11 República de Colombia Corte Suprema de justicia Tutela No. 22357 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL —SALA DE CONJUECES‑ MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS Tutela Expediente No. 22357 Acta No. 21 Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil ocho (2008), Decide la Corte sobre la impugnación interpuesta por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales, contra la providencia proferida por la SALA DE DECISIÓN DE CONJUECES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, el 30 de julio de 2008, dentro de la acción de tutela promovida por ATENAYS DE LA LUZ ARQLJEZ VAN-STRAHLEN, IRINA MARGARITA DÍAZ OVIEDO, CARLOS LÓPEZ ZAPATA( ORLANDO NARVAEZ CONTRERAS, GUSTAVO CORONEL CARREAZO, CESAR AUGUSTO NAZZAR BUENDÍA, JOSÉ RAMÍREZ CASTRO, NEDDA ARGELIA REEVES POMARE, PACHECO GORDON BRYAN, YULL FERNANDO HUMPHRIES HUNTER, GUILLERMO THYME PALMER, NATAVLY DEL ROSARIO PUA ZURIQUE, ALDA MARIE CORPUS SIOGREEN, GONZALO BOWIE GORDON, TATIANA MELINDA FORBES MANUEL, DIXIE BLOSSON GOODSEL BENT, ALFONSO RAFAEL GOMEZ NIETO;

ISMAEL CARLOS MAY GARCÍA,' GINA MARÍA PUELLO BOWIE, SIDNEY ELIÉCER RAMÍREZ JAMES, JULÍAN GARCÉS GIRALDO, GENIFFER SELENE GARCÍA MOZO, ORLANDO ALBERTO MANUEL FORBES, CARLOS ANTONIO NEWBALL STEPHENS', DEFNA NEREYA CAMPO MANJARRES, JORTDANA VANESSA ARCHBOLD​HERNÁNDEZ, MAURY ANTONIO BARRETO BALDOVINO,' YAMILET WILLIAMS BRYAN, SHIRLEY LOLITA WALTERS ALVAREZ, DIOMIRA ANGELINA LIVINGSTON LEVER, WILSON ANDRES GOMEZ ÁVILA;

JAIR SAMIR CORPUS VANEGAS,' ASVIL BRYAN MANUEL, LICENIA NARCISA BURBANO SMITH; SANDRA TERESA LIINGSTON POMARE, MARLENE DEL CARMEN SALGADO GONZALEZ, KATIA LLAMAS DE LA CRUZ; CATIANA CAUSIL ARCHBOLD, MIRNA MIRANDA IRIARTE, GIONJIOSY VILLA DAVIS, JAVIER IVÁN MORALES VILORTA,- MAURICIO HUDGSON ESCALONA, ANDRES NEGRON PEREZ, YAIR TORRES DÍAZ, CARMEN CELIA GAVIRIA HEREDIA;

PABLO JUSTINIANO QUIROZ MARIANO, PEDRO ENRIQUE SANCHEZ CARRILLO, LILIA POMARE MYLES/, JHON FREDIS MADRID GUERRA, YACENIA ESTHER ZURIQUE DE PUA, DAVIS MANUEL HERNANDEZ CAMARGO, JOSEPH BARRERA KELLY, KERMIT MATTHEW JACKSON MAY, CESAR CAMILO IRIARTE MIRANDA, ANA MARÍA GIRALDO ZAPATA, NELLY PATRICIA SABOAL NARVAEZ, LINDON CORPUS STEPHENS, NOVA JUDITH CARREÑO CORPUS, JOUMAIMA ROMERO BARRIOS, ALEXIS JAVIER ARRIETA PACHECO;

MARLON MORALES TRES PALACIOS; JEAN ETHEL WALTERS ALVAREZ, RUTDER ENRIQUE CANTILLO CHIQUILLO; INGRID SOFIA OLMOS MUNROY, DOMINGO JOSE GALLARDO HUDSON, JUAN CARLOS LOZANO POMARES, LEYDY jOHANNA RAMIREZ ROMAN, KARINA CAOSIL ARCHBOLD,/ sHASON BENT POMARE e IRIS ESTEPHENS BOWIE- contra LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIAY;

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. I-.

