CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) Ref: Exp. No. T - 11001-22-03-000-2008-00409-01 Sería del caso entrar a resolver la impugnación presentada por CARLOS y WENCESLAO GUERRERO CASTILLO contra la sentencia que desató la acción de tutela por ellos promovida contra el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad y la Inspección Tercera C Distrital de Policía; sin embargo, se advierte que en el trámite agotado ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se incurrió en causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como a continuación se destaca.

Si bien es cierto que el amparo constitucional se impetró frente a los dos accionados mencionados, no lo es menos que contra el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito no existe una concreta acusación, puesto que la queja constitucional radica en que la Inspección accionada no tuvo en cuenta, en el momento de llevar a cabo la diligencia de entrega ordenada en el proceso divisorio de María Fanny Guerrero contra Juan Vicente Mariño y otra, las normas que regulan ese tipo de actuaciones.

De modo que no puede asumirse que por el simple hecho de accionar contra el juzgado, se torna competente un determinado funcionario judicial, pues en cuanto no se le atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a este trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo se encuentra comprometido con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria.

Entonces si en el presente asunto que ocupa la atención de la Corte, la queja no compromete de manera directa y específica al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito, habida cuenta que nada tiene que ver con las supuestas irregularidades acaecidas el día 8 de junio de 2007, fecha en que se realizó la diligencia de entrega aludida, cumple advertir que se incurrió en vicio procesal.

Por lo tanto como los hechos de la presente acción únicamente involucran a la Inspección Tercera C Distrital de Policía, autoridad pública del orden distrital, luego, es claro que conforme a lo reglado por el artículo 1º, numeral 1º, inciso 3º del Decreto 1382 de 2000, el Tribunal referido, que conoció del asunto, carecía de competencia para adelantar y desatar dicho amparo, habida cuenta que el precepto mencionado le asignó esa facultad, a los Jueces Municipales.

Dicha situación desemboca en la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del estatuto procesal civil, preceptiva aplicable al trámite de la acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que estableció que en la interpretación de las disposiciones que regulan ese especial proceso se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sea contrario a esa normatividad.

En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del libelo de tutela, inclusive, y se dispondrá la remisión del expediente a los Juzgados Municipales de Bogotá (reparto), por ser la autoridad competente para conocer de la presente acción, en primera instancia. DECISIÓN De acuerdo con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción de tutela impetrada por CARLOS y WENCESLAO GUERRERO CASTILLO contra el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad y la Inspección Tercera C Distrital de Policía, a partir del auto que ordenó darle trámite a la misma, inclusive. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados Municipales de Bogotá (reparto), para lo de su competencia. Ofíciese.

SEGUNDO: Comuníquese lo así resuelto al Tribunal de origen y a las partes mediante telegrama. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Magistrado PAGE 4 J.A.A.P. T. No. 11001-22-03-000-2008-00409-01