IMPUGNACIÓN Rad. 92439 VELERIO NIÑO ARCINIEGAS JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA Magistrado Ponente STP8531-2017 Radicación n.° 92439 (Aprobación Acta No.190) Bogotá. D.C., trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017) Decide la Sala la impugnación interpuesta por VALERIO NIÑO ARCINIEGAS contra el fallo proferido el 16 de marzo de 2017, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Trámite al cual fue vinculado el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito, de esa misma ciudad.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia: El accionante promovió el mecanismo de amparo que ocupa la atención de la Sala, con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana, los cuales, en su criterio, le fueron transgredidos por la corporación accionada, durante el trámite del proceso ordinario laboral número 11001310502420150092000, en el que obró como demandante.
Refirió, para respaldar su petición, que promovió demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el fin de que le fuera reconocido el incremento pensional del catorce por ciento por cónyuge a cargo; que la citada demanda fue asignada por reparto al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, bajo el número de radicado 1100131050242015009200; que dicho despacho judicial, mediante proveído de 2 de noviembre de 2016, absolvió a la demandada de todas la pretensiones incoadas en su contra; que, «por vía de apelación», la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá confirmó íntegramente la decisión de primer grado, mediante sentencia de fecha 7 de diciembre de 2016.
Afirmó que, con la decisión mencionada, el Tribunal Superior de Bogotá vulneró sus garantías superiores, en atención a que aplicó la prescripción de los incrementos pensionales del catorce por ciento (14 %) por cónyuge a cargo que legalmente le correspondían, sin advertir que dicho medio exceptivo no procedía respecto del concepto reclamado, de acuerdo con el precedente sentado en tal materia por la Corte Constitucional, cuya aplicación le resultaba favorable.
Pidió, en consecuencia que, tras ordenarle la protección de sus derechos, se dejara sin efecto alguno la decisión reprochada y, en su lugar, se ordenara al Tribunal que profiriera una decisión de reemplazo «acorde con los lineamientos constitucionales en relación con los principios constitucionales». EL FALLO IMPUGNADO La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegó la protección deprecada, al considerar que las providencias cuestionadas se apoyan en un adecuado análisis de la situación fáctica, sustentada en argumentos plausibles y razonables, que no riñen con la sana lógica ni pueden considerarse lesivos de garantías constitucionales.
LA IMPUGNACIÓN El accionante recurrió la anterior decisión e insistió en que los demandados desconocieron el derecho que le asiste a obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a cargo. Señaló que en los fallos cuestionados no se siguieron los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional acerca de la imprescriptibilidad de dicho factor, con lo que se vulneró el principio de favorabilidad, en tanto se debió optarse por la interpretación legal que resultaba más benéfica al pensionado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.
Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta ”. -C-590 de 2005-. 2. La Sala reitera el criterio jurisprudencial según el cual, incumbe, a quien ejercita la acción constitucional, no solo conformarse con realizar exposiciones aisladas de argumentos que cuestionen la validez de las providencias atacadas, sino también demostrar de forma irrefutable que las mismas solo están envueltas en un manto de legalidad, mas en el fondo no son otra cosa que la expresión arbitraria o ilegal de la judicatura, disfrazada de declaración de justicia. En este mismo sentido en la sentencia T-462 de 2003, la Corte Constitucional señaló que solo es procedente la acción de tutela cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.” Por ello, cuando las censuras recaen sobre la forma en que los jueces de instancia aplicaron el derecho como ocurre en el sub júdice, se debe tener en cuenta que la tutela no es el instrumento idóneo para efectos de debatir la interpretación o aplicación normativa que la autoridad jurisdiccional vertió en la resolución del asunto, así la del afectado e incluso la del mismo juez de tutela, resulten razonables, pues hasta tanto la del primero posea cierto grado de fundamentación, el artículo 228 de la Constitución Política, que consagra los principios de autonomía e independencia judicial, obligan a respetarla.
Análisis del caso concreto 1. En la demanda se discute la supuesta irregularidad existente en las providencias proferidas el 2 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente, mediante las cuales se declaró probada la excepción de prescripción respecto del incremento pensional solicitado por el demandante, con ocasión del proceso ordinario laboral que instauró contra la Administradora Colombiana de Pensiones. 2.
En el caso particular se tiene que el accionante promovió proceso ordinario laboral en contra de COLPENSIONES, pretendiendo que la mesada le fuera incrementada retroactivamente en un 14 %, por tener a cargo a su cónyuge no pensionada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá negó el pago de dicha prestación. Decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior, de esa misma ciudad, por cuanto había operado el fenómeno de prescripción para solicitar el pago de tales sumas de dinero.
