CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: William Namén Vargas Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011) Discutido y aprobado en sesión de veintidós (22) de junio de dos mil once (2011) REF.: 11001-02-04-000-2011-01074-01 Se resuelve la impugnación al fallo de 26 de mayo de 2011, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela de Jhon Fredy Bonilla Malaver contra la Fiscalía 336 Delegada de la Unidad Cuarta Local y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proceso al que se vinculó al Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogotá con funciones de conocimiento.

ANTECEDENTES 1. El peticionario invoca protección de sus derechos fundamentales, pues considera que han sido quebrantados en el curso del proceso penal que se le siguió por el delito de lesiones personales (rad. 2007-08051). 2. El gestor del amparo narra que contra él se siguió un proceso penal por el delito de lesiones personales, como consecuencia de los acontecimientos sucedidos los días 27 y 29 de julio de 2007.

En su extenso escrito de tutela realiza una valoración detallada de las versiones de cada uno de los testigos y pruebas del expediente, de los cuales deduce que “ reina un mar de incertidumbre de la forma como acaecieron los hechos ”. Si bien en primera instancia el fallo fue absolutorio, el 17 de febrero de 2011 el Tribunal Superior de Bogotá desató el recurso de apelación, revocando la sentencia del a quo y condenando al actor a la pena de 2 años y 8 meses de prisión y multa de 34,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por las lesiones causadas a Jhon Fredy Arellano Fajardo.

Considera que de la valoración de las pruebas no puede determinarse con certeza la forma en que ocurrieron los hechos que sirvieron de fundamento a la condena, y entonces, debía aplicarse el principio del in dubio pro reo. 3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la tutela, notificó a las autoridades requeridas y vinculó al Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogotá con funciones de conocimiento, quienes intervinieron en la oportunidad fijada para el efecto.

LA SENTENCIA RECURRIDA La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedió a la tutela invocada, porque existía otro mecanismo judicial para reclamar la defensa de sus derechos. LA IMPUGNACIÓN El peticionario impugnó el fallo reiterando los argumentos de su solicitud inicial. Resaltó los errores procesales cometidos dentro de la causa penal y cuestionó la gestión de su defensor.

CONSIDERACIONES Por tratarse de un mecanismo excepcional para proteger derechos constitucionales fundamentales, la tutela se caracteriza por ser un remedio residual. En consecuencia, sólo se puede acudir a ella cuando se carezca de otros medios de defensa, y no cuando no se haya acudido a ellos. Quien ahora acude a la tutela, considera que se le han vulnerado sus garantías fundamentales debido a la valoración probatoria realizada en el proceso penal adelantado en su contra por el delito de lesiones personales, y a raíz el cual se le impuso una condena.

No obstante, este tipo de cuestiones debieron ser propuestas en oportunidad mediante el recurso extraordinario de casación, de acuerdo con lo expresado por el artículo 180 y siguientes de la Ley 906 de 2004, circunstancia que no aparece acreditada en el proceso. Lo mismo puede decirse de los reparos formulados, en el escrito de impugnación, al procedimiento seguido en el proceso penal.

En cuanto a los cuestionamientos a la gestión profesional de su representante judicial, baste sólo reiterar que la incuria, en caso de existir, es una cuestión de responsabilidad del defensor, que escapa del conocimiento del juez de tutela. En los anteriores términos, se confirmará el fallo de primera instancia que denegó la tutela. DECISIÓN Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión. EDGARDO VILLAMIL PORTILLA JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR RUTH MARINA DÍAZ RUEDA FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA WILLIAM NAMÉN VARGAS ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ � Ver entre muchas otras, las sentencias de 22 de febrero de 2010, Exp. 76001-22-03-000-2009-00429-01 y 11001-22-03-000-2009-01902-01; y de 18 de febrero de 2010, Exp. 76001-22-03-000-2009-00430-01.

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