CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Proceso de tutela JOSÉ FERNANDO GRAJALES GALVIS Radicación 73945 República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3 Magistrada Ponente PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR Aprobada acta número 179 STP7606 - 2014 Radicación 73945 Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil catorce (2014) Se pronuncia la Sala sobre la impugnación propuesta por JOSÉ FERNANDO GRAJALES GALVIS, contra el fallo proferido el 22 de abril de 2014 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta contra el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTIÓN de la citada ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 1. Mediante sentencia del 13 de febrero de 2004, el accionante fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia (Quindío), a la pena principal de 32 años y 6 meses de prisión, por el delito de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. [footnoteRef:1] [1: Folio 23. ] 2.

El demandante, presentó petición “(…) al área de juridica (sic) para que se me tramitara mi libertad condicional y efectivamente, toda la documentación fue enviada al juzgado quien (sic) vigila mi pena ”; posteriormente, “(…) el 17 de febrero de 2014, asignaron mi solicitud a los juzgados de descongestión, y no he recibido mi respuesta al estar esperando más de un mes, sin recibir contestación a mi solicitud de libertad.”[footnoteRef:2] [2: Folio 2. ] 3.

El libelista, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y además pide “(…) que la caución sea mínima, por mis bajos recursos económicos”.[footnoteRef:3] [3: Folio 3. ] EL FALLO IMPUGNADO El A Quo negó la protección solicitada, al considerar que la solicitud de libertad condicional formulada por el accionante, sí fue tramitada por el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Ibagué. Dicha entidad accionada, mediante auto número 0502 del 7 de abril de 2014[footnoteRef:4], le informó del trámite dado a su petición, indicándole que fue negada la libertad condicional por no cumplir el requisito objetivo. [4: Folio 25. ] LA IMPUGNACIÓN Fue propuesta por el demandante, sin presentar ninguna fundamentación. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La acción de tutela tiene por objeto la protección de derechos fundamentales que hayan sido vulnerados o amenazados, cuando esta situación ha cesado o se ha superado, ya no es pertinente la intervención del juez constitucional, para pronunciarse sobre un hecho ya resuelto.

Frente al caso que examina la Sala, sobre el auto emitido por la entidad accionada, observa que, contrario a lo expuesto por el actor, el Juzgado demandado, sí concedió el trámite que corresponde a sus peticiones, de hecho explicó los descuentos de pena realizados a partir del 6 de junio de 2002, cumpliendo un tiempo de reclusión de 11 años, 10 meses y 3 días, más el tiempo redimido que se le ha hecho en los años siguientes hasta el año 2013, dando un total de 17 años, 9 meses, 20 días y 18 horas, tiempo anterior que no cumple con el requisito de las tres quintas (3/5) partes de la pena, que debía ser de 19 años y 6 meses[footnoteRef:5]. [5: Folio 27. ] Bajo tales condiciones, se configura una situación de hecho superado descrita por la doctrina constitucional de la siguiente forma: …una vez interpuesta la acción de tutela las causas o circunstancias de hecho que originaban la supuesta amenaza o violación de derechos fundamentales del accionante cesan, desaparecen o se superan, no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer y por tanto, la acción impetrada se torna improcedente por cuanto el amparo pretendido perdería eficacia e inmediatez y, por ende, su justificación constitucional.[footnoteRef:6] [6: Sentencia T- 212 de 2006. ] Por lo anterior, el objeto del amparo se encuentra superado y de existir oposición sobre los argumentos fácticos o jurídicos, le corresponde al accionante agotar los medios ordinarios de defensa, concretados en los recursos de reposición y apelación. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE CONFIRMAR el fallo impugnado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA SECRETARIA 6