STP664-2015 — Corte Suprema

STP664-2015Corte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2015

Magistrado ponente: Patricia Salazar Cuéllar

De qué trata

Tema: DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO - Noción Tesis: «El canon 29 de la Constitución, establece el debido proceso como una garantía fundamental de quienes intervienen en actuaciones tanto judiciales como administrativas, además ordena su observancia a la autoridad estatal, siempre respetando las formas previamente definidas por el ordenamiento jurídico y los principios de contradicción e imparcialidad, garantizando que las decisiones se emitan con acatamiento de las etapas y los procedimientos señalados en las disposiciones pertinentes para que sus actos no resulten en contravía de éstas ni del ordenamiento superior (Cfr. CSJ STP, 8 ago. 2012, Rad. 61.485). Del mismo modo, dijo la Corte Constitucional en sentencia CC T-571 de 2005 que: El derecho al debido proceso administrativo garantiza a las personas la posibilidad de acceder a un proceso justo y adecuado, en el cual tengan derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. A pesar de lo anterior, puede darse el caso de que la administración al adelantar una actuación o al expedir un acto propio de esta naturaleza, desconozca alguno de los procedimientos establecidos y con ello vulnere el debido proceso. Para esta clase de situaciones, el ordenamiento jurídico ha previsto medios ordinarios de defensa para atacar esas decisiones y restablecer los derechos que hayan sido afectados ». DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS - Carrera administrativa: finalidad Tesis: «El artículo 125 de la Constitución Política señala que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el ascenso y el acceso al servicio estatal; y su administración y vigilancia en lo relativo a los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil - artículo 30 ídem -». CARRERA ADMINISTRATIVA - Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria n.º 231 de 2012 para proveer el cargo de docente de aula por nivel, ciclo del área de conocimiento tecnología e informática - Proceso de selección: fases y requisitos Tesis: «La Ley 909 de 2004 dispuso que la CNSC, debía convocar a concursos abiertos para suministrar los empleos de carrera administrativa que se encontraran provistos en provisionalidad o en encargo. En cumplimiento de ello, esa entidad expidió las convocatorias 136 a 220 y 231 de 2012 y 254 de 2013, para proveer las vacantes definitivas de docentes y directivos docentes. El ahora accionante se postuló para la número 231, para prestar los servicios educativos a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en el departamento del Cauca, cuyo proceso de selección se previó en varias fases: 1. Divulgación de la convocatoria. 2. Inscripción, publicación del listado de inscritos y citación a pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica. 3. Aplicación de pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica. 4. Publicación de resultados. 5. Recepción de documentos, verificación de requisitos. 6. Valoración de antecedentes y entrevista. 7. Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista. 8. Conformación y publicación de listas de elegibles. 9. Audiencia pública de escogencia de plaza en establecimiento educativo en el que se desempeñará el docente o directivo docente seleccionado. 10. Periodo de prueba: Nombramiento y evaluación. Del mismo modo, la Comisión estableció como norma reguladora de la convocatoria 321, el Acuerdo 275 de 2012 donde en su artículo 17 aclaró que para la inscripción al concurso, el aspirante al cargo de docente de tecnología e informática, debía acreditar alguno de los siguientes títulos: Lic. en educación básica con énfasis tecnología y/o informática. Lic. en diseño tecnológico Lic. en tecnología Lic. en educación tecnológica Licenciatura en informática Lic. en eléctrica Lic. en electrónica Lic. en enseñanza de las tecnologías Lic. en tecnología educativa Lic. en matemáticas y computación Licenciatura en educación industrial o tecnológica Lic. en educación con énfasis en tecnología y/o informática Y para los profesionales no licenciados, se precisó en el citado artículo que podían participar los graduados de las siguientes carreras: Ingenierías de sistemas, Telemática, Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Mecatrónica, Aeronáutica, Administración de Sistemas de Información, Diseño Industrial, Diseño Multimedial ». ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Convocatoria n.