República de Colombia Corte Suprema de justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 19000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN Tutela No. 19000 Acta No. 68 Bogotá D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil ocho (2008). Resuelve la Corte la acción de tutela interpuesta por MARÍA DEL SOCORRO ARISTIZABAL OSSA contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, ASEO INTEGRAL LTDA., CAROLA MEJÍA DE MORA, OLGA MARÍA MEJÍA MORA, JUAN CAMILO MEJÍA MORA y JORGE HERNÁN MEJÍA MORA.

ANTECEDENTES 1-. Para obtener la protección constitucional de los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al debido proceso y al buen nombre, se instauró acción de tutela contra los funcionarios y las personas mencionadas. Como antecedentes de su petición relata que trabajó en la empresa ASEO INTEGRAL LTDA., como operaria y fue víctima de una persecución laboral al "tratar de obligarla a hacer los tintos para el personal de oficina y que a la vez cumpliera con los parámetros exigidos por la misma empresa, en rendimiento que exigiera para su cargo, propiamente dicho, exigiéndoles hacer además, el aseo de la empresa"; por no aceptar esa imposición, le iniciaron un proceso disciplinario que concluyó con la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo aduciendo una causal que no existió; para obtener el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, adelantó un proceso ordinario, dentro del cual se cometieron varias irregularidades, como no practicar la diligencia de inspección judicial, y se estableció que no le suministraron "las dotaciones" pero absolvió por este concepto, así como de la indemnización moratoria; además en la decisión no se tuvo en cuenta la confesión ficta o presunta de algunos de los demandados.

Por lo anterior solicita se declare la nulidad del proceso, se condene a los accionados a pagar las costas procesales, se les requiera para que no tomen "represalias en contra de mi mandante, ni contra el suscrito, en los procesos donde actuemos" y se les ordene "adecuar el proceso a los mandatos procesales laborales vigentes". 2.- Esta Sala mediante auto del 15 de octubre de 2008 avocó su conocimiento, la hizo extensiva a toodos los intervinientes en el proceso laboral y ordenó notificarlos con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos materia de la petición de amparo.

Vencido el término no hubo respuesta. SE CONSIDERA La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la C. P., permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos en la Constitución Política.

Esta Sala ha mantenido el criterio de la improcedencia de la tutela contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales. Pero su procedencia está limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, caso en que se convierte en mecanismo principal y, segundo, cuando existiendo otro medio, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

En este asunto resulta improcedente la acción de tutela, pues el accionante pretende reabrir un debate que se encuentra debidamente resuelto a través de una sentencia legalmente ejecutoriada. El propósito de la acción de tutela no es promover nuevos procesos, menos crear instancias adicionales a las ya existentes, ni pretender modificar decisiones que alguna de las partes considere desfavorables.

Su única finalidad, como ya se dijo, se encuentra determinada en el artículo 86 de la Constitución, que no es otra que el de proteger en forma inmediata los derechos fundamentales. Los juzgadores de instancia en este caso, realizaron un estudio de las normas aplicables y de las pruebas allegadas al plenario en ellas fundamentaron su decisión, de la cual podrá discrepar el actor, pero no por ello configura una trasgresión de derecho alguno, menos violación de derecho fundamental.

De modo que no se observa una decisión inconsulta, ni aparece arbitraria la valoración probatoria efectuada por los accionados; a través de la acción constitucional, el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la valoración probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. Esta Corporación ha sido constante en sostener que la función del juez de tutela no es la de invadir la órbita de competencia del juez natural del proceso, cuando en virtud de su facultad de libre apreciación toma una decisión, pues ello resultaría contrario a la seguridad jurídica del estado de Derecho.

En lo que respecta a las supuestas represalias por parte de los accionados contra el quejoso y su apoderado, no existe prueba alguna tendiente a demostrar estos hechos. Las breves consideraciones anteriores permiten concluir la improcedencia de la presente acción, razón por la cual se denegará el amparo solicitado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia. SEGUNDO.- NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 3o del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria ACLARACIÓN DE VOTO Tutela 19000 Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito expresar que si bien comparto la decisión en el presente asunto, discrepo de las consideraciones adoptadas para ello, pues, en mi sentir, como lo venía sosteniendo unánimemente esta Sala de Casación, no procede la tutela contra decisiones judiciales, por no ser dable mediante esta acción injerirse en la órbita de competencia de otras autoridades judiciales, ni invalidar los efectos de sus providencias; además, porque esa posibilidad no cuenta con un respaldo normativo expreso e iría en contra de los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial.

Lo precedente se halla fundamentado, esencialmente: a) en que la Constitución Política no previó expresamente la acción de tutela contra decisiones judiciales y sólo mencionó y reguló tal posibilidad en los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, disposiciones que, a la postre, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional bajo el argumento de constituir un exabrupto jurídico el aceptar tal clase de amparo (Sentencia C-543/92), soportes supralegal, legal y jurisprudencial que conservan toda su vigencia; b) la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada indudablemente hacen parte del debido proceso regulado en el artículo 29 de la Constitución, por ello los ciudadanos que acuden al órgano jurisdiccional y se someten a las reglas de los procesos, competencias preestablecidas y decisiones proferidas por el juez natural, no pueden ser sorprendidos en su buena fe al reabrirse el debate indefinidamente, ante un juez, en la mayoría de los casos, no especializado y con el mismo margen de falibilidad como seres humanos; y c) porque sabido es que ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho — non bis in idem --, máxime que constituye principio rector en el Estado Social de Derecho que el juez de conocimiento debe velar por la guarda de los derechos fundamentales.

En estos breves términos dejo expresada mi aclaración de voto. Fecha ut supra ISAURA VARGAS DIAZ 7