CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012).- (discutido y aprobado en Sala de 12 de diciembre de 2012). Ref.: 1100102030002012-02824-00 La Corte decide la acción de tutela interpuesta por los señores ANA ELVIA FAJARDO DE OVALLE y ÁLVARO OVALLE FORERO contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

ANTECEDENTES 1. Por conducto de apoderado especial, los accionantes presentan acción de tutela contra la Corporación judicial arriba mencionada, con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estiman vulnerados dentro del proceso de pertenencia que ellos iniciaron contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y “terceros indeterminados”. 2.

Con el fin de dar fundamento a la protección solicitada, los peticionarios manifiestan que en las referidas diligencias, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá emitió sentencia estimatoria de las pretensiones con sustento en los testimonios recepcionados y en la inspección judicial allí practicada, providencia con la que declaró que los accionantes habían adquirido por prescripción extraordinaria el dominio del bien inmueble objeto del litigio.

Señalan que el Tribunal accionado al resolver el recurso de apelación planteado por el ICBF, revocó el fallo de primer grado y denegó las peticiones de la demanda. Agregan que en esa providencia existió una indebida valoración probatoria, pues se tuvo a los actores como meros tenedores del bien, cuando se demostró que han residido en el predio más de 25 años, ejerciendo actos de señor y dueño. Advierten que en su contra se inició un proceso de restitución de inmueble arrendado con el que se pretende “LANZARLOS A LA CALLE”, pese a que son personas de la tercera edad “HUMILDES EN EXTREMO [y] ENFERMOS” (fls. 2 al 11). 3.

Como consecuencia de lo anteriormente relatado, solicitan que se revoque la providencia dictada por la autoridad jurisdiccional acusada. CONSIDERACIONES 1. La acción de tutela, ya se ha dicho, es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

Tal instrumento de protección, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, es de carácter residual y subsidiario porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tratándose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna aún mas excepcional, pues sólo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales. 2.

En el caso sometido a consideración de la Corte, se concluye que la pretensión formulada por los señores ANA ELVIA FAJARDO DE OVALLE y ÁLVARO OVALLE FORERO no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la petición de amparo incumple el requisito de inmediatez que caracteriza esta acción de naturaleza excepcional, pues de acuerdo con los soportes adosados al proceso de tutela la demanda de protección constitucional radicada el 3 de diciembre de 2012 (fl. 1) se dirige a cuestionar lo resuelto por el Tribunal demandado en la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2010 (fls. 14 al 24, cdno. 1), de donde se colige que han transcurrido más de dos (2) años desde que acaeció la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

La señalada circunstancia permite evidenciar que la aludida petición no se presentó oportunamente, dado que, como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia en la materia, aunque las normas legales que rigen el mecanismo tutelar no fijan un puntual lapso para su interposición, de acuerdo con los principios y criterios orientadores del mecanismo -urgencia, celeridad y eficacia, lo consecuente es que se actúe tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.

Recuerda la Corte que en relación con el indicado requisito, vale decir, con la oportunidad para presentar las acciones constitucionales orientadas a obtener la protección de un derecho fundamental, la Sala ha señalado que cuando la presunta vulneración de una de tales prerrogativas “…no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparad[a], en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.” “… Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (sent. de 2 de agosto de 2007, exp.

T. No. 00188 -01; se subraya). El indicado criterio la Corte lo ha reiterado en el sentido de señalar que “ en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legitima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas.

Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las señales que emite el ordenamiento jurídico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en función de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jurídicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional” (sentencia de 14 de septiembre de 2007, exp.

T. No. 01316)”. 3. Por lo expuesto en precedencia, se debe negar la protección constitucional demandada. DECISIÓN En mérito de lo indicado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ MARGARITA CABELLO BLANCO RUTH MARINA DÍAZ RUEDA ARIEL SALAZAR RAMIREZ ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ � Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991.

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