ANTECEDENTES 1. En pos de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas, los accionantes adelantaron la presente acción constitucional, pues consideran que aquellos le fueron vulnerados por los accionados. Indican que para el año de 1992, el Gobierno Nacional expidió la Ley 4a, en la cual dispuso las condiciones a tener en cuenta por él a la hora de establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Advierten que el Gobierno Nacional cinco años después de promulgada dicha Ley, expidió el Decreto 610 de 1998 y posteriormente el 1239, en los que otorgó una bonificación, pero solamente para los Magistrados de las Altas Cortes y para todos aquellos funcionarios que ostenten un cargo superior; situación ésta que evidentemente discrimina a todos aquellos funcionarios y empleados de menor rango, toda vez que se les está violando su derecho a la igualdad, al trabajo y a toda una serie de disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 2°, 6°, 13, 25, 53, 150 numeral 19, 188, 189 numerales 10 y 11.

En virtud de lo anterior, los tutelantes solicitan al juez de amparo tutelar los derechos fundamentales deprecados y en consecuencia ordenar a los entes accionados "restablecer el equilibrio salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial". Piden los accionantes, que se conceda un periodo no superior a (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, para que se de cumplimiento a la orden impartida. 2.

Mediante providencia del 30 de julio de 2008, la SALA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA concedió la tutela propuesta, dado que el Gobierno Nacional sólo estableció los beneficios salariales, Bonificación de compensación, a que alude el citado artículo, para los Altos Funcionarios de las Altas Cortes, discriminando sin justificar, a los funcionarios de la Rama de rangos inferiores a éstos, lo que pone de presente una abrupta discriminación contra ellos ". 3.

Por encontrarse inconforme con la anterior decisión, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, impugnaron a través de escritos visibles en el cuaderno principal, en los cuales se insiste, en que no es la acción de tutela, el medio de defensa idóneo para controvertir actos administrativos como los que aquí se están atacando, a lo que agregan que no puede el juez de amparo decretar medida alguna que implique u ordene un gasto público.

De otra parte, señalan que contra ellos no procedía esta acción, toda vez que consideran que hay falta de legitimación en la causa por pasiva. El Departamento Administrativo de la Función Pública, quien también es impugnante, agrega que la nivelación salarial invocada por los accionantes, ya "fue atendida de manera integral por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 057 y 053 de 1993.".

II-. CONSIDERACIONES El objetivo fundamental de la acción de tutela, como mecanismo excepcional con procedimiento preferente y sumario, es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la Constitución y la ley, y su eficacia se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa.

Sin embargo tal mecanismo resulta improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que sea utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso sub examine, la pretensión de la parte tutelante, consiste en que se ordene a los accionados/ efectuar la nivelación salarial atendiendo criterios de equidad e igualdad, conforme con lo establecido en la Ley 4a de 1992.

Sobre el particular, se observa a simple vista que no es la acción de tutela la vía llamada para conjurar situaciones como las aquí planteadas. La determinación sobre la procedencia de pretensión que aquí se reclama es asunto que en manera alguna es de competencia del Juez de tutela, a quien no le es dado arrogarse funciones que competen a otras autoridades, sino que, estos pronunciamientos se logran mediante las acciones conducentes, donde sea la autoridad administrativa o el juez competente el que indique si le asiste o no la razón a la parte peticionaria, y en este orden de ideas mal podría predicarse vulneración de derecho fundamental alguno, como tampoco el acaecimiento de perjuicios irremediables, en tales condiciones.

