CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011). Discutido y aprobado en Sala de 4-05-2011 REF. Exp. T. No. 11001 02 03 000 2011 00781 -00 Se decide la acción de tutela promovida por Omar Osvaldo Villa Monsalve contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, integrada por los magistrados Ricardo León Carvajal Martínez, Luis Enrique Gil Marín y Sergio de Jesús Gómez Rodríguez.

EL RECLAMO CONSTITUCIONAL Y SU FUNDAMENTO 1. El peticionario demanda el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada al proferir la sentencia de 17 de septiembre de 2010, mediante la cual revocó la de primera instancia emitida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, dentro de la acción popular que incoara contra el Banco Popular S. A. 2.

Expone el accionante, en síntesis, que el juzgado de conocimiento profirió sentencia en la que declaró que la entidad demandada vulneró el derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano, sin contaminación visual. 3. Que el juzgador de segundo grado, a pesar de que en el proceso existía prueba de que el banco violó la Ley 140 de 1994 y el Decreto 1683 de 2003, revocó tal determinación. 4.

Que sí el Tribunal, al momento de dictar el fallo, tenía “ una duda razonable, entorno (sic) a que no basta con la violación a ley ambiental para amenazar o crear el daño contingente al derecho al medio ambiente ”, debió ordenar, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, los estudios pertinentes con miras a establecer la naturaleza del perjuicio y las medidas necesarias para mitigarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, inciso cuarto, de la Ley 472 de 1998. 5.

Que la decisión adoptada por la Corporación accionada desconoce sus mismos precedentes y los del Consejo de Estado en los que se reconoce dicha afectación por la instalación de publicidad exterior. 6. Solicita que se anule el fallo censurado. 7. La queja fue inicialmente repartida, por la Secretaría General, a la Sala de Casación Laboral, la cual, mediante proveído de 4 de abril de 2011, decidió remitir el expediente por competencia a esta Sala por ser el superior funcional de la autoridad judicial acusada.

CONSIDERACIONES Advierte la Corte que el amparo solicitado resulta improcedente, habida cuenta que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el Tribunal profirió la sentencia censurada -17 de septiembre de 2010-, sin que el actor hubiese aducido ninguna razón que justificara la demora en promover la acción, petición que solamente vino a elevar el 28 de marzo del año en curso; así las cosas, es claro que no puede acudir a este medio de protección para invocar la vulneración de sus derechos, pues, pese a que no existe término de caducidad para suplicar la tutela, sí se impone reclamarla dentro de un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su razón de ser que no es otra que la protección inmediata de los derechos fundamentales de la persona.

Sobre esta materia la Sala, puntualizó que “ en efecto, a pesar de la desaparición del término de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 había señalado para ejercer la acción de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido ‘que si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política’.

Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública.

(Sentencia T-797/02 de 26 de septiembre de 2002). “Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Política señala como finalidad del ejercicio de esta acción, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente ( ) “Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante ” (sentencia 2 de agosto de 2007, exp.

T. No. 00188 -01). Y, en sentencia de 14 de septiembre de 2007, señaló que “ en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legitima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas.

Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las señales que emite el ordenamiento jurídico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en función de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jurídicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional ”.

De acuerdo con lo discurrido, la Corte negará la acción de tutela impetrada. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. EDGARDO VILLAMIL PORTILLA JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR RUTH MARINA DÍAZ RUEDA FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA WILLIAM NAMÉN VARGAS ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ PAGE 6 POMC T- 2011 00781 -00