6 República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No 21132 Acta No. 33 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009) Decide la Corte la acción de tutela promovida por el ciudadano MATÍAS GONZÁLEZ SANTIAGO, en su propio nombre, en contra de la sentencia proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA, SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL, integrada por los magistrados William Hernández Pérez y Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez, dentro del proceso ordinario laboral que promovió el actor en contra de CERVECERÍA AGUILA S.A., radicado bajo el número 13565 — 1996, tramitado en primera instancia por la Juez Primero Laboral del Circuito de Barranquilla.

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.21132 ANTECEDENTES El peticionario, ex auditor de Cervecería Aguila S.A., la demandó por la vía ordinaria laboral en procura de pretensiones varias, como indemnización por despido injusto, pensión sanción, prima de semana santa y de vacaciones, diferencias salariales y carga moratoria, entre otras.

En la primera instancia solo se le concedió la indemnización por despido injusto, por lo que fue apelada por el actor, al igual que por la demandada. La prenombrada Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la condena impuesta y absolvió a la encartada de todas las pretensiones. Esgrime, entonces, el peticionario, el recurso a la Carta para que se revoque dicha decisión y, en su reemplazo, se ordene el regreso del expediente al citado Tribunal para que sea nuevamente repartido y se le dé el trámite de rigor para la correspondiente resolución de segunda instancia. Alega que los magistrados hicieron caso omiso a las pruebas y al fundamento del fallo de primera instancia; que tajantemente consideraron inservible lo dispuesto en esa decisión, y tomaron la decisión de absolver a la demandada sin revisar el expediente sino basándose en lo que ellos consideraron era viable y justo para resolver la controversia, con distanciamiento de los lineamientos jurídicos que permiten la existencia de la equidad, igualdad y la sana crítica; que obviaron el valor probatorio existente dentro del proceso como por arte de magia y expidieron tal fallo contrario a los argumentos planteados dentro del contexto judicial existente.

Reprodujo apartes de la sentencia y procedió a controvertirlo tanto jurídica como tácticamente. Informó que interpuso recurso de casación y le fue concedido pero que por difícil situación económica no pudo pagar a un profesional del Derecho y fue declarado desierto. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, para cuyo ejercicio se exigen mínimos requisitos.

Mas, al amparo constitucional, según lo prevé expresamente el artículo 86 de la C.P., no puede acudirse cuando se cuente con otros medios ordinarios de defensa judicial, a no ser que con la actuación o la omisión del funcionario público o del particular se le cause al administrado un perjuicio irremediable, lo cual torna la acción de tutela en un mecanismo de protección excepcional.

No es entonces una figura de la cual se puede abusar y suplantar con ella las vías naturales diseñadas por el legislador. Al analizar el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, es de señalar que, en primer lugar, se observa que a pesar de haberse contado con un medio judicial de defensa por parte de la actora, cual era el recurso extraordinario de casación, llamado a ser ejercido en contra de la sentencia que ahora por vía constitucional se controvierte, de éste no se hizo uso oportunamente, y no es convincente la razón aducida para justificar la declaratoria de desierto pues las mismas condiciones precarias correspondían al accionante al activarlo y al promover el proceso.

El amparo constitucional, pues, no puede erigirse en un atajo arbitrario del cual pueda el interesado servirse a gusto para soslayar los medios ordinarios o extraordinarios de defensa judicial que el ordenamiento le dispensa. Por manera que ante la ausencia injustificada del ejercicio del indicado instrumento garantista por parte de la interesada, el recurso a la Constitución devendrá en improcedente.

Además, es de reiterar que tampoco esta acción se erige como la apta para a través de ella proceder a controvertir, como si fuese otra instancia más, los fundamentos jurídicos sobre determinadas normas, o las percepciones fácticas o de los diversos medios de instrucción procesales, que en ejercicio de la función de administrar justicia y de la normal independencia del juez éste exprese.

Acá, lo que pretende la parte accionante es plantear ante el juez constitucional una visión diferente de la que jurídica y fácticamente se formó el colegiado, sin que sea apreciable en forma ostensible y manifiesta la distorsión legal y aberrante de precepto alguno o la arbitrariedad, el capricho, descuido o negligencia en el manejo de la prueba.

La parte accionada procedió a ejercitar su facultad legal de interpretación jurisdiccional y aplicación del derecho, sin que, ante lo razonable de su visión jurídica y fáctica, de la cual concluyó la justedad del despido del actor, sea patente la vulneración de ningún derecho fundamental; por lo que dicha percepción fáctica del Tribunal, y la decisión que del mismo se desprendió, no es ubicable dentro de un proceder judicial irregular ostensible.

Criterio del cual, obviamente, los afectados con la decisión y demás terceros — incluyendo otras instancias judiciales- pueden discrepar, pero sin que el simple hecho de ser susceptible de controversia el asunto implique entonces incurrir en los desafueros endilgados en la República de Colombia Corte Suprema de Justicia solicitud de amparo ni, mucho menos, que la petición de tutela sea procedente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labora!, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no impugnarse.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Aclaró el voto ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: "Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

"Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1°, 228, 229 y 230 de la Constitución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. Gustavo José Gnecco Mendoza