CORTE SUPREMADEJUSTICIA CORTE SUPREMADEJUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL MAGISTRADO PONENTE: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil cinco (2005). REF. Exp. T. No. 19001 22 10 000 2005 00310-01 Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia del 7 de marzo de 2005, mediante la cual el Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Popayán, Sala de Familia, negó la acción de tutela promovida por PATRICIA JIMENEZ JIMENEZ contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR “ICFES” y el DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
EL RECLAMO CONSTITUCIONAL Y SU FUNDAMENTO 1. La accionante demandó la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, y al principio constitucional de confianza legítima, presuntamente vulnerados por las entidades denunciadas al reglamentar y convocar a concurso para proveer cargos de docentes en el sector oficial. 2.
Expuso que se desempeña como docente en el Departamento del Cauca desde el 4 de marzo de 2004, y se encuentra en el escalafón nacional. 3. Que en la fecha en que fue vinculada en ese cargo cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley vigente para desempeñarlo, y sin embargo, las entidades accionadas pretenden aplicar retroactivamente la ley, esto es, el Decreto 1278 de 2002 y la Ley 715 de 2001, (normas que reglamentan el concurso), pues la entidad territorial denunciada, en cumplimiento de la Resolución No. 4700 de 2004, emitida por el Ministerio, a través del Decreto 4235 de ese mismo año, “convocó a concurso el cargo que venía ocupando”, sin que se le hubiese notificado esa determinación; amén que en dicha convocatoria no se establece la procedencia de recursos, los actos recurribles, sus efectos ni el procedimiento al que deben sujetarse, lo cual constituye “una vía de hecho administrativa”. 4.
Que los accionados conociendo de antemano, la inconstitucionalidad del concurso de méritos para proveer cargos docentes en el sector oficial, - sentencia C- 1169/04, inexequibilidad art. 7º Decreto 1207/022- efectúan la convocatoria, inscriben a los posibles concursantes y practican las pruebas, con “graves irregularidades” que afectan su validez, puesto que el ICFES intempestivamente cambio la fecha sin comunicarle, para realizarlas el día 16 de enero del año en curso, a un grupo en las horas de la mañana,y a otro en la tarde. 5.
Que a ella le correspondió el turno de la mañana, con grave violación a su derecho de la igualdad, puesto que los concursantes que la presentaron en las horas de la tarde, conocieron anticipadamente el método del examen, las preguntas y las respuestas, quedando en desventaja con respecto de aquellos. 6. Solicitó para la protección de sus derechos fundamentales que se ordene a las entidades accionadas “ suspender el proceso de selección de personal docente reglamentado por los Decretos 3238 y 4235 de 2004 y la Resolución No. 4700 del mismo año del Ministerio de Educación Nacional, hasta tanto el legislador defina el procedimiento para tramitar las reclamaciones por irregularidades en las diferentes etapas del Concurso, para proveer cargos docentes en el Sector Oficial”.
LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal negó la acción invocada, por cuanto consideró que los decretos y resoluciones expedidos para reglamentar el concurso de docentes son de contenido general, los que de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional no pueden ser atacados mediante la acción de tutela, tal como lo dispone, expresamente, el artículo 6º, numeral 5º, del Decreto 2591 de 1991.
Agregó que no comporta tampoco, la convocatoria vía de hecho administrativo, al no establecer la procedencia de recursos y procedimientos, pues pese a la declaratoria de inexequibilidad parcial de algunos apartes del parágrafo del artículo 9º del Decreto 1278 de 2002, en sentencia C- 734 de 2003, específicamente, de las expresiones “ determinando cuales de ellas admiten recursos y su procedimiento ”, considerando que la posibilidad de interponer recursos y el procedimiento aplicable comprometía el debido proceso, y la norma dejaba en manos del Presidente de la República determinar en que casos procedía su interposición y procedimiento, sin que exista parámetros orientadores en tales competencias por parte del legislador, y que al señalar el citado artículo las etapas concúrsales, la expresión “de manera general el contenido y los procedimientos de” podía interpretarse en el sentido que el Presidente de la República puede “de manera general” en ejercicio de la potestad reglamentaria, fijar parámetros diferentes a los señalados en el referido artículo; sentencia que en modo alguno señaló la necesidad de establecer un procedimiento en materia de recursos.
Señaló, además que menos aún puede pretenderse, por esta vía, la invalidación de un acto administrativo de alcance general, que goza de presunción de legalidad, y solo reversible por el órgano especifico, pues al juez de tutela “no le es dable invadir órbitas o competencias ajenas a su conocimiento ”. LA IMPUGNACIÓN La accionante impugnó el fallo con sustento en que aun cuando tenga un aparentemente “respaldo normativo”, el concurso es violatorio de los fundamentales invocados, por cuanto son las omisiones de las entidades accionadas, las que constituyen la vía de hecho pregonada, pues están alejadas de las disposiciones legales, “llámese decretos, leyes o Constitución”,, la cuales se materializaron en un acto concreto, causando evidentemente un perjuicio grave, cuya “irremediablilidad quiere conjurar por esta vía”.
CONSIDERACIONES Pretende la accionante, como ya se dejó visto, que se ordene a las entidades accionadas suspender el proceso de selección de personal docente constitucional “para tramitar las reclamaciones por irregularidades en las diferentes etapas del Concurso, para proveer cargos docentes en el Sector Oficial”. En el presente asunto, es evidente que el amparo constitucional se torna improcedente, pues se enfila contra actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, como son los decretos, mediante los cuales se reglamentó y convocó a dicho concurso (numeral 5º del artículo 6º Decreto 2591 de 1991).
A resolver acciones de tutela similares a la aquí propuesta la Corte ha puntualizado que, “ adviene improcedente el amparo impetrado, pues de una parte no aparece constancia ni manifestación alguna de que la actora haya acudido ante la administración para debatir el tema jurídico pertinente; de otra, debido a la presencia de mecanismos judiciales ordinarios destinados por el legislador para restablecer el derecho presuntamente atacado o para dirimir el conflicto generado entre la peticionaria y el municipio accionado, y finamente, porque la actuación de la administración se encuentra amparada con la presunción de legitimidad mientras no se desvirtúe por el procedimiento establecido previamente en la ley, argumento que cierra el circulo de las premisas entes expuestas para concluir que por fuera de no ser procedente la acción de tutela para el caso expuesto, tampoco es evidente que se haya quebrantado alguno de los derechos constitucionales referidos por la accionante”.(Sents. de enero 26 de 2005, exp.
Nº 00338, abril 15 de 2005, exp. Nº 00018-01). Por lo demás, tampoco se vislumbra la vulneración del derecho de trabajo, puesto que la actora no ha sido desvinculada del cargo que ocupa, amén que éste, como lo ha precisado la Sala “ no se predica respecto de un puesto o cargo concreto, sino de la posibilidad de acceder al mercado laboral y de las circunstancias dignas en que ha de desenvolverse la labor que eventualmente llegue a conseguirse” (sent. del 30 de junio de 200, exp.
No. 11722); y mucho menos a la igualdad, pues no basta con indicar, como lo hizo la accionante, en forma general que le fue conculcado por la citación de dos grupos de concursantes a diferentes horas, lo que permitió que uno de éstos conociera de antemano las pruebas, sino que debe demostrarse la ocurrencia de ese hecho y que el mismo es atribuible a los accionados.
De acuerdo con lo discurrido, la Corte confirmara la sentencia impugnada. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. EDGARDO VILLAMIL PORTILLA MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO CESAR JULIO VALENCIA COPETE PAGE 2 POMC Exp.
No. 2005 00310-01