º 231 de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Procedencia excepcional de la acción: ineficacia de la acción contencioso administrativa Tesis: «En decisiones CSJ STP16437 - 2014 y CSJ STP17167 - 2014, entre otras, dijo esta Sala de Tutelas, que para casos como el que concita la atención de la Sala, la vía contencioso administrativa no brindaría una solución pronta y adecuada al reclamo constitucional, «pues no se trata de controvertir el contenido del Acuerdo 275 de 2012, sino de dilucidar si el título de «Ingeniero informático»…puede acompasarse con los títulos exigidos en la convocatoria para el cargo de docente en el área de tecnología e informática». Así las cosas y como se ha expuesto de manera pacífica, la tutela es la vía judicial idónea para solucionar el problema jurídico planteado por el apoderado judicial de MAURICIO PINO TAMAYO, contrario a lo expuesto por el A Quo». CARRERA ADMINISTRATIVA - Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Criterios de selección: condiciones de no discriminación (c. j.) Tesis: «(...) la jurisprudencia constitucional ha concluido, que para que un criterio de selección no resulte discriminatorio, debe reunir dos condiciones: «(i) ser razonable, es decir, no puede implicar discriminaciones injustificadas entre las personas, y (ii) ser un criterio proporcional a los fines para los cuales se establece». CARRERA ADMINISTRATIVA - Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Exclusión del concurso que no vulnera derechos fundamentales: presupuestos (c. j.) Tesis: «(...) una entidad no vulnera derechos fundamentales cuando elimina de un concurso de méritos a un aspirante siempre y cuando «(i) los candidatos hayan sido previa y debidamente advertidos acerca de lo que se les exigía; (ii) el proceso de selección se haya adelantado en igualdad de condiciones; y (iii) la decisión correspondiente se haya tomado con base en la consideración objetiva del cumplimiento de las reglas aplicables». DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS - Carrera administrativa - Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil: vulneración al excluir al accionante del concurso de méritos bajo un criterio discriminatorio fundado en la simple denominación gramatical, sin cptejar el pénsum académico Tesis: «(...) pese a esta amplia formación profesional, no sólo en las áreas de la informática y tecnología, sino en la docencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de la Sabana, sin efectuar un mayor análisis del currículo del accionante, decidieron no admitirlo en el concurso de méritos, limitándose a señalar que «no cumple porque el título aportado no corresponde al requerido para el cargo que aspira»; circunstancia que a juicio de la Sala conlleva una discriminación injustificada, pues, resulta más que claro que, aun cuando el título de ingeniero informático no se encuentre enlistado en la referida convocatoria, del análisis conjunto del pensum del programa académico, de los certificados educativos, actas de grado y experiencia laboral allegados por PINO TAMAYO al trámite tutelar, se puede identificar que es apto para ejercer el cargo de docente de aula en tecnología e informática, al cual se inscribió. Así se había pronunciado la Sala, frente a una situación similar, en la decisión CSJ STP17167 - 2014, bajo el siguiente entendido: …el título de ingeniero informático no difiere sustancialmente del de ingeniería de sistemas o de administrador de sistemas de información -los cuales se encuentran contemplados dentro del perfil exigido por el artículo 17 del Acuerdo 275 de 2012-, pues de acuerdo al perfil profesional certificado por la Universidad donde obtuvo el título profesional la accionante, ella está capacitada en un currículum diseñado para la adquisición de conocimientos referentes al análisis y diseño de sistemas de comunicación y gestión de la información, basados en las tecnologías; programa que coincide en su núcleo fundamental con la ingeniería de sistemas, la cual se relaciona con el «conjunto de recursos humanos y materiales a través de los cuales se recolectan, almacenan, recuperan, procesan y comunican datos e información con el objetivo de lograr una gestión eficiente de las operaciones de una organización». Es decir, su perfil profesional es incluso más afín a la enseñanza de la tecnología e informática, que lo que podría ser un profesional en ingeniería eléctrica y electrónica o diseño industrial, en tanto que estas carreras tienen un campo de acción específico en la construcción de edificaciones, plantas y sistematización industrial. De tal suerte, que excluir a la accionante del concurso docente, simplemente porque la nomenclatura del título profesional obtenido difiere del listado propuesto en la convocatoria, implica el desconocimiento de la autonomía de las universidades para nombrar sus programas en diversas formas, pues lo importante no es la titulación sino el contenido del currículum ofrecido por el establecimiento educativo, lo que determina el perfil del profesional, y que en el caso en estudio es lo que debe ser evaluado por las autoridades accionadas para establecer la idoneidad del concursante para aspirar a un determinado cargo. (Los resaltados fuera de texto). Así, se evidencia en el presente asunto, que el criterio mediante el cual la CNSC excluyó al accionante de la convocatoria fue discriminatorio y atendió no al contenido del programa de ingeniería informática, sino a su denominación gramatical, cuestión que como se analizó en la decisión ahora traída a colación, no puede avalarse cuando las condiciones para la admisión de aspirantes a los concursos de méritos, deben atender a la finalidad de los mismos, que no es otra que la de seleccionar el personal más idóneo para que labore al servicio de la administración pública, en el sector de la educación. Por lo tanto, es preciso resarcir la vulneración de las garantías del accionante, razón por la cual, se revocará el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y se concederá el amparo constitucional invocado».

