CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil uno (2001). Ref: Exp. No. T- 1500122130002001-0357-01 Sería del caso entrar a desatar la impugnación propuesta por el señor ALBERTO GARCIA GOMEZ, dentro de la acción de tutela promovida por él en contra del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA, sino fuera porque se observa que en la primera instancia surtida ante la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, se incurrió en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse.
ANTECEDENTES 1. El señor Alberto García Gómez, actuando en nombre propio y en representación de Cointernacional Ltda., instauró acción de tutela para que mediante el amparo del derecho constitucional fundamental del debido proceso, se disponga dentro del proceso ejecutivo mixto que adelanta la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en contra de los accionantes, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, el levantamiento del embargo y secuestro de los bienes inmuebles, de conformidad con lo previsto en el numeral 7º del art. 687 del C. de P.C., limitando dicha medida preventiva a los bienes que real y efectivamente pertenecen a los demandados; amén del decreto y la práctica de las pruebas oportunamente solicitadas y la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que se aceptó la acumulación de una nueva demanda propuesta por el apoderado de la parte actora a favor de un tercero. También se pretende la declaratoria de nulidad de todo lo actuado por haberse pretermitido la práctica de pruebas y los alegatos de conclusión. 2.
Por auto del 25 de julio de 2001, el a quo admitió la solicitud de tutela, decisión que ordenó poner en conocimiento de la funcionaria judicial accionada, de los Magistrados que conocieron en segunda instancia del proceso ejecutivo en cuestión, de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y de los demandantes, (fl. 21, c.1). CONSIDERACIONES 1.
El debido proceso constituye un conjunto de garantías fundamentales, de acuerdo a las cuales nadie puede ser juzgado o investigado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas en su contra, conjunto de garantías que por su cardinal importancia están consagradas como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política. 2.
La acción de tutela como proceso judicial de defensa de los derechos superiores, no obstante caracterizarse por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se contempla la obligación de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por así ordenarlo los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, mandato que cobra mayor relevancia cuando se trata de informar sobre la iniciación del trámite, y que cobija al tercero con un interés legítimo en el resultado del proceso, debido a que esa es la oportunidad para que esos sujetos ejerzan su derecho de defensa.
Sobre el tema se ha dicho: “Una vez formulada la petición de tutela debe iniciarse el procedimiento correspondiente y el juez debe buscar - con miras a la garantía del debido proceso - que se notifique, acerca de la acción instaurada, aquel contra quien se endereza. Así lo ha dispuesto el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 16 ( ). “El objeto de tal notificación es el de asegurar la defensa de la autoridad o del particular contra quien actúa el peticionario y la protección procesal de los intereses de terceros que puedan verse afectados con la decisión. “En cuanto alude específicamente a la persona sindicada de violar o amenazar derechos fundamentales, debe tener la oportunidad de dar sus razones e inclusive de desvirtuar lo afirmado en su contra”.
(El destacado no es original). Criterio que posteriormente fue retomado por la misma fuente, así: “ Es cierto que en tratándose de la acción de tutela, no existe una norma expresa que ordene la notificación de las providencias judiciales a los terceros con interés legítimo en el resultado del proceso; pero nuestra Carta Fundamental, en su artículo 2, consagra como uno de los principios y fines esenciales del Estado: ‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan ’.
A su turno, y específicamente en lo relativo al trámite de la acción de tutela, los artículos 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991 contemplan: el primero, que ‘quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud’.
Y el segundo, que ‘las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz’. “Estas normas son suficientes para que el juez, como autoridad de la República encargada de velar por la protección de los derechos fundamentales de los asociados - artículo 2º.-, garantice a los terceros determinados o determinables, con interés legítimo en un proceso, su derecho a la defensa mediante la comunicación, a los mismos, de las providencias que se dicten en el trámite de la tutela.
Así, ellos pueden intervenir oportunamente en el proceso aportando las pruebas y controvirtiendo las que se presenten en su contra para hacer efectivo el derecho fundamental al debido proceso - artículo 29 Superior“. 3. La irregularidad consistente en no vincular debidamente al proceso a la autoridad sindicada de violar derechos constitucionales fundamentales, está contemplada por la ley como causal de nulidad en el numeral 9º. del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, preceptiva que resulta aplicable a la acción de tutela en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º. del Decreto 306 de 1992. 4.
En el caso concreto, si bien es cierto la demanda se enfila de manera exclusiva en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, tanto de los argumentos fácticos que sirven de fundamento a la solicitud de tutela como de las pretensiones formuladas, se establece sin ningún esfuerzo, que de salir avante la acción de tutela podrían resultar afectados los intereses del señor JOSE HUMBERTO SALAMANCA CORREDOR, quien funge como demandante en el proceso ejecutivo acumulado al ejecutivo mixto a que alude el actor y en cuyo favor también se ordenó seguir adelante la ejecución (fls. 155 al 158, c. principal de copias), decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja mediante sentencia de 1º. de diciembre de 2000 (fls. 19 al 29, c. No. 7 de copias). 5.
Por tanto, como la persona mencionada no fue vinculada al presente trámite, lo cierto es que se le vulneró su derecho de defensa y contradicción, generándose así la nulidad de lo actuado a partir del auto que imprimió trámite a la tutela, vicio no saneado y que, por ende, se declarará, para que el Tribunal cumpla con la formalidad omitida.
Por lo demás, su vinculación en esta instancia no resulta procedente, porque de hacerlo se incurriría en otra causal de nulidad, insaneable por cierto, cual sería la pretermisión total de la instancia anterior (Art. 140 numeral 3º. del C. de P. Civil). DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a partir del auto que ordenó darle trámite a la misma. Segundo: En consecuencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal de origen, para que se reponga la actuación, procurándose la notificación oportuna del señor JOSE HUMBERTO SALAMANCA CORREDOR, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Ofíciese.
Tercero: Comuníquese lo aquí resuelto a las partes mediante telegrama.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Magistrado. � Corte Constitucional, Sentencia T-293 de 1994. � Auto 001 de 1996. 9 8 JFRG. Exp. 1500122130002001-0357-01