Tutela 95960 JAVIER ANTONIO DE ARCO QUIÑONES SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2 LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente STP21735-2017 Radicación n° 95960 (Aprobado Acta No. 437) Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). VISTOS: Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por JAVIER ANTONIO DE ARCO QUIÑONES, contra la sentencia de tutela proferida el 27 de septiembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, que negó el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: Según se extrae de la demanda y sus anexos, durante la prestación del servicio, el soldado JAVIER ANTONIO DE ARCO QUIÑONES sufrió una fractura en el pie derecho. Por tal razón, la Junta Médico Laboral calificó su pérdida de capacidad en 23.81%. Inconforme con dicha decisión, la parte actora convocó al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía el cual mediante Acta M16-457 del 10 de agosto de 2016, resolvió modificar la disminución de la capacidad al 15.82%.

Adujo el accionante que el 15 de mayo de 2017 promovió petición ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. Lo anterior, con el propósito de obtener una nueva valoración por parte de la Junta Médico Laboral. No obstante, la accionada le informó que ello no era viable, pues sus lesiones fueron calificadas en primera y segunda instancia. Por tal razón, acudió ante la jurisdicción constitucional en busca del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y salud.

Consecuente con ello, solicitó que se ordene la práctica de una nueva valoración médica por «Fisiatra, Ortopedia, Medicina Vascular, Psiquiatría y Cirugía Plástica, para poder determinar la pérdida laboral». TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA: Por auto del 2 de junio de 2017, el Tribunal admitió la acción de tutela y notificó la iniciación del trámite a las autoridades mencionadas.

Dentro del término conferido para ello la entidad accionada guardó silencio. El Tribunal Superior de Sincelejo negó el amparo pretendido. Indicó que la solicitud de protección constitucional no cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el demandante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo para censurar las valoraciones médico laborales, sin que se hubiera demostrado la materialización de un daño irreparable.

JAVIER ANTONIO DE ARCO QUIÑONES impugnó el fallo. Reiteró los argumentos planteados en la demanda de tutela. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para desatar la segunda instancia respecto de la sentencia adoptada por un Tribunal Superior del Distrito Judicial. Acorde con las pruebas allegadas a la actuación, está demostrado que como miembro activo del Ejército Nacional, JAVIER ANTONIO DE ARCO QUIÑONES en una actividad relacionada con el servicio sufrió lesiones que fueron calificadas por la Junta Médico Laboral en un 23.81% de pérdida de capacidad para trabajar.

No obstante, por solicitud del accionante fue convocado el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, entidad que disminuyó tal porcentaje al 15.82%. Sin embargo, DE ARCO QUIÑONES pretende que la entidad accionada valore nuevamente sus patologías y, como tal, modifique el acta de calificación. En su criterio, actualmente las secuelas han empeorado.

En primer lugar, precisa la Sala que las actas proferidas por las Juntas y los Tribunales Médico Laborales no son actos administrativos de impulso sino definitivos y, en consecuencia, son susceptibles de control jurisdiccional, como lo tiene sentado la jurisprudencia especializada (Cfr. sentencia del 30 de enero de 2014, dentro del radicado 2005-10203-01, de la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez).

En el mismo sentido, el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 establece que las decisiones del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes. Por lo tanto, como lo pretendido por el demandante es modificar la valoración médica contenida en el acta de calificación expedida por la Junta Médico Laboral –la cual es un acto administrativo-, dicho trámite deberá agotarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para lo cual la parte actora podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 de la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-).

Sin embargo, el accionante no lo hizo dentro del término de caducidad de 4 meses (Art. 164-2-D). El vencimiento de dicho plazo no lo habilita a propiciar el debate a través de la acción excepcional de tutela, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios dispuestos por el legislador -Sentencia SU–111 de 1997-.

En ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente permitió que el acto administrativo censurado cobrara firmeza, situación que no puede modificarse a través de la vía constitucional, dado que constituye una causa de improcedencia acorde con el artículo 6–1 del Decreto 2591 de 1991. Se confirmará, por consiguiente, el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 27 de septiembre de 2017 mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo negó la acción de tutela interpuesta por BERNARDO ALONSO RIOS ORTIZ. 2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. 3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 1 6