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Proceso de Tutela Radicación 77.518 Impugnación Mauricio Pino Tamayo CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3 PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR MAGISTRADA PONENTE STP664-2015 Radicación No.: 77.518 Acta No. 21 Bogotá. D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015) VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de MAURICIO PINO TAMAYO, contra el fallo proferido el veintisiete (27) de octubre de 2014 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, mediante el cual negó el amparo constitucional invocado en la demanda de tutela formulada contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Fueron sintetizados por el A Quo en la forma en que a continuación se indica: La Comisión Nacional del Servicio Civil apertura concurso para docentes y directivos docentes, a través de la Convocatorias (sic) 221 a 249 de 2012 y 253 de 2013 – población afrodescendiente negra, raizal y palenquera –, las cuales, entre otros, ofertaron vacantes para el Departamento del Cauca grupo B, para ocupar el cargo de docente del aula por nivel, ciclo de área del conocimiento – Tecnología e informática.

Convocatoria a la que se inscribió (el accionante) presentando la prueba de aptitud, competencias básicas y psicotécnicas aplicadas por el ICFES en julio 28 de 2013, obteniendo un puntaje de 72.60, razón por la cual se encuentra vinculado al proceso de convocatoria que a la fecha ejecuta la fase de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos por parte de los aspirantes, el cual es adelantado por la Universidad de la Sabana como entidad a cargo de fijar la lista de elegibles para los cargos de docentes y directivos docentes requeridos por el Ministerio de Educación Nacional, en cada una de las Secretarías de Educación del país. En septiembre 15 de 2014 y a través de la página web, la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó el listado de inadmitidos mediante el Acuerdo No. 0275 de octubre 2 de 2012, en el que él figura argumentándose por parte de la Universidad de la Sabana que “…no cumple porque el título aportado no corresponde al requerido para el cargo al que aspira …”.

Al día siguiente presentó su reclamación solicitando ser incluido en el listado de admitidos pues, ostenta el título de Ingeniero Informático otorgado por la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, institución debidamente acreditada por el ICFES, razón por la cual considera que el concepto emitido por ente calificador (sic) es errado.

En septiembre 24 de 2014 recibió respuesta de la Universidad de la Sabana – Área jurídica proyectos –, en la cual se le informa que revisados nuevamente los documentos aportados al proceso y a la reclamación, “…el título aportado no cumple con lo establecido en la Convocatoria…” ratificándose su inadmisión; decisión contra la cual se le comunicó no procede recurso conforme a lo dispuesto en el Decreto 760 de 2005.

Por todo lo anterior, considera que las autoridades accionadas especialmente la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de la Sabana, han vulnerado los derechos invocados toda vez que acreditó dentro del término que cumple con los requisitos mínimos para optar el cargo por el que aspira, pues incluso, en la actualidad y de manera provisional, ocupa la plaza de docente para el área de Tecnología e informática, según nombramiento de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, de lo cual también aportó sustento.

Decisión adversa (de ser inadmitido) contra la cual no tiene otro mecanismo para accionar, y que sin duda le representa un perjuicio irremediable e insuperable pues los títulos que ha obtenido como Ingeniero informático y Tecnólogo en Sistema de Información y de los cuales anexó sus soportes, lo califican como un profesional idóneo para cumplir con el cargo docente en el que se inscribió. Así las cosas, solicita la protección de sus derechos fundamentales y en consecuencia, se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad de la Sabana lo incluyan en el listado de admitidos (teniendo en cuenta todos los documentos por él aportados) y le permitan continuar en el proceso de selección. Renglón seguido, insta la suspensión del concurso en aras de evitar un perjuicio irremediable, y se acceda a su pretensión incluso, como mecanismo de protección transitoria.

EL FALLO IMPUGNADO Lo profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que negó el amparo de los derechos fundamentales de MAURICIO PINO TAMAYO, al considerar que no había en el caso una afectación de sus garantías, pues conocía las condiciones del concurso y en forma clara, fue enterado de las razones por las cuales fue excluido del mismo.

Además, precisó que podía acudir el libelista a la acción de nulidad ante la jurisdicción contenciosa, con el objeto de atacar los actos que consideraba contrarios a derecho, siendo que una resolución de carácter general no puede configurar una situación de perjuicio irremediable que habilite la procedencia del amparo. Concluyó señalando que no podía predicarse la vulneración de la garantía de igualdad, al no aportar el demandante elementos que permitan definir que a personas en condición como la suya se les trató con carácter diferenciado por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil o de la Universidad de la Sabana.

LA IMPUGNACIÓN Fue propuesta por el apoderado del accionante, quien disiente del fallo del A Quo, en razón a que la tutela sí es el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, como lo ha señalado pacífica jurisprudencia constitucional, la que cita in extenso, para decir luego que no busca la nulidad del acto administrativo, sino el amparo de las garantías que le fueron conculcadas a su representado.

Además, refiere que no puede PINO TAMAYO ser excluido del concurso desestimando para ello el título de ingeniero informático que ostenta, bajo el argumento de que «las denominaciones formales sean exactas», pues de no analizarse el contenido del programa, se llevaría el concurso al campo de «la aplicación exegeta de las normas». En su criterio, han debido valorar tanto el Tribunal, como las autoridades demandadas, la afinidad del título que ostenta y su experiencia profesional, parte de la cual la hizo en calidad de docente oficial con un nombramiento de carácter provisional, como así lo acreditó. En consecuencia, pide a la Sala la revocatoria del fallo impugnado y de contera, que se conceda la protección constitucional por él invocada.

Solicita además, como mecanismo transitorio la suspensión del concurso de méritos, para evitar la materialización del perjuicio irremediable que se generó en su contra, al haber sido excluido del mismo. CONSIDERACIONES De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. 1.

Procedencia Excepcional de la Acción de Tutela contra Actos Administrativos. El canon 29 de la Constitución, establece el debido proceso como una garantía fundamental de quienes intervienen en actuaciones tanto judiciales como administrativas, además ordena su observancia a la autoridad estatal, siempre respetando las formas previamente definidas por el ordenamiento jurídico y los principios de contradicción e imparcialidad, garantizando que las decisiones se emitan con acatamiento de las etapas y los procedimientos señalados en las disposiciones pertinentes para que sus actos no resulten en contravía de éstas ni del ordenamiento superior (Cfr. CSJ STP, 8 ago. 2012, Rad. 61.485).

