República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE Radicación No. 78487 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 2 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO MAGISTRADO PONENTE STP1968-2015 Radicación No. 78487 Acta No. 093 Bogotá, D. C., marzo cinco (05) de dos mil quince (2015). I. VISTOS: Resuelve la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela instaurada por el apoderado del ciudadano GERMÁN ALBERTO RESTREPO FERNÁNDEZ, contra la decisión proferida el 04 de diciembre de 2014 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
II.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. De la información que reposa en la presente actuación se pudo establecer ante el 13 de abril de 2011, ante el Juzgado Trece Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, se llevó a cabo la audiencia preliminar de formulación de imputación contra GERMÁN ALBERTO RESTREPO FERNÁNDEZ, en calidad de autor de los delitos de violación a derechos morales de autor y violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos -artículos 270 y 271 del Código Penal-. 2.
Presentado el respectivo escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, el asunto fue asignado al Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, que después de agotar el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, mediante sentencia fechada 22 de agosto de 2014 lo condenó a la pena principal de sesenta (60) meses de prisión. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y le concedió la prisión domiciliaria por cumplir con las exigencias previstas en el artículo 38 del Código Penal, modificado por el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014. 3.
Inconforme con la valoración probatoria efectuada por el Juez a quo, el defensor del proceso lo impugnó y solicitó su revocatoria, alegando la “atipicidad” de las conductas punibles endilgadas por la Fiscalía General de la Nación. 4. Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, previo el estudio del acervo probatorio, la normatividad y la jurisprudencia nacional que consideró aplicable al caso, el 04 de diciembre 29 de 2014, resolvió confirmarlo.
No sin antes atender uno a uno los reclamos expuestos por la parte recurrente. 5. Contra el fallo de segunda instancia, la defensa técnica interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual está en trámite. 6. Debido a que ALBERTO ELÍAS GARCÍA GARNICA, no está de acuerdo con la valoración probatoria efectuada por los falladores de instancia en la actuación que se le adelanta por las presuntas conductas punibles previstas en los artículos 270 y 271 del Código Penal, por intermedio del mismo profesional que lo viene representando en esa sede, acudió al Juez de tutela para que previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991, le protegiera el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que el superior funcional “ estaba obligado a suspender el proceso y solicitar directamente interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, en razón a que este tema, está relacionado con Derechos Morales y Patrimoniales de Autor”.
Con base en lo expuesto, solicitó se dejara sin efecto jurídico las decisiones de las cuales discrepa, y en su lugar, se le ordenara a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá suspendiera el proceso y solicitara “la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia”. III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN: La Sala de Casación Penal de esta Corporación asumió el conocimiento del asunto, comunicó lo pertinente al Tribunal accionado y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin al amparo solicitado por el apoderado del GERMÁN ALBERTO RESTREPO FERNÁNDEZ.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. 2.
Hecho el reconocimiento de que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales y únicamente cuando la decisión del juez implica la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado la necesidad de que las deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los procesos judiciales regulares porque todos ellos están adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí puedan producirse. 3.
El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina: " Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio." El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo. 4.
Encuentra la Sala que el amparo solicitado es improcedente porque con base en las copias que hacen parte de la presente acción, a primera vista, advierte la Sala que al accionante se le brindaron las garantías fundamentales previstas en el artículo 29 de la Constitución Política y el procedimiento se viene adelantando bajo los postulados de la Ley 906 de 2004, garantizándosele de esta manera un debido proceso, y de ahí que no pueda predicarse la existencia de vías de hecho, única posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de carácter judicial. 5.
Precisión que cobra relevancia si se tiene en cuenta que demostrado está que GERMÁN ALBERTO RESTREPO FERNÁNDEZ, acompañado de su defensor de confianza, ha participado en las diferentes audiencias e incluso frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, utilizó el medio idóneo para sacar avante sus pretensiones.
El hecho que una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá no haya acogido a plenitud sus planteamientos, los cuales estaban dirigidos a que se declarara la atipicidad de las conductas punibles endilgadas por el Delegado de la Fiscalía General de la Nación, y en su lugar, se dictara uno absolutorio, no es razón suficiente para señalar ese pronunciamiento de ser arbitrario o caprichoso que amerite la intervención del juez de tutela, máxime cuando previo el estudio del acervo probatorio, la normatividad y la jurisprudencia nacional que consideró aplicable al caso, de manera clara y precisa, atendió uno a uno los reclamos expuestos por la parte recurrente, solo que llegó a la conclusión que no estaban dados los presupuestos de ley para acceder a sus pretensiones.
Además, no acreditó haber elevado petición alguna con el fin de obtener la suspensión del proceso ni tampoco la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. 6. En este punto precisa la Sala que solamente las actuaciones y decisiones judiciales que realmente contengan un pronunciamiento arbitrario, con evidente, directa e importante repercusión perjudicial en los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de cuestionamiento en sede constitucional pero no aquellas que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico admisible a la luz del ordenamiento o en una interpretación razonable de las normas aplicables, a riesgo de atentar contra el principio de la autonomía judicial. 7.
De otra parte, de conformidad con el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela “ Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En el mismo sentido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “ Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política ”, dispuso: “La acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.” En virtud de las disposiciones indicadas, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela se funda en el principio de subsidiariedad, es decir, por regla general, la solicitud de amparo sólo procede cuando el accionante haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados. 8.
Lo anterior le sirve a la Sala para afirmar que la pretensión elevada por el apoderado del ciudadano GERMÁN ALBERTO RESTREPO FERNÁNDEZ resulta aún más improcedente porque existen procedimientos normales expeditos frente a las presuntas irregularidades que dice se presentaron dentro del proceso que actualmente se le adelanta por los presuntos delitos de violación a derechos morales de autor y violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos -artículos 270 y 271 del Código Penal-, circunstancia que elimina la viabilidad de la acción de tutela puesto que ésta sólo puede ser utilizada, ante la carencia de mecanismos ordinarios, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico.
Criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional en la sentencia ST-625 de 2000, al señalar que: La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente.
Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas. 9.
En efecto: los elementos probatorios que hacen parte de este trámite constitucional permiten advertir que el proceso penal que cursa contra GERMÁN ALBERTO RESTREPO FERNÁNDEZ por las conductas punibles tantas veces referenciadas se encuentra pendiente que tome una decisión frente al recurso extraordinario de casación que interpusiera su defensor. 10.
Así pues, emerge claro que la parte que presuntamente se ve afectada en sus garantías fundamentales al debido proceso, defensa y dignidad humana, dentro de las oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico de rigor, cuenta con el medio idóneo al interior del escenario natural para sacar adelante sus pretensiones De tal forma el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento alternativo del medio judicial referenciado -recurso extraordinario de casación-. 11.
Además, no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción, habida cuenta que al cumplir con las exigencias previstas en el artículo 38 del Código Penal, modificado por el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014, el Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, le concedió la prisión domiciliaria. 12.
En este punto precisa la Sala que mientras la actuación esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. DECLARAR improcedente, la acción de tutela promovida por el apoderado del ciudadano GERMÁN ALBERTO RESTREPO FERNÁNDEZ. Y, 2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria PAGE 13