CUI 11001020400020210117500 Rad. 117402 Omar Damián Cataño Zapata Acción de tutela JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA Magistrado Ponente STP7478-2021 Radicación n.° 117402 (Aprobación Acta No. 157) Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021) VISTOS Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por JOSÉ EFRAÍN BAUTISTA CONTRERAS, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tunja, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, con ocasión a las sentencias condenatorias proferidas en su contra al interior de los procesos penales 2010-00010 y 2013-00004.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Del confuso escrito de tutela, se concluye que el ciudadano JOSÉ EFRAÍN BAUTISTA CONTRERAS, solicita el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados como consecuencia de las sentencias condenatorias proferidas en su contra en el marco de los procesos penales 2009-01575 y 2013-00004, al considerar que, en el curso del proceso penal, se cometieron múltiples vulneraciones en su contra.

El accionante, dentro del proceso penal 2009-01575, fue condenado el 9 de septiembre de 2010 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tunja, a la pena principal de 292 meses de prisión, en calidad de autor responsable del delito de acceso carnal violento agravado. Decisión confirmada, el 4 de octubre de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

Por otra parte, dentro del proceso penal 2013-00004. fue condenado el 21 de julio de 2013 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, a la pena principal de 64 meses de prisión, en calidad de autor responsable del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Decisión confirmada, el 15 de septiembre de 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

Contra estas decisiones no fue interpuesto recurso extraordinario de casación. Asimismo, precisa el tutelante que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Tunja decretó la acumulación jurídica de dichas condenas. Alegó que, en el curso de los proceso penales, se presentaron muchas irregularidades; además, se presentaron en estos asuntos, defecto fáctico por indebida valoración probatoria de las pruebas allegadas a los expedientes.

Siendo así, solicita que, “se impartan las ordenes que considere convenientes para que cese la vulneración o amenaza de mis derechos y garantías constitucionales fundamentales”. RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 1.- El Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja relató que, emitió fallos de segunda instancia dentro de los procesos penales de referencia y anexó copia de los mismos.

Expresó que, las pretensiones del accionante carecen de sustento jurídico y son improcedentes, debido a que las decisiones se encuentran debidamente ejecutoriadas, al no haberse acudido al recurso extraordinario de casación. 2.- El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Tunja manifestó que, la pretensión del accionante va dirigida a atacar el tramite procesal dentro de las etapas de investigación y juzgamiento de los procesos penales de referencia, lo cual no tiene injerencia en su competencia funcional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela impuesta por JOSÉ EFRAÍN BAUTISTA CONTRERAS, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tunja, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.

La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.

En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.

Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO El problema jurídico que convoca a la Sala en esta oportunidad consiste en: determinar si la solicitud de amparo interpuesta por JOSÉ EFRAÍN BAUTISTA CONTRERAS, contra las decisiones proferidas al interior de los procesos penales 2010-00010 y 2013-00004, cumple con los requisitos generales necesarios para su procedencia. Al examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala puede concluir que la presente solicitud de amparo debe ser declarada improcedente, comoquiera que no cumple a cabalidad con los precitados requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Al respecto, se avizora que no cumple con el requisito de inmediatez, es decir, «que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración», ni tampoco con el de subsidiariedad o, en otras palabras, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada».

En lo concerniente al primero de estos, esta Corporación advierte que la última decisión censurada por el accionante fue proferida el 15 de septiembre de 2014; es decir hace casi siete (7) años, excediendo ampliamente lo que se podría considerar como un plazo razonable, sin establecer en su escrito alguna razón que justifique dicha tardanza.

Ahora, en lo que atañe al requisito de subsidiariedad, se puede evidenciar que el accionante dentro de los dos procesos penales de referencia, no agotó el mecanismo idóneo de defensa para el cumplimiento de sus pretensiones, esto es, el recurso extraordinario de casación en contra de las providencias de segunda instancia, mecanismo que era adecuado para analizar las censuras que actualmente presenta la parte actora, sin establecer razones suficientes que permitan a la Sala flexibilizar este requisito.

Sobre el particular, en sentencia T-108 de 2003, la Corte Constitucional afirmó: El recurso extraordinario de casación constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el artículo 86 Superior. De lo contrario la acción de tutela se convertiría en una vía alterna para la resolución de las controversias y se desvanecería con ello su carácter subsidiario y residual.

El peticionario ni siquiera intentó hacer uso del mencionado recurso para cuestionar la providencia dictada en el proceso ordinario laboral…omisión que no puede suplirse ahora mediante la presentación de la acción de tutela, pues como fue explicado ella no constituye una tercera vía o un instancia para reabrir debates concluidos, ni un forma de enmendar insuficiencias en la gestión de los asuntos propios.

(Resaltado fuera del texto original). Asimismo, la Sala no puede perder de vista que en el presente trámite constitucional JOSÉ EFRAÍN BAUTISTA CONTRERAS,, pretende demostrar que, existieron irregularidades en el curso de los procesos penales 2010-00010 y 2013-00004; sin embargo, al revisar las providencias aportadas en su escrito, se puede constatar que en ningún momento presentó estos argumentos ante los jueces ordinarios, por lo cual, no puede recurrir a la acción de tutela en aras de reabrir debates probatorios que no fueron debidamente aprovechados, pues esta figura no tiene la finalidad de suplir las negligencias de los ciudadanos frente a los elementos de hecho o derecho que hubiesen servido para defender sus intereses.

De igual forma, esta Sala advierte que, si el accionante considera que posee elementos materiales probatorios que no existían al momento de surtirse los procesos penales adelantados en su contra, los cuales versan sobre hechos que no fueron objeto debate en dicha oportunidad y que tienen la vocación probatoria suficiente para demostrar su inocencia, tiene la posibilidad hacer uso de la acción de revisión establecida en el artículo 192 y subsiguientes de la Ley 906 de 2004.

Por estos motivos, al no cumplirse a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, comoquiera que tampoco existen elementos que permitan flexibilizar estos requisitos, lo procedente es declarar improcedente la presente solicitud de amparo. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por JOSÉ EFRAÍN BAUTISTA CONTRERAS, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tunja, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, por las razones expuestas.

SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.

TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006 � Ibídem � Sentencia T-522 de 2001 � Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 PAGE 12