CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 74929 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2 MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ Magistrada ponente STP9967-2014 Radicación n° 74929 (Aprobado Acta No. 244) Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014).

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Decidir la acción de tutela instaurada, mediante apoderado, por CARLOS JUAN y JAIME LUIS OLIVELLA PAVAJEAU contra la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, a cuyo trámite fue vinculada la Fiscalía 33 Especializada adscrita a la Dirección Nacional para la Extinción de Dominio, así como las partes e intervinientes reconocidos en las actuaciones adelantadas por las dos autoridades referidas.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Según se desprende del trámite, el 22 de mayo de 2013 la Fiscalía 33 Especializada dictó resolución de inicio dentro del trámite de extinción de dominio respecto de los bienes de Hugues Manuel Rodríguez Cifuentes y su núcleo familiar. En dicha providencia, se indicó que varias personas, incluyendo a CARLOS JUAN y JAIME LUIS OLIVELLA PAVAJEAU (hijos de la esposa del ciudadano referido, con el cual no tienen vínculo consanguíneo ni adoptivo) se habían beneficiado de varias conductas ilícitas.

Los hermanos OLIVELLA PAVAJEAU denunciaron al titular de dicho despacho, por cuanto, en su criterio, cometió el punible de calumnia mediante la emisión del proveído en cita. Posteriormente, el 1º de abril de 2014, la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal de Bogotá ordenó el archivo de la investigación al encontrar que la conducta endilgada al indiciado carecía de tipicidad objetiva.

Luego presentaron un memorial, aunque no queda claro si se trata de un recurso de reposición o una solicitud de desarchivo. Ahora acuden ante la jurisdicción constitucional, deprecando la invalidez de este último pronunciamiento, que consideran violatorio de sus garantías superiores. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Con auto del 22 de julio del presente año, esta Sala asumió el conocimiento de la demanda de tutela y corrió el respectivo traslado a las autoridades aludidas y a las partes e intervinientes reconocidos en las dos actuaciones mencionadas.

Los dos despachos de la Fiscalía se opusieron al unísono a la prosperidad del amparo, debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Al tenor de lo normado en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 de 2000, es competente este juez colegiado de tutela por cuanto la acción involucra a la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando sean amenazados o vulnerados por la conducta activa u omisiva de las autoridades públicas o de los particulares.

Se caracteriza por ser un trámite subsidiario e informal que tiene lugar ante la ausencia de otro medio de defensa o su falta de idoneidad, o excepcionalmente para evitar un perjuicio irremediable. En el presente asunto se reprocha la orden de archivo dispuesta por la Fiscalía demandada respecto de la indagación en la cual los actores obran como denunciantes, pues en su criterio, quebranta sus prerrogativas de orden superior.

La Sala advierte que resulta innecesario pronunciarse de fondo sobre las censuras postuladas, dado que el accionante tiene a su alcance un mecanismo ordinario, expedito y eficaz, para satisfacer su pretensión. Al estudiar en abstracto el asunto, la Corte Constitucional, entre otros tópicos, estableció que frente al archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía General de la Nación, las presuntas víctimas cuentan con dos posibilidades: solicitar la reapertura de la investigación con fundamento en nuevos elementos probatorios o acudir ante los jueces con función de control de garantías para controvertir tal determinación. (Cfr. sentencia C - 1154 de 2005).

La existencia de un medio judicial como el descrito torna improcedente la solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, máxime cuando la parte actora no acreditó encontrarse frente a una evidente situación de perjuicio irremediable que haga forzosa la intervención transitoria del juez constitucional.

Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T – 578 de 2010, entre muchos otros pronunciamientos en el mismo sentido, lo siguiente: De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación para que proceda el amparo se requiere del agotamiento de todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado, salvo que la tutela se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese sentido, ha advertido que el amparo constitucional no se ha constituido como una instancia adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar  las omisiones o los errores cometidos al interior de un proceso. En otras palabras, la Corte ha sostenido que la acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario, ni puede ser estimado como último recurso de litigio.

Los precedentes razonamientos constituyen fundamento suficiente para negar, por improcedente, el amparo constitucional demandado. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1.

NEGAR la acción de tutela formulada por CARLOS JUAN y JAIME LUIS OLIVELLA PAVAJEAU, mediante apoderado, conforme a las razones expuestas en la motivación. 2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y Cúmplase, MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 1 PAGE 6