CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil ocho (2008) Discutido y aprobado en Sala realizada el 30 – 07 – 2008 Ref: Exp. No. T- 19001-22-14-000-2008-00106-01 Decídese la impugnación formulada contra la sentencia dictada el 19 de junio del año en curso, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro del proceso de tutela promovido por el doctor MAURICIO ALFONSO CIFUENTES GUZMÁN, contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA y de HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; trámite al cual se vinculó al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP.

ANTECEDENTES 1. El mencionado doctor Cifuentes, pretende que mediante el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y trabajo, se ordene a las autoridades accionadas que procedan a “ modificar, adicionar o corregir el Decreto 610 de 1998, por medio del cual en cumplimiento de las normas generales de la Ley 4ª de 1992” el Gobierno Nacional “ revisó el sistema de remuneración de los Magistrados de Tribunal”, para que “ se incluya” el cargo de “ FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO” que desempeña, “así como el de los demás servidores de la Rama Judicial, Jueces y empleados y de esa manera cese la violación…”, (el destacado es original). 2.

En apoyo de su petición el accionante, tras informar que se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 16 de agosto de 1992, aduce, que sólo después de haber transcurrido más de cinco años, luego de que entró en vigencia la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional en cumplimiento de la misma, expidió el Decreto 610 de 1998, por medio del cual se revisó el régimen salarial de los magistrados, conculcando así las citadas prerrogativas constitucionales, en la medida que se discriminó a los jueces y empleados, quienes quedaron en condiciones de inferioridad.

Agrega, que han pasado más de quince (15) años sin que se haya revisado bajo los criterios de equidad el sistema de remuneración de aquéllos, tal como lo puntualizó el parágrafo único del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; circunstancia en virtud de la cual cada año se incrementa la situación injusta e inequitativa que creó el Gobierno Nacional, al cumplir de manera parcial el mandato contenido en el precepto citado.

LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal, en Sala de Conjueces, resolvió conceder la protección reclamada toda vez que consideró que “ la nivelación salarial hecha de manera parcial en beneficio de un grupo minoritario de empleado de la Rama Judicial y el Ministerio Público en los Decretos 610 y 1239 de 1998, resulta violatoria de los criterios de nivelación y equidad establecidos en la Ley 4ª de 1992 (con antecedente de la Ley 16 de 1968) que son una manifestación del derecho de igualdad previsto en el artículo 13 de la C.N. (…).

Esa violación del derecho a la igualdad se ha mantenido cada año, cuando en los diferentes decretos salariales, el Gobierno Nacional omite extender la nivelación y equidad a los restantes servidores, es decir que, es un fenómeno que cada año se ha mantenido vigente con los nuevos decretos salariales”. Consecuentemente ordenó a las autoridades accionadas, que en el término de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de esa decisión, procedieran a “ realizar a favor del actor la nivelación salarial y de equidad ordenada por la Ley 4ª de 1992 y prevista en los Decretos 610 de 1998 y 1239 de 1998, con los mismos criterios de equidad con los que se reajustó en los mencionados Decretos (…) la remuneración de los magistrados y otros funcionarios judiciales”.

Además, ordenó pagar “ la diferencia resultante a favor del actor con retroactividad a la fecha de su vinculación a la rama judicial”. LA IMPUGNACIÓN En la oportunidad legal las autoridades accionadas solicitaron la revocatoria del fallo del Tribunal, aduciendo básicamente que el amparo reclamado resultaba a todas luces improcedente. CONSIDERACIONES 1.

Conforme con el artículo 86 de la Constitución Política, “ Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 2.

Examinada la solicitud elevada por el doctor Cifuentes Guzmán a la luz de lo estipulado en el Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamentó el mecanismo que concita la atención de la Corte, pronto se advierte que el a quo desacertó en su decisión, pues lo cierto es que la protección reclamada no puede abrirse paso, habida cuenta que los Decretos que se cuestionan por esta vía, es decir, el 610 de 1998 y demás que han fijado los salarios de los empleados de la Rama Jurisdiccional, son actos de carácter general, impersonal y abstracto, hipótesis que está contemplada como causal de improcedencia en el numeral 5º. del art. 6º. del mencionado Decreto 2591.

