CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil ocho (2008) EXP.: 11001-02-04-000-2008-02888-01 1. De entrada se advierte, que en el trámite de la presente acción de tutela se ha incurrido en causal de nulidad, que debe ser corregida cuanto antes. 2.

Obsérvese que el señor José Alfonso Arévalo Rojas instauró el amparo constitucional frente a la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, porque no casó la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al interior del proceso por él adelantado contra la Empresa de Licores de Cundinamarca, con el propósito “ de obtener el reconocimiento y pago de la pensión convencional de despido de injusta causa ”.

La negativa de la Corte obedeció a que desestimó “ el tiempo de la licencia que me fue concedida en legal forma por el termino (sic) de sesenta (60) días” por parte de la empleadora, “ inobservando el ordenamiento superior de la primera preposición del numeral – 4º- del Art. 51 del Código Sustantivo del Trabajo ”. La Sala de Casación Penal, por auto de 14 de noviembre de 2008 decidió avocar el conocimiento de la anterior solicitud y mediante fallo del día 27 del mismo mes y año, negarla por improcedente, toda vez que “ los planteamientos hoy propuestos por el actor ya fueron objeto de análisis por los jueces constitucionales y no es viable intentar una nueva acción con similar propósito.” Sin lugar a sanción, por no evidenciar mala fe en la conducta del gestor.

Así las cosas, emerge que el anterior amparo constitucional no era susceptible de admisión, trámite y decisión teniendo en cuenta que esta Sala, de forma reiterada, ha considerado “ que son de jerarquía constitucional los postulados según los cuales, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria (artículo 234); la autonomía funcional de los jueces, conforme con la cual éstos en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley y sus decisiones son independientes (artículos 228 y 230); el acceso a la administración de justicia (artículo 229); que el debido proceso se debe aplicar en todas las actuaciones judiciales y administrativas (artículo 29); la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII); la preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) etc., postulados éstos que suponen el establecimiento a nivel constitucional, de unos lineamientos que colocan a la Corte Suprema como responsable de una función judicial específica cuyo ejercicio y resguardo implica, el respeto mismo a la Carta Política, por lo que al ejercer sus funciones, está garantizando el desarrollo del orden jurídico impuesto por la Constitución que la estableció como órgano límite, no por un simple acto de imposición formal, sino porque en un orden jerárquico, todo proceso debe tener un final y ese fue el establecido en la Carta al darle efecto de intangibles a las determinaciones de la Corte Suprema”.

“En este orden de ideas, debe entenderse que con sus sentencias se desarrolla el postulado de defensa de los derechos fundamentales, pues no es concebible la colisión que representaría que una resolución final, según la propia Constitución, pudiera ser variada bajo el supuesto de su oposición a un derecho fundamental”. “3. Dentro de ese contexto resulta claro, que al ser la Corte Suprema de Justicia el órgano límite de la jurisdicción ordinaria, ninguna autoridad está facultada para alterar la condición inmutable de que están revestidas sus decisiones, luego mal pueden quedar sujetas a un nuevo examen por vía de tutela así sea éste efectuado por ella misma ”. 3.

Bajo la anterior perspectiva, era imperioso no sólo no avocar conocimiento del asunto sino también no remitirlo a revisión de la Corte Constitucional, por no ser factible decidir el fondo del mismo. 4. En ese orden de ideas, la Sala de Casación Penal carecía de competencia para definir el presente amparo de tutela dado que, como ya se dijo, está dirigido contra un pronunciamiento proferido por la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, situación que deja al descubierto un vicio que genera nulidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral el numeral 2º del artículo 140 del estatuto procesal civil, preceptiva aplicable al trámite de la acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que estableció que en la interpretación de las disposiciones que regulan ese especial proceso se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sea contrario a esa puntual normatividad. 5.

En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del libelo de tutela, inclusive, y, en su lugar, se rechazara de plano, por ser palmariamente improcedente. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE

Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente acción, a partir del auto que ordenó darle trámite a la misma, inclusive. Segundo: Rechazar de plano la solicitud de tutela impetrada por JOSÉ ALFONSO ARÉVALO ROJAS por improcedente, en consecuencia, devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose. Tercero: Comuníquese lo así resuelto al interesado, mediante telegrama.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Magistrado PAGE 4 EXP.: 2008-02888-01