CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008) EXP.: 11001-22-03-000-2008-01135-01 Sería del caso entrar a desatar la impugnación propuesta por DIEGO ALEJANDRO MILLÁN VELOZA dentro de la acción de tutela promovida por éste contra LA POLICÍA NACIONAL, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD y ACEROS DIACO S.A., sino fuera porque se observa que en la primera instancia surtida ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se incurrió en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse:

ANTECEDENTES 1. Según el actor los accionados le vulneraron los derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la propiedad y al mínimo vital al negarle la chatarrización de un vehículo de su propiedad, porque “ existe una solicitud de embargo radicada en la DIJIN, mediante oficio del 15 de junio de 2006 por el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL.” 2.

Por auto del 17 de julio de 2008 el a quo admitió la solicitud de tutela, decisión que ordenó notificar a los organismos demandados. CONSIDERACIONES 1. El debido proceso constituye un conjunto de garantías fundamentales, de acuerdo con las cuales nadie puede ser juzgado o investigado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas en su contra, conjunto de garantías que por su cardinal importancia están consagradas como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política. 2.

La acción de tutela como proceso judicial de defensa de los derechos superiores, no obstante caracterizarse por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las cuales se contempla la obligación de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por así ordenarlo los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, mandato que cobra mayor relevancia cuando se trata de informar sobre la iniciación del trámite. 3.

La irregularidad consistente en no vincular al proceso al Instituto de Seguros Sociales, está contemplada por la ley como causal de nulidad en el numeral 9º del artículo 140 del Códico de Procedimiento Civil, preceptiva que resulta aplicable a la acción de tutela en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto 306 de 1992. 4. En el caso concreto, si bien es cierto la acción de tutela se enfila de manera exclusiva contra La Policía Nacional, La Secretaría de Movilidad y Aceros Diaco S.A., también lo es, que en los argumentos fácticos que sirven de sustento a la petición de amparo constitucional se hacen imputaciones contra el Instituto de Seguro Social toda vez que se afirma que su presunta negligencia en el trámite de una medida cautelar está afectando los derechos del accionante. 5.

Por tanto, como a este amparo no fue vinculado el referido Instituto, lo cierto es que se le vulneró su derecho de contradicción pues por las irregularidades que se le endilgan, indiscutiblemente, deberá rendir un informe detallado de la situación, generándose así la nulidad de lo actuado a partir del auto que imprimió trámite a la tutela, vicio no saneado y, que por ende, se declarará, para que el a quo cumpla con la formalidad omitida.

Por lo demás, su vinculación en esta instancia no resulta procedente, porque de hacerlo se incurriría en otra causal de nulidad, insaneable por cierto, cual rería la pretermisión total de la instancia anterior (art. 140 numeral 3º. del C. de P. Civil). DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a partir del auto que ordenó darle trámite a la misma. Segundo: En consecuencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal de origen, para que se reponga la actuación, procurándose la notificación oportuna del Instituto de Seguro Social, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Ofíciese.

Tercero: Comuníquese lo así resuelto al Tribunal de origen y a las partes mediante telegrama.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Magistrado PAGE 4 EXP.: 2008-01135-01