A lo anterior se suma, la posibilidad de demandar las disposiciones que se consideran lesivas de los derechos fundamentales ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, circunstancia que permite predicar también la existencia de la causal señalada en el numeral 1º del precepto citado. 3. En relación con el tema de que trata la presente acción, al resolver un asunto similar, en reciente pronunciamiento expresó la Corte: “(…) Para desatar un caso de perfiles similares al de ahora, la Sala Laboral de esta Corporación precisó que ‘como es sabido el salario de los servidores públicos es fijado por normas jurídicas de alcance general, impersonal y abstracto, las cuales son proferidas con autonomía por el ejecutivo, conforme a facultades que le ha reservado la Constitución Política y la ley (art. 150-19, literales e y f, art. 189-14 de la Carta, y la ley 4ª de 1992).

De la misma naturaleza jurídica son los decretos que el Gobierno Nacional ha dictado para asignar el salario y porcentaje de aumento anual a los funcionarios que prestan sus servicios a la Rama Judicial (Dto. 64 de 1998). “2.2. El amparo propuesto por el actor pretende someter a examen el contenido de ‘actos de carácter general, impersonal y abstracto’, para lo cual no fue prevista la acción de tutela como así lo tiene dispuesto de manera perentoria el numeral 5° del decreto 2591 de 1991, y con lo que se desconocería su objeto, que no es otro que la protección de derechos fundamentales de una persona determinada, vulnerados y amenazados en circunstancias concretas por la acción o la omisión de un particular o de una autoridad pública (art. 1° ibídem).

“2.3. De manera que como bien lo definió el Tribunal, los conflictos que dan lugar ese tipo de normas jurídicas se deben solucionar a través de las acciones que para tal finalidad tienen prevista la Constitución Política y el Código Contencioso Administrativo. “2.4. No obstante que el accionante no acredita el perjuicio irremediable frente a la vulneración al derecho a la igualdad, tampoco encuentra la Corte que por vía de tutela se le pueda dispensar el mismo tratamiento otorgado a otros funcionarios de la Rama Judicial porque los parámetros de comparación están planteados por aspectos que no lo comprenden y que, por tanto, lo ubican en un plano fáctico distinto.

Es así como en ese sentido en casos análogos, la Corte Constitucional ha sostenido: “(…) los funcionarios judiciales beneficiados por el incremento salarial reclamado, desempeñan cargos de mayor jerarquía, que exigen mayores calidades y requisitos, ejercen funciones de gran responsabilidad que requieren de mayor experiencia, dedicación y conocimientos que el desempeñado por el accionante, es decir, las situaciones y condiciones son diferentes lo que justifica un tratamiento diferenciado.

Así lo reconoció esta corporación cuando en sentencia T-211 de 1992 …, afirmó: ‘Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él es predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente formación a supuestos distintos.

Con el concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática’. “2.5. Ahora: la nivelación salarial no sólo del accionante sino de los demás servidores judiciales por los que aboga sin acreditar las condiciones de la agencia oficiosa, requiere para su aprobación de estudios de factibilidad, de concertación, de orden económico, de índole presupuestal, entre otros, y de los procedimientos que el ordenamiento jurídico señala para la adopción de esa clase de legislación a cargo de funcionarios competentes cuyas funciones no puede soslayar o abrogarse el juez de tutela, de manera que las pretensiones a que aspira el impugnante deben ser canalizadas por las vías establecidas por la Constitución y la ley’ (sentencia de tutela de 13 de diciembre de 2007, Exp.

No. 34.683). “…Ahora bien, a efectos de cuestionar judicialmente actos generales, impersonales y abstractos como los involucrados en la presente acción de tutela, el ordenamiento jurídico prevé otro tipo de acciones y, de manera específica, la de nulidad establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo en contra de actos administrativos.

Siendo así, los actores bien pueden emplear este mecanismo a fin de plantear su controversia ante la respectiva jurisdicción y de dar lugar a un proceso en el cual se surta, con todas las formalidades, el debate de un asunto cuyas complejas connotaciones escapan al procedimiento propio de la acción de tutela, caracterizado por su informalidad.

