CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil cinco (2005) Ref: 1100122030002005-01024-01 Decídese la impugnación formulada de cara a la sentencia proferida el pasado 28 de septiembre, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por WILLIAM ALBERTO CRUZ ALDANA contra el EJERCITO NACIONAL.

ANTECEDENTES El querellante, a través de apoderado especial, acusó a la referida autoridad de haberle vulnerado los derechos fundamentales a la vida y al trabajo, de acuerdo con los relatos que la Sala compendia de la siguiente manera: A. En óptimo estado de salud se incorporó al organismo acusado y comenzó a formar parte del Batallón Colombia que operaba en zona rural del Departamento, pero “de un momento a otro comenzó a padecer algunos desmayos, seguidos de convulsiones” que terminaban con “somnolencia profunda” (fl. 20).

B. Por ello lo remitieron al Batallón de Sanidad, en orden a someterlo a tratamientos por parte del neurólogo; ortopedista y psiquiatra. C. Como no compartió el concepto que emitió La junta médica laboral, solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar que, por unanimidad, ratificó las conclusiones que conducían a su “retiro” de la institución, ya que “no era apto para actividad militar” (fl. 23).

D. Que ese proceder le vulnera sus garantías, en cuanto que “es la única ocupación que sabe desempeñar” y que de sus ingresos depende su familia integrada “por su madre y sus tres hermanos menores de edad”. 2. Pidió entonces ordenar su “reintegro” a dicha fuerza, acorde con su “nueva capacidad laboral, dado que al momento de su vinculación “gozaba de un óptimo estado de salud”.

EL FALLO IMPUGNADO El Tribunal, luego de aludir a la naturaleza jurídica de la acción propuesta, denegó la protección incoada apoyado en que lo pretendido alude a “desquiciar los efectos de la resolución por cuya virtud fue retirado del servicio, lo que constituye típica acción ante la jurisdicción contencioso administrativo” (fl. 33), tanto más cuanto que no existe sustrato probatorio que permita advertir que este afectado el mínimo vital del quejoso.

LA IMPUGNACION Imploró revocar el fallo para que se conceda el amparo, en cuanto que es evidente la injusticia cometida. Que como cabeza de su hogar, debe responder por el sustento de la familia y el procedimiento laboral administrativo “es lento, muy lento” (fl. 44). CONSIDERACIONES 1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violación. Relativo al debido proceso, se ha dicho, repetidamente, que el mismo se quebranta cuando quiera la actuación del funcionario desemboca en un proceder claramente opuesto a la ley, que traduce una vía de hecho, siempre que el interesado no cuente con otro medio de protección judicial. 2.

En el caso que se analiza con prontitud se advierte que las acusaciones presentadas por la quejosa desembocan, sin duda, en la hipótesis de improcedencia de que trata el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Estriba la precedente conclusión en que si la protesta formulada refiere, como lo historió el Tribunal, a las determinaciones adoptadas por los organismos acusados que llevaron a emitir la “ORDEN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL No. 001180 de fecha 17-AGO-05” que lo retiró del servicio activo” (fl. 18), se infiere que del pretendido análisis no puede ocuparse el Juez de tutela.

Lo que se acaba de exponer radica en que, repetidamente lo ha dicho la Corte, por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a través de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experimentó la situación que generó lo resuelto por la administración y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparación directa a que hubiere lugar.

Teniendo, entonces, otro instrumento idóneo de defensa judicial, con facilidad se comprueba la necesidad de negar el amparo constitucional impetrado, puesto que de otra manera se desnaturalizaría su carácter especial, circunstancia que choca con los dictados de la doctrina en la materia, en cuanto que, bien se sabe, la tutela es un mecanismo de “carácter eminentemente subsidiario o residual, en virtud del cual sólo resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial” (sentencia del 24 de agosto de 1999, exp. 6921).

Recuérdase que en situaciones como la acaecida, orientada al análisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad “corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposición la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no sólo la anulación del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profiera, sino el reestablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acción” (sentencia del 10 de mayo de 2000, exp. 1030).

Ahora bien, tampoco puede dispensarse amparo transitorio, dado que nada se atestó, tampoco se acreditó, en torno a las circunstancias que le abren paso a la protección de ese linaje, lo que corrobora, como es obvio y natural, el fracaso de esa especial modalidad de amparo, ya que “El hecho de que el actor tenga la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de lograr la anulación del acto administrativo mediante el cual presuntamente se le violan sus derechos fundamentales, permite concluir que no se cumplen los elementos determinantes del perjuicio irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acción como mecanismo transitorio; así, la utilización de los mecanismos de defensa judicial al servicio de la interesada, hace que no exista el perjuicio irremediable.

Además, dentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, la peticionaria tiene la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto que presuntamente vulnera sus derechos, con lo cual se desvirtúa también la inminencia del perjuicio”. (Corte Const., sent. T-415/95). De suerte que no existiendo evidencia manifiesta acerca de la presencia del perjuicio irremediable, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que sólo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela, se desprende la no prosperidad del amparo impetrado en aquélla puntual modalidad. 3.

Se confirmará, entonces, la sentencia pronunciada para desatar la acción de tutela referida. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela referenciada Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO CESAR JULIO VALENCIA COPETE � Corte Constitucional. Sentencias T-225 de 1993, T-435 de 1994, T-197, T-267 y T-556 de 1996, entre otras. PAGE 6 C.I.J.J. Exp. 01024-01