CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No 27845 Acta No. 12 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil diez (2010) Resuelve la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA la impugnación presentada por Rafael Ignacio Bravo Campuzano, a través de apoderado judicial, en contra de la providencia de 11 de febrero de 2010, proferida por la SALA DE CASACIÓN CIVIL de esta Corporación, mediante la cual negó la petición de tutela promovida por el impugnante, cuyos sujetos pasivos son el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, extensiva a las Fiscalías Veinticuatro y Veinticinco de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra Tutela No.27845 el Lavado de Activos, y Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES La Sala de Casación Civil en su fallo de tutela del 11 de febrero de 2010 (fls. 255 a 260), declaró improcedente el amparo constitucional al considerar que el accionante puede acudir ante el juez natural con el fin de proteger sus derechos vulnerados. El accionante sustenta en su escrito de acción de tutela (fls. 2 a 13), que los funcionarios judiciales accionados, con la decisión cuestionada le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la propiedad.

El motivo de inconformidad del actor radica en que el juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, mediante providencia del 27 de junio de 2009 declaró la Tutela No.27845 extinción del derecho de dominio sobre todas las cuotas partes y derechos sociales de la sociedad Inversiones Turísticas Cispatá S.A., en donde es accionista con un 20% de participación, sin que la Fiscalía General de la Nación lo hubiese notificado, emplazado ni oído, así como tampoco designado curador ad litem que lo representara, incurriendo así en vía de hecho.

CONS1DERACIONES DE LA CORTE Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, para cuyo ejercicio se exigen mínimos requisitos.

Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la Rama Judicial en Tutela No.27845 busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución, o que por conexidad se encuentren consagrados en otros acápites de dicha normatividad.

De otro lado, al amparo constitucional, según lo prevé expresamente el artículo 86 de la C.P., no puede acudirse cuando se cuente con otros medios ordinarios de defensa judicial, a no ser que con la actuación o fa omisión del funcionario público o del particular se le cause al administrado un perjuicio irremediable, lo cual torna la acción de tutela en un mecanismo de protección excepcional.

No es entonces una figura de la cual se puede abusar y suplantar con ella las vías naturales diseñadas por el legislador. Al analizar el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, y tal como lo expuso la Sala de Casación Civil, en el interior del proceso, vale Tutela No.27845 decir, ante el juez natural, cuenta el actor con la posibilidad de interponer los medios idóneos de defensa judicial para demostrar, controvertir, alegar y reclamar por su falta de citación en el proceso de extinción de dominio de la sociedad Inversiones Turísticas Cispatá S.A., previa demostración de que era titular de ese derecho, todo encaminado al efectivo ejercicio de su garantía a la defensa constitucionalmente establecida, por ello no puede el juez de tutela entrar a usurpar facultades del juez natural.

De acuerdo a lo anterior, la decisión recurrida habrá de confirmarse. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado. Tutela No.27845 SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ( 6 ) ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: "Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

"Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1°, 228, 229 y 230 de la Constitución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra.