CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación n° 72136 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1 GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ MAGISTRADO PONENTE STP2321-2014 Radicación n° 72136 Acta No. 56. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014).
VISTOS Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela promovida por el señor CARLOS ADOLFO GIL RESTREPO en garantía de su derecho constitucional fundamental a la libertad, presuntamente vulnerado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad a cuyo trámite se dispuso la vinculación de los intervinientes en los procesos penales que, seguidos en contra del hoy actor, por los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado, fue de competencia de los Juzgados Segundo Penal Municipal de Itagüí y Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, respectivamente.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Dan cuenta las foliaturas que los Juzgados Segundo Penal Municipal de Itagüí y Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenaron al actor, mediante sentencias de fecha 4 de agosto de 2009 y 9 de marzo de 2010, entre otras sanciones, a la pena principal de 8 años de prisión por el delito de extorsión agravada, en grado de tentativa, y 4 años y 2 meses de prisión, por el punible de concierto para delinquir agravado, respectivamente.
Posteriormente, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por auto del 13 de enero de 2011, decretó la acumulación jurídica de las enunciadas penas, quedando en definitiva 10 años de prisión. Asegura el accionante que el Juzgado ejecutor negó la libertad condicional deprecada, en atención al no cumplimiento del requisito subjetivo, razón por la cual interpuso recurso de apelación, providencia que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante proveído adiado a 5 de febrero de 2014.
Manifiesta que con la anterior decisión se vulnera su derecho fundamental a la libertad, en la medida en que la razón por la cual le niega su pretensión, obedece a la gravedad de la conducta que de por si el legislador a considerado grave y, por lo tanto, es redundante que se insista en ello para negarle ese beneficio. PRETENSIONES DE LA ACCIÓN Solicita el accionante que se tutele el derecho conculcado y, en consecuencia, se ordene su libertad condicional dentro del proceso penal referenciado.
INFORMES DE LOS FUNCIONARIOS ACCIONADOS Y VINCULADOS AL TRÁMITE PROCESAL 1. Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. El titular de ese Despacho, luego de hacer una breve reseña de lo actuado frente al proceso contra el hoy accionante, aseguró que sus actuaciones están ceñidas a la legalidad, pues se profirieron conforme a la normatividad vigente, razón por la cual solicita se desestime la pretensión invocada por el demandante. 2.
Juzgado Segundo Penal Municipal de Itagüí. Manifestó que en ese Despacho el día 4 de agosto de 2009 se dictó sentencia condenatoria contra el accionante, por el delito de extorsión en grado de tentativa, imponiéndole, entre otras sanciones, una pena de 8 años de prisión, decisión que quedó en firme en esa misma fecha, siendo remitida la actuación posteriormente al Juzgado ejecutor. 3.
Fiscal 30 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Luego de realizar un recuento de la investigación adelantada por ese ente acusador contra el señor CARLOS ADOLFO GIL RESTREPO, anotó, las razones esgrimidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, donde niega el subrogado penal de la libertad condicional se encuentran apegadas a las normas sustantivas y procedimentales que otorgan tal derecho. 4.
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín. Afirma que esa Judicatura condenó al libelista, entre otras penas, a la principal de 4 años y 2 meses de prisión y multa de 1.338 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007, al encontrarlo autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado. Sostuvo que dicho procesó se adelantó bajo el impero de la Ley 600 del 2000, razón por la cual las decisiones proferidas por los Juzgados ejecutores son resorte exclusivo de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente. 5.
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Se pronunció sobre los hechos de la demanda de tutela, anotando que la decisión cuestionada esta debidamente motivada, ajustada a la ley y no constituye vía de hecho susceptible de ser amparada a través del mecanismo constitucional incoado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela promovida por CARLOS ADOLFO GIL RESTREPO, en tanto ella está dirigida, entre otras entidades, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de la cual esta Corporación es superior funcional.
Concerniente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier actividad u omisión de las autoridades públicas, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, el amparo de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios instituidos en el ordenamiento jurídico.
No obstante, esa regla general, que no es absoluta, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política, producto de actuaciones que constituyan causales de procedibilidad de la acción de tutela, que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz y siempre que en estos eventos el amparo sea necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el cual la medida que se adopte tendrá una vigencia eminentemente temporal.
(ver CC T 332/06) Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del Juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos, lo cual implica una carga demostrativa para el actor, respecto de la satisfacción de los mismos y de los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta, de tal manera que resulte evidente la vulneración. Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, se observa que la presente demanda está dirigida a cuestionar la providencia de segunda instancia por medio de cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad, a través de la cual, negó la solicitud de libertad condicional, al hoy actor, conforme fue reseñado en precedencia. Teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual que gobierna la acción de tutela, encuentra la Sala que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente, si se tiene en cuenta que éste mecanismo constitucional no configura una instancia del proceso penal, ni está instaurado como una jurisdicción paralela a la ordinaria, como tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados, después de surtirse el trámite ordinario, han sido del desagrado de una de las partes, de ahí que se afirme que la tutela no es un recurso adicional o complementario, ya que su carácter y esencia es de ser único mecanismo de protección que le brinda el ordenamiento jurídico al presunto afectado en sus derechos fundamentales.
Así mismo debe recordar la Sala que el juez de tutela no puede inmiscuirse en los asuntos encomendados al juez natural y en especial cuando la injerencia tiene que ver con el modo en el que valoró el tema a su cargo -en este caso relacionado con la negativa de libertad condicional-, e interpretó y aplicó el ordenamiento jurídico, pues lo contrario sería quebrantar la autonomía e independencia judicial.
No puede olvidarse que solo excepcionalmente, cuando las providencias se apartan abruptamente del ordenamiento jurídico y resuelven con arbitrariedad o capricho, o es producto de negligencia extrema, es que se habilita esa intervención. En el caso sub examine es patente que la decisión reprobada por el accionante fue motivada por el Tribunal ahora demandado, en ejercicio de su autonomía y de cara a la normatividad que rige la materia.
Siendo así, tal argumentación no compete en principio controvertirla al Juez de tutela, mucho más cuando ella no se refleja como producto de la arbitrariedad o capricho que permita descalificarla, sino, por el contrario, responde a la interpretación razonable de las normas penales, que en este evento permitieron no conceder el beneficio de libertad condicional al mismo, atendiendo que si era dable para efectos de valorar la concurrencia del requisito subjetivo necesario para su otorgamiento, examinar la gravedad de la conducta, indicando entre otras cosas: Fue condenado por un delito de concierto para delinquir asociado a una organización criminal de amplio espectro en el país y que ha cometido los más aberrantes crímenes, lo cual nos está indicando que los integrantes del conglomerado social no verían con agrado que una persona que hizo parte de esa organización regrese tranquilamente, luego de permanecer escaso años privado de la libertad, sin una sanción condigna y que corresponda con el daño asociado.
En tal virtud, frente a dicha argumentación no se logra demostrar algún yerro superlativo que indique la necesidad de intervenir en modo inmediato y excepcional para restaurar la vigencia de alguna garantía fundamental. Por lo tanto, la improcedencia del amparo, se itera, si en cuenta se tiene que se trata de un proceso penal en donde se ha visto que las autoridades judiciales involucradas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia, haciendo imposible que el juez constitucional, a modo de una tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que se pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa actuación. En ese sentido, lo que se advierte es que el actor en este caso pretende habilitar una instancia más a través de la tutela con el fin de revivir una discusión jurídica saldada en el proceso que no revistió mayor complejidad, alterando con ello la esencia de la acción de amparo constitucional, pese a que se ha insistido que no se trata de un mecanismo adicional ni alternativo para censurar el raciocinio jurídico, ni el trámite impartido al asunto, ni la convicción a la que pudiesen arribar los funcionarios competentes después de analizar la normatividad aplicable al asunto, las pruebas allegadas al expediente, o los lineamientos jurisprudenciales sobre el asunto debatido.
No olvidemos que la proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche como claramente lo ha sostenido la Corte Constitucional al indicar en sentencia CC T- 332/06 que: …el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.
En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto.
Todo lo anterior constituye, entonces, razones suficientes para denegar el amparo solicitado. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos constitucionales fundamentales invocados por CARLOS ADOLFO GIL RESTREPO, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Notificar esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ EYDER PATIÑO CABRERA LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO Nubia Yolanda Nova García Secretaria PAGE 12