Tutela 102961. Gladys Motivar Guerrero. SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2 LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA Magistrado ponente STP1952-2019 Radicación 102961 (Aprobado Acta No. 049) Bogotá D.C., febrero veintiuno (21) de dos mil diecinueve (2019). VISTOS: Resuelve la Sala la impugnación presentada por GLADYS MOTIVAR GUERRERO, contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo promovido en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Al trámite fueron vinculados el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Ibagué y las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo laboral con radicado 73001310500520120046602.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. Para lo que compete resolver en el presente asunto, del escrito de tutela la Sala destaca los siguientes hechos jurídicamente relevantes: (i) Que la accionante promovió proceso ejecutivo laboral en contra de Fiduprevisora S.A., como sucesor procesal y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR CAPRECOM LIQUIDADO, para obtener el pago de las acreencias reconocidas en su favor, mediante sentencias del 16 de diciembre de 2013 y 10 de enero de 2014, esta última adicionada el 10 de febrero de 2015.
(ii) Que a través de providencia del 4 de mayo de 2018, el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Ibagué negó el mandamiento de pago solicitado por la aquí accionante. (iii) Que habiendo sido recurrida la decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué decretó la nulidad de lo actuado y ordenó la remisión del expediente a la vocera y administradora del PAR CAPRECOM LIQUIDADO.
(iv) Que en concepto de la accionante, el tribunal accionado incurrió en una vía de hecho en su decisión, porque desconoció que la competencia para este tipo de asuntos fue otorgada por ley a la jurisdicción laboral y dejó al arbitrio de la propia entidad demandada cumplir o no la sentencia judicial en firme. Por lo anterior, la accionante acude ante el Juez Constitucional para que proteja sus garantías fundamentales y, como consecuencia de ello, intervenga dentro del proceso ejecutivo laboral con radicado No. 73001310500520120046602 y ordene a la autoridad judicial demandada que asuma la competencia del proceso, libre mandamiento de pago, decrete las medidas cautelares solicitadas y continúe adelante con la ejecución. TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA: Por auto del 23 de octubre de 2018, la Sala de Casación Laboral admitió la demanda y corrió el traslado respectivo a las autoridades accionadas y vinculadas.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué se limitó a informar que el expediente correspondiente al proceso ejecutivo promovido por GLADYS MOTIVAR GUERRERO, fue remitido al Juzgado 5º accionado, mediante oficio 868 del 13 de septiembre de 2018. Por su parte, el Juzgado 5º Laboral, luego de hacer una breve reseña de las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo, refirió que mediante proveído del 4 de mayo de 2018 negó librar mandamiento de pago; al ser objeto de apelación, el Tribunal de Ibagué declaró la nulidad de lo actuado y ordenó remitir la actuación al PAR CAPRECOM.
Dentro del término concedido para tal efecto, ninguna de las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo de que trata la acción, hizo pronunciamiento alguno frente a los hechos consignados en el escrito de tutela. Mediante fallo del 31 de octubre de 2018, la Sala de Casación Laboral negó el amparo deprecado tras considerar que la parte actora, al no allegar copia de la providencia que censura, no ofreció elementos de juicio mínimos sobre los cuales el Cuerpo Colegiado pueda determinar la ilegalidad de la decisión. Una vez la accionante fue notificada del fallo de tutela, recurrió la decisión, recordando que el proceso liquidatorio de CAPRECOM EICE ya concluyó desde el 27 de enero de 2017.
