme con el cual, son " los hechos descritos en la solicitud de tutela" los que permiten al juez concluir, si es o no, competente para conocer de la misma. Por consiguiente, las reglas de competencia de que trata el Decreto mencionado únicamente logran cabal desarrollo a propósito de la descripción de los hechos, ya que no basta con que se designe a un demandado, como se hizo en este caso, puesto que si ello fuera así la competencia se radicaría solamente con estribo en la clase de demandado, sin importar si se le acusa o no de la infracción de algún derecho fundamental, frustrándose por contera los propósitos de racionalización y desconcentración en el conocimiento de las acciones de tutela que justificaron tales reglas. 3.

Por consiguiente, como quiera que en los hechos de la presente acción únicamente se involucra al Delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Vichada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que conoció de la primera instancia, carecía de competencia para decidirla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que asignó a " los Jueces del Circuito" o con categoría de tales, el conocimiento, en primera instancia, de las solicitudes de tutela que se interpongan contra " cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental". 4.

La situación que refleja el presente asunto está contemplada como causal de nulidad en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al trámite de la acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que prevé que en la interpretación de las disposiciones que regulan dicho trámite se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios al Decreto objeto de la reglamentación. 5.

En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la tutela, inclusive, y se dispondrá la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Villavicencio (reparto), por ser los competentes para conocer de la presente acción, en primera instancia. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a partir del auto que ordenó darle trámite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del art. 146 del C. de P.C. Segundo: En consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito (reparto) de Villavicencio, para lo de su competencia. Ofíciese.

Tercero: Comuníquese lo así resuelto al Tribunal de origen y a las partes, mediante telegrama.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Magistrado PAGE 4 JAAP Exp. No. 5000122140002006-00243-01