Al respecto, la última autoridad demandada explicó: Así entonces, de la documental militante en el plenario se evidencia que la pensión de vejez le fue reconocida al demandante mediante Resolución No. 025057 de octubre de 2003 (folio 8), notificada personalmente el 15 de diciembre de esa anualidad, que para dicha fecha ya existía la dependencia económica de la señora Clemencia Vivas De Niño, y como el demandante solicitó el reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a cargo ante Colpensiones el 28 de septiembre de 2015 (fls. 9 a 129, evidencia la Sala que el término con el cual contaba el accionante para reclamar esta prestación ya había vencido, aunado a que la demanda ordinaria laboral fue radicada en la oficina de reparto el día 29 de octubre de 2015, como da cuenta de ello la documental a folio 19.
De esta manera, de los argumentos expuestos y la jurisprudencia seguida, es viable concluir, que la excepción de prescripción está llamada a prosperar, por lo que deberá la Sala confirmar la sentencia apelada, sin que se trate del desconocimiento de un precedente o de la jursirprudencia por extensión proferida por la H. Corte Constitucional, por cuanto el criterio adoctrinado por la H. Corte Suprema de Justicia se fundamenta en argumentos y motivaciones jurídicas totalmente disímiles. 3.
La Corte no encuentra en esas determinaciones visos de capricho o fundamento inconstitucional: en primer lugar, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el precedente de imprescriptibilidad en materia pensional no se desconoce cuando deja de ser aplicado al incremento pensional del 14 % por cónyuge o compañera permanente a cargo, pues se trata de una prestación que no está destinada a garantizar en forma vitalicia la subsistencia en condiciones dignas, ni es una acreencia ligada directamente con la protección del mínimo vital o de las garantías básicas que protege el Sistema General de Pensiones, tales como la vejez o la invalidez, por lo que se extinguen por el paso del tiempo.
En ese orden de ideas, no resulta arbitrario que se haya considerado que a pesar de que los incrementos nacen del reconocimiento de la prestación, estos no forman parte integrante de la pensión, ni del estado jurídico de los pensionados. Lo anterior no solamente encuentra respaldo legal -pues la ley considera que los incrementos son una prerrogativa cuyo surgimiento no es automático sino condicionado al cumplimiento de unos requisitos que pueden presentarse o no-, sino que es la postura actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien es el juez encargado de establecer las pautas de interpretación y aplicación de la normatividad legal en lo que concierne a los asuntos y conflictos laborales; incluso, ha sido recogida en algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, quien no tiene una posición unánime sobre el particular.
Al respecto, en sentencia T-038 de 2016, esa Corporación expuso que: (…) no es posible aseverar que el juzgado accionado haya desconocido el “precedente” constitucional fijado en las Sentencias T-217 de 2013 y T-831 de 2014, por haber declarado probada la excepción de prescripción del incremento pensional del 14%, toda vez que, ante la ausencia de un precedente concordante y uniforme o, una jurisprudencia en vigor vinculante, el juzgado adoptó la decisión, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, con base en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual sostiene una tesis que ha sido compartida, en términos generales, por algunas de las Salas de Revisión de este tribunal (Sentencias T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-123 y T-541 del 2015).
De este modo, no es razón suficiente para declarar el defecto aludido, el hecho de que el juez accionado haya resuelto el caso conforme a una de las posiciones adoptadas por las Salas de Revisión. En este punto, es menester precisar que si bien es cierto el precedente constitucional tiene un carácter preponderante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en tanto, “tiene la fuerza de instituir interpretaciones que ciñan la aplicación del ordenamiento legal a lo consagrado por la Carta Política” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-038-16.htm" \l "_ftn52" \o ""; también lo es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene fuerza de precedente y se encarga no solo de trazar unas directrices dentro de la respectiva jurisdicción (civil, penal, laboral), sino también de ofrecer una garantía de que las decisiones judiciales se basen en una interpretación razonable del marco legal establecido.
Esto, se convierte en una razón adicional para determinar que la providencia atacada no puede calificarse de irrazonable o arbitraria, en tanto, la razón de la decisión se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal de cierre de la Jurisdicción Laboral Ordinaria. Por ende, no es posible concluir que las autoridades judiciales que actuaron en desarrollo de los principios de independencia y autonomía propios de la actividad jurisdiccional, incurrieron en un desconocimiento del precedente constitucional, al tomar una decisión debidamente sustentada en una hermenéutica del derecho positivo, con mayor razón cuando las providencias judiciales cuestionadas siguen el precedente reiterado por la jurisdicción ordinaria. 4.
Debe recordarse que la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela, cuando éstos resultan afectados por la interpretación judicial, debe ser excepcionalísima y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan distintas interpretaciones, debe prevalecer la del juez de conocimiento, en aras de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial. 5.
Por todo lo anterior, y ante la inexistencia de vulneración alguna de derechos fundamentales, la Sala confirmará el fallo de primera instancia. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE CONFIRMAR el fallo impugnado.
NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � Fl.42 � Fls.42-46 � Fls.55-59 � Sentencias C-590 de 2005 y T-332 de 2006 � Ibídem � Fl. 43 � Sentencias T-791 de 2013, T-748 de 2015 y T-123 de 2015 � Sentencia T-703 de 2011 PAGE 2