Del mismo modo, dijo la Corte Constitucional en sentencia CC T-571 de 2005 que: El derecho al debido proceso administrativo garantiza a las personas la posibilidad de acceder a un proceso justo y adecuado, en el cual tengan derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

A pesar de lo anterior, puede darse el caso de que la administración al adelantar una actuación o al expedir un acto propio de esta naturaleza, desconozca alguno de los procedimientos establecidos y con ello vulnere el debido proceso. Para esta clase de situaciones, el ordenamiento jurídico ha previsto medios ordinarios de defensa para atacar esas decisiones y restablecer los derechos que hayan sido afectados. 2.

Requisitos de admisibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos. El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a promover esta acción ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el instrumento mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que considera, le han sido vulnerados.

De tal forma, la competencia del juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el cual se presume, son violadas o amenazadas las garantías superiores. Es por ello, que se han fijado criterios generales sobre la procedencia formal del amparo, los que han sido estatuidos en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 cuyo numeral primero señala la existencia de otro medio de defensa judicial para lograr la protección que por vía de la acción constitucional se pretende obtener. 3.

Del acceso a la carrera administrativa, en particular, de las Convocatorias 136 a 220 de 2012 y 254 de 2013. El artículo 125 de la Constitución Política señala que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el ascenso y el acceso al servicio estatal; y su administración y vigilancia en lo relativo a los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil – artículo 30 ídem –.

La Ley 909 de 2004 dispuso que la CNSC, debía convocar a concursos abiertos para suministrar los empleos de carrera administrativa que se encontraran provistos en provisionalidad o en encargo. En cumplimiento de ello, esa entidad expidió las convocatorias 136 a 220 y 231 de 2012 y 254 de 2013, para proveer las vacantes definitivas de docentes y directivos docentes.

El ahora accionante se postuló para la número 231, para prestar los servicios educativos a población afrocolombiana negra, raizal y palenquera en el departamento del Cauca, cuyo proceso de selección se previó en varias fases: 1. Divulgación de la convocatoria. 2. Inscripción, publicación del listado de inscritos y citación a pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica. 3.

Aplicación de pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica. 4. Publicación de resultados. 5. Recepción de documentos, verificación de requisitos. 6. Valoración de antecedentes y entrevista. 7. Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista. 8. Conformación y publicación de listas de elegibles. 9.

Audiencia pública de escogencia de plaza en establecimiento educativo en el que se desempeñará el docente o directivo docente seleccionado. 10. Periodo de prueba: Nombramiento y evaluación. Del mismo modo, la Comisión estableció como norma reguladora de la convocatoria 321, el Acuerdo 275 de 2012 donde en su artículo 17 aclaró que para la inscripción al concurso, el aspirante al cargo de docente de tecnología e informática, debía acreditar alguno de los siguientes títulos: · Lic. en educación básica con énfasis tecnología y/o informática. · Lic. en diseño tecnológico · Lic. en tecnología · Lic. en educación tecnológica · Licenciatura en informática · Lic. en eléctrica · Lic. en electrónica · Lic. en enseñanza de las tecnologías · Lic. en tecnología educativa · Lic. en matemáticas y computación · Licenciatura en educación industrial o tecnológica · Lic. en educación con énfasis en tecnología y/o informática Y para los profesionales no licenciados, se precisó en el citado artículo que podían participar los graduados de las siguientes carreras: Ingenierías de sistemas, Telemática, Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Mecatrónica, Aeronáutica, Administración de Sistemas de Información, Diseño Industrial, Diseño Multimedial. 4.

Análisis del caso concreto. La Sala debe hacer énfasis en que la acción de tutela, como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales cuando estos han sido violados o se encuentran en amenaza, es, en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, del orden subsidiario y residual (en ese sentido ver sentencias: T- 1277 de 2005, T-771 de 2004, T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999 y T-007 de 1992), lo que significa que su procedibilidad depende de la inexistencia de otros medios idóneos de defensa judicial al alcance de quien demanda.

Sin embargo, puede ocurrir, y así lo han dicho tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, que aun cuando los sujetos procesales cuenten con medios ordinarios para proteger sus intereses concretos, resulte ser que estos mecanismos no actúen de manera efectiva y eficiente. Es precisamente en estos casos, donde el juez de tutela debe hacer un examen razonable y ponderado en cuanto a la validez y efectividad del medio judicial alternativo.