“Se configura, entonces, una causal más de improcedencia de la tutela, pues el mecanismo contemplado en el artículo 86 de la Constitución es de índole subsidiaria y residual, ‘por lo que no se trata de un mecanismo alternativo, ni supletivo o sustitutivo de los medios judiciales ordinarios o especiales establecidos en el ordenamiento jurídico’.

Según el artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991, ‘la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales’, como para el caso sería la mencionada acción de nulidad, enerva la procedencia de la acción de tutela, dado que existe la posibilidad de procurar la protección pedida en su sede natural y en ejercicio de la acción pertinente.

“A ello agregó que ‘Los anteriores argumentos serían suficientes para despachar desfavorablemente las tutelas impetradas, de no ser porque en la demanda se ha formulado una segunda pretensión autónoma, encaminada a que se les ordene a las autoridades competentes expedir ‘el decreto correspondiente a la nivelación salarial de conformidad con la Ley 4ª de 1992’ y porque el juez de primera instancia basó su decisión en el estudio de esta pretensión. A este propósito los demandantes alegan que desde hace años reclaman ‘una nivelación salarial justa porque consideramos que los salarios de los empleados desde el secretario hasta el notificador son muy bajos’ y la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira estimó que ‘la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, dejó claro que la tutela no puede ser utilizada por los trabajadores para obtener un reajuste salarial’.

“Acerca de este último aspecto, la Sala estima de importancia poner de manifiesto que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, mediante la acción de tutela es imposible ‘sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado’ o ‘cuestionar las decisiones que con respecto a esta facultad se tomen’, dado que, es competencia del Gobierno ‘presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal’ y al juez de tutela no le atañe ‘ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos’, ni disponer que el Gobierno Nacional proceda a efectuar aumentos o nivelaciones salariales.

“Una orden judicial impartida con la finalidad de producir ‘la nivelación salarial’ pretendida por los demandantes o de imponerle su adopción al Gobierno Nacional, comportaría el desbordamiento del marco de competencias constitucionalmente fijado y, contrariando el artículo 6º superior, la Corte se extralimitaría en sus funciones. Además, al crear una obligación a cargo del Estado con la finalidad de lograr incrementos o nivelaciones de salarios, la Corporación desconocería el principio de legalidad del gasto y vulneraría ‘los artículos 345, 346 y 347’ de la Carta, así como el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues ‘de conformidad con estas disposiciones, no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal’.

“Sobre la pretensión de obtener la ‘nivelación salarial’ merced al ejercicio de la acción de tutela, queda por anotar que la protección deprecada no cabe tampoco como medida transitoria, porque ninguno de los demandantes alegó o probó especiales circunstancias constitutivas de un perjuicio irremediable que deba ser evitado y, de otra parte, el análisis de los materiales allegados al expediente no da cuenta de la existencia de alguna situación específica que amerite la protección transitoria.

El juez de primera instancia señaló que ‘los accionantes se encuentran actualmente laborando y recibiendo oportunamente sus salarios’, lo cual indica que sus circunstancias no difieren de las del resto de empleados y que, un eventual perjuicio, sería abstracto y, por ende, atacable mediante mecanismos distintos de la tutela (…)”. (Sentencia de 11 de marzo de 2008, Exp.

No. 2008-00005-01, reiterada el 08 de abril de 2008, Exp. 2008-00001-01). 4. De acuerdo con lo discurrido, se revocará el fallo impugnado, para en su lugar denegar el amparo impetrado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para en su lugar denegar la tutela solicitada por el doctor MAURICIO ALFONSO CIFUENTES GUZMÁN; frente al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, los MINISTERIOS DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA y de HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; la que se hizo extensiva al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.

SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR RUTH MARINA DÍAZ RUEDA PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA WILLIAM NAMÉN VARGAS CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE EDGARDO VILLAMIL PORTILLA � Ibídem PAGE 10 JAAP. Exp. 19001-22-14-000-2008-00106-01