Bajo esas circunstancias, alegó que el proceso ejecutivo se adelanta contra el PAR CAPRECOM Liquidado, que es una persona jurídica, con plenos derechos y obligaciones, distinta de CAPRECOM en liquidación; por consiguiente, afirmó que negarse a conocer del proceso ejecutivo que promovió, es una clara denegación de acceso a la administración de justicia. Así mismo, agregó que negar el amparo porque no se aportó copia de la providencia motivo de inconformidad, constituye un exceso ritual manifiesto.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, concordante con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral. Prima facie observa la Sala que la aquí accionante, luego de que a través de sentencias proferidas el 16 de diciembre de 2013 y 10 de enero de 2014 - esta última adicionada el 10 de febrero de 2015 -, se ordenara a CAPRECOM EICE el pago de unas acreencias laborales a su favor, acudió con esas decisiones judiciales al proceso de liquidación de la entidad, presentando una reclamación bajo el radicado No. A53.00033, la cual fue graduada y calificada a través de la Resolución No. AL-01411 del 2 de mayo de 2016, inicialmente rechazando el pago de la acreencia. Empero, a través de Resolución AL-14547 del 29 de noviembre de 2016, la entidad aceptó la suma de $204’209.560 como crédito A, por tratarse del pago de prestaciones sociales, de los cuales $118’760.884 corresponden a la señora GLADYS MOTIVAR GUERRERO y $85’448.676 a AURORA LILIANA LUGO HOYOS, la otra demandante dentro del mismo proceso; así mismo, aceptó la suma de $12’500.000 como crédito E, debido a que correspondía al pago de costas procesales.
Bajo ese contexto, frente a la negativa del Tribunal accionado, de continuar con el trámite del proceso ejecutivo promovido por GLADYS MOTIVAR GUERRERO y la decisión de remitir las diligencias a la vocera del PAR CAPRECOM, causa extrañeza, en primer término, que la accionante pretendiera ejecutar a la entidad por una suma que ya le fue cancelada desde el 3 de agosto de 2017, de acuerdo con el plan de pagos entregado por el liquidador de CAPRECOM EICE, según se observa en las diligencias, donde obra el comprobante de egreso No. CE1700004818 por valor de $118’760.884, que corresponden al pago de las prestaciones sociales que habían sido calificadas como crédito tipo A. En cuanto al crédito tipo E, por valor de $12’500.000, por concepto de costas procesales, esa acreencia no ha sido negada por la entidad y se encuentra pendiente de ser pagada por el PAR CAPRECOM, en estricto orden de prelación legal como fue fijado por el liquidador, donde es claro que CAPRECOM Liquidado responderá hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores.
Lo anterior quiere decir que ninguna vía de hecho configura la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Ibagué y mucho menos se advierte una denegación de justicia por parte de ese Cuerpo Colegiado, toda vez que a partir del momento en que GLADYS MOTIVAR GUERRERO optó por hacerse parte dentro del proceso liquidatorio de CAPRECOM EICE y sus créditos fueron graduados y calificados, sin que ella pusiera de presente alguna objeción, la jurisdicción laboral perdió competencia para conocer de la ejecución de esas acreencias en particular.
Por último, interesa precisarle a la ciudadana accionante que la entidad liquidada CAPRECOM EICE constituyó el patrimonio autónomo denominado PAR CAPRECOM LIQUIDADO según contrato de fiducia suscrito con la FIDUPREVISORA S.A. para pagar las contingencias de la entidad en liquidación, imponiendo entre las obligaciones del fiduciario, la de atender los procesos judiciales que cursan en contra de dicha entidad.
Ello significa que el PAR CAPRECOM no es una persona natural ni jurídica[footnoteRef:1], sino simplemente el sucesor procesal de CAPRECOM EICE, y de ninguna manera esa figura admite que la actora demande al patrimonio autónomo de remanentes con fundamento en un título ejecutivo que ya fue cancelado al interior del proceso de liquidación, por lo menos en lo que al crédito tipo A se refiere. [1: Ver Sentencia del 3 de agosto de 2005.
Expediente 1909, Sala de Casación Civil C.S.J.] Por lo tanto, la decisión reprochada no es arbitraria, sino debidamente fundamentada. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2018, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual negó el amparo invocado por la ciudadana GLADYS MOTIVAR GUERRERO. 2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 1 8