Este dinamismo judicial permite en un Estado Social de Derecho el cumplimiento de uno de sus fines, consistente en asegurar la vigencia de un orden justo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política (al respecto pueden consultarse las decisiones T-1277 de 2005, T- 771 de 2004, T- 408 de 2002, T-432 de 2002 y SU- 646 de 1999). 4.1.

En decisiones CSJ STP16437 – 2014 y CSJ STP17167 – 2014, entre otras, dijo esta Sala de Tutelas, que para casos como el que concita la atención de la Sala, la vía contencioso administrativa no brindaría una solución pronta y adecuada al reclamo constitucional, «pues no se trata de controvertir el contenido del Acuerdo 275 de 2012, sino de dilucidar si el título de «Ingeniero informático»…puede acompasarse con los títulos exigidos en la convocatoria para el cargo de docente en el área de tecnología e informática».

Así las cosas y como se ha expuesto de manera pacífica, la tutela es la vía judicial idónea para solucionar el problema jurídico planteado por el apoderado judicial de MAURICIO PINO TAMAYO, contrario a lo expuesto por el A Quo. 4.2. Ahora bien, el accionante acude a la extraordinaria sede de tutela, tras estimar desacertada su exclusión del concurso de méritos para docentes adelantado en el marco de la convocatoria 231 de 2012, en razón a que el título de ingeniero informático que posee, puede asimilarse a las carreras profesionales exigidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues explica que de acuerdo al plan de estudios de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA –, está facultado para capacitar a otras personas en la utilización, gestión y manejo en el diseño de las aplicaciones web y software, amén que difiere el programa del de ingeniería de sistemas, sólo en la denominación que le da cada institución de educación superior.

Frente al punto, la jurisprudencia constitucional ha concluido, que para que un criterio de selección no resulte discriminatorio, debe reunir dos condiciones: «(i) ser razonable, es decir, no puede implicar discriminaciones injustificadas entre las personas, y (ii) ser un criterio proporcional a los fines para los cuales se establece» (CC T-045/11, énfasis agregado).

También se ha precisado que, una entidad no vulnera derechos fundamentales cuando elimina de un concurso de méritos a un aspirante siempre y cuando « (i) los candidatos hayan sido previa y debidamente advertidos acerca de lo que se les exigía; (ii) el proceso de selección se haya adelantado en igualdad de condiciones; y (iii) la decisión correspondiente se haya tomado con base en la consideración objetiva del cumplimiento de las reglas aplicables» (CC T-463/96 entre otras).

En el caso concreto, las exigencias para los aspirantes se encuentran establecidas en la Convocatoria 231 de 2012 y sus anexos, dentro de la cual se estableció como condición de exclusión el ser inadmitido por no cumplir con los requisitos mínimos del empleo, información difundida en la página web de la CNSC, con lo que se cumple la primera premisa.

En segunda medida, cada aspirante debió inscribirse en debida forma (artículo 14 de la Convocatoria) y presentar documentos para la acreditación de requisitos mínimos (artículos 15 a 17 ídem). El cumplimiento de tales condicionamientos genera una calificación, y de acuerdo al puntaje obtenido por los participantes, la entidad publica la lista de admitidos y no admitidos.

Los aspirantes fueron admitidos o rechazados de acuerdo al resultado obtenido en el análisis y revisión de los documentos que respaldan el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo en concurso. Por lo tanto, dado que éste se desarrolló de acuerdo con lo establecido en las disposiciones regulatorias, conocidas de forma previa por todos los aspirantes, la Sala no encuentra razones para dudar que el proceso de selección se realizó en igualdad de condiciones, cumpliéndose así el segundo ítem.