En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, se torna como improcedente la protección constitucional solicitada. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1-. REVOCAR el fallo de tutela proferido por la SALA DE DECISIÓN DE CONJUECES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, el 30 de julio de 2008, dentro de la acción promovida por ATENAYS DE LA LUZ ARQUEZ VAN​STRAHLEN, IRINA MARGARITA DÍAZ OVIEDO, CARLOS LÓPEZ ZAPATA, ORLANDO NARVAEZ CONTRERAS, GUSTAVO CORONEL CARREAZO, CESAR AUGUSTO NAZZAR BUENDÍA, JOSÉ RAMÍREZ CASTRO, NEDDA ARGELIA REEVES POMARE, PACHECO GORDON BRYAN, YULL FERNANDO HUMPHRIES HUNTER, GUILLERMO THYME PALMER, NATALLY DEL ROSARIO PUA ZURIQUE, ALDA MARIE CORPUS SJOGREEN, GONZALO BOWIE GORDON, TATIANA MELINDA FORBES MANUEL, DIXIE BLOSSON GOODSEL BENT, ALFONSO RAFAEL GOMEZ NIETO, ISMAEL CARLOS MAY GARCÍA, GINA MARÍA PUELLO BOWIE, SIDNEY ELIÉCER RAMÍREZ JAMES, JULÍAN GARCÉS GIRALDO, GENIFFER SELENE GARCÍA MOZO, ORLANDO ALBERTO MANUEL FORBES, CARLOS ANTONIO NEWBALL STEPHENS, DEFNA NEREYA CAMPO MANJARRES, JORTDANA VANESSA ARCHBOLD HERNÁNDEZ, MAURY ANTONIO BARRETO BALDOVINO, YAMILET WILLIAMS BRYAN, SHIRLEY LOLITA WALTERS ALVAREZ, DIOMIRA ANGELINA LIVINGSTON LEVER, WILSON ANDRES GOMEZ ÁVILA, JAIR SAMIR CORPUS VANEGAS, ASVIL BRYAN MANUEL, LICENIA NARCISA BURBANO SMITH, SANDRA TERESA LIVINGSTON POMARE, MARLENE DEL CARMEN SALGADO GONZALEZ, KATIA LLAMAS DE LA CRUZ, CATIANA CAUSIL ARCHBOLD, MIRNA MIRANDA IRIARTE, GIONJIOSY VILLA DAVIS, JAVIER IVÁN MORALES VILORIA, MAURICIO HUDGSON ESCALONA, ANDRES NEGRON PEREZ, YAIR TORRES DÍAZ, CARMEN CELIA GAVIRIA HEREDIA, PABLO JUSTINIANO QUIROZ MARIANO, PEDRO ENRIQUE SANCHEZ CARRILLO, LILIA POMARE MYLES, JHON FREDIS MADRID GUERRA, YACENIA ESTHER ZURIQUE DE PUA, DAVIS MANUEL HERNANDEZ CAMARGO, JOSEPH BARRERA KELLY, KERMIT MATTHEW JACKSON MAY, CESAR CAMILO IRIARTE MIRANDA, ANA MARÍA GIRALDO ZAPATA, NELLY PATRICIA SABOAL NARVAEZ, LINDAN CORPUS STEPHENS, NOVA JUDITH CARREÑO CORPUS, JOUMAIMA ROMERO BARRIOS, ALEXIS JAVIER ARRIETA PACHECO, MARLON MORALES TRES PALACIOS, JEAN ETHEL WALTERS ALVAREZ, RUTDER ENRIQUE CANTILLO CHIQUILLO, INGRID SOFIA OLMOS MUNROY, DOMINGO JOSE GALLARDO HUDSON, JUAN CARLOS LOZANO POMARES, LEYDY JOHANNA RAMIREZ ROMÁN, KARINA CAOSIL ARCHBOLD, HASON BENT POMARE e IRIS ESTEPHENS BOWIE contra LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2-.ABSOLVER a los accionados de todas y cada una de las pretensiones incoadas en el escrito de tutela. 3-.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS JUAN HERNÁNDEZ SÁENZ JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA HUMBERTO JAIRO JARAMILLO VALLEJO JORGE IVAN PALACIO PALACIO CARLOS ARIEL SALAZAR VELEZ FERNANDO VÀSQUEZ BOTERO MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA SECRETARIA