Por último, el criterio mediante el cual la entidad accionada eliminó al libelista del proceso de selección, se encuentra regulado en el numeral 3º del artículo 17 del Acuerdo 224 de 2012. Allí se señala que los licenciados con énfasis en las áreas de formación de «educación básica con énfasis tecnología y/o informática, en diseño tecnológico, en tecnología, en educación tecnológica, en licenciatura en informática, eléctrica, electrónica, enseñanza de las tecnologías, tecnología educativa, matemáticas y computación, licenciatura en educación industrial o tecnológica y en educación con énfasis en tecnología y/o informática» podrán inscribirse para la oferta pública de empleos para docentes del área de tecnología e informática.

Pero el mismo artículo 17 de la Convocatoria es claro en señalar que no sólo los licenciados en las descritas especialidades pueden acudir a dicho concurso, sino que se amplió esa posibilidad al normalista superior o tecnólogo en educación y al profesional no licenciado, últimos que «podrán presentarse para ejercer la función docente en los niveles, ciclos y áreas afines a su formación, tal como se detalla a continuación: Nivel/ciclo/área Título profesional Tecnología e informática Ingeniería de sistemas, telemática, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, administrador de sistemas de información y diseño industrial Conforme con lo anterior, se tiene que el perfil profesional exigido en la convocatoria para el área de tecnología e informática, demanda conocimientos específicos en esa materia, los que de acuerdo al perfil profesional señalado por UNICIENCIA, le asisten al accionante, en tanto que dicha Corporación Universitaria precisó que el ingeniero informático es capacitado como: · Líder de proyectos informáticos en las diferentes áreas funcionales. · Ingeniero de soporte. · Desarrollador de herramientas web. · Capacitador del manejo de herramientas tecnológicas básicas. · Administrador y diseñador de redes. · Analista, diseñador y desarrollador de sistemas de información. Aunado a lo anterior, acreditó también PINO TAMAYO contar con un título de tecnólogo en sistemas de información de la Universidad del Valle y desarrolla en la actualidad el programa de «Estudios pedagógicos para profesionales con título diferente a licenciado en educación», condiciones académicas que le resultaron suficientes para ser nombrado en provisionalidad, desde el 29 de febrero de 2012, en el cargo de docente para el área de tecnología e informática en la Institución Educativa Oficial Bajo San Francisco, del municipio de Santander de Quilichao (Cauca).

Ahora, pese a esta amplia formación profesional, no sólo en las áreas de la informática y tecnología, sino en la docencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de la Sabana, sin efectuar un mayor análisis del currículo del accionante, decidieron no admitirlo en el concurso de méritos, limitándose a señalar que « no cumple porque el título aportado no corresponde al requerido para el cargo que aspira »; circunstancia que a juicio de la Sala conlleva una discriminación injustificada, pues, resulta más que claro que, aun cuando el título de ingeniero informático no se encuentre enlistado en la referida convocatoria, del análisis conjunto del pensum del programa académico, de los certificados educativos, actas de grado y experiencia laboral allegados por PINO TAMAYO al trámite tutelar, se puede identificar que es apto para ejercer el cargo de docente de aula en tecnología e informática, al cual se inscribió. Así se había pronunciado la Sala, frente a una situación similar, en la decisión CSJ STP17167 – 2014, bajo el siguiente entendido: … el título de ingeniero informático no difiere sustancialmente del de ingeniería de sistemas o de administrador de sistemas de información –los cuales se encuentran contemplados dentro del perfil exigido por el artículo 17 del Acuerdo 275 de 2012-, pues de acuerdo al perfil profesional certificado por la Universidad donde obtuvo el título profesional la accionante, ella está capacitada en un currículum diseñado para la adquisición de conocimientos referentes al análisis y diseño de sistemas de comunicación y gestión de la información, basados en las tecnologías; programa que coincide en su núcleo fundamental con la ingeniería de sistemas, la cual se relaciona con el «conjunto de recursos humanos y materiales a través de los cuales se recolectan, almacenan, recuperan, procesan y comunican datos e información con el objetivo de lograr una gestión eficiente de las operaciones de una organización».

Es decir, su perfil profesional es incluso más afín a la enseñanza de la tecnología e informática, que lo que podría ser un profesional en ingeniería eléctrica y electrónica o diseño industrial, en tanto que estas carreras tienen un campo de acción específico en la construcción de edificaciones, plantas y sistematización industrial. De tal suerte, que excluir a la accionante del concurso docente, simplemente porque la nomenclatura del título profesional obtenido difiere del listado propuesto en la convocatoria, implica el desconocimiento de la autonomía de las universidades para nombrar sus programas en diversas formas, pues lo importante no es la titulación sino el contenido del currículum ofrecido por el establecimiento educativo, lo que determina el perfil del profesional, y que en el caso en estudio es lo que debe ser evaluado por las autoridades accionadas para establecer la idoneidad del concursante para aspirar a un determinado cargo.

(Los resaltados fuera de texto). Así, se evidencia en el presente asunto, que el criterio mediante el cual la CNSC excluyó al accionante de la convocatoria fue discriminatorio y atendió no al contenido del programa de ingeniería informática, sino a su denominación gramatical, cuestión que como se analizó en la decisión ahora traída a colación, no puede avalarse cuando las condiciones para la admisión de aspirantes a los concursos de méritos, deben atender a la finalidad de los mismos, que no es otra que la de seleccionar el personal más idóneo para que labore al servicio de la administración pública, en el sector de la educación. Por lo tanto, es preciso resarcir la vulneración de las garantías del accionante, razón por la cual, se revocará el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y se concederá el amparo constitucional invocado.

En ese orden de ideas, se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad de la Sabana, que en el perentorio término de siete (7) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, procedan a verificar nuevamente el cumplimiento de los requisitos mínimos del accionante, considerando que el título de ingeniero informático que ostenta, se asemeja al de ingeniería de sistemas exigido para aspirar al empleo de Docente de Aula en el área de tecnología e informática de la Convocatoria No. 231 de 2012, para la prestación del servicio educativo a la población afrocolombiana negra, raizal y palenquera del departamento del Cauca.

Finalmente, debe señalarse al impugnante que resulta desacertado que en esta sede solicite la aplicación de una medida provisional, que como bien lo enseña el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, debió impetrarla «desde la presentación de la solicitud» de tutela y no en el escrito de alzada, razón por la cual, se rechazará tal pedimento.

Por secretaría de la Sala, se dispondrá remitir copia de esta determinación a todos los intervinientes en el presente proceso constitucional. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA NO. 3, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE REVOCAR el fallo impugnado.

CONCEDER el amparo constitucional invocado por el accionante. ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad de la Sabana, que en el perentorio término de siete (7) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, procedan a verificar nuevamente el cumplimiento de los requisitos mínimos del accionante, considerando que el título de ingeniero informático que ostenta, se asemeja al de ingeniería de sistemas exigido para aspirar al empleo de Docente de Aula en el área de tecnología e informática de la Convocatoria No. 231 de 2012, para la prestación del servicio educativo a población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera del departamento del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. RECHAZAR la medida provisional solicitada por el impugnante.

ENVIAR copia de esta providencia a todos los intervinientes en el proceso de amparo. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER Salvamento de voto PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE DECISIÓN CONSTITUCIONAL Salvamento de voto. MG. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER Rdo. T. Impugnación 77518 Demandante. Mauricio Pino Tamayo Salvo voto porque debió no concederse el amparo, el accionante tenía otro medio de defensa judicial, la acción de nulidad por el trámite Contencioso Administrativo, en el que podía solicitar medida provisional, mecanismo ordinario idóneo y eficaz.

Cordialmente, EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER Magistrado. Fecha ut supra. � Artículo 4º del Acuerdo 275 de 2012. � Cfr. Folios 58 y 59 del cuaderno original. � Folio 63 ídem. � Folios 66 a 70 ibídem. � Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_sistemas � Es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo.

Aplica conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para diseñar sistemas y equipos que permiten generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica � Es una actividad que tiene que ver con el diseño de productos seriados y/o industriales. En general podemos diferenciar dos tipos de productos: bienes de consumo y bienes de capital.

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial 1 23 _1139985127.doc