Impugnación Rad. 94518 CARMEN ELISA FORERO DE AYALA, a través de apoderado JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA Magistrado Ponente STP17345-2017 Radicación n.° 94518 (Aprobado Acta No.358) Bogotá. D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017). VISTOS La Sala decide la impugnación interpuesta por CARMEN ELISA FORERO DE AYALA, a través de apoderado, contra el fallo proferido el 6 de septiembre de 2017, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.

Trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo laboral con radicación 2016-00023.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Así fueron sintetizados en el fallo constitucional de primera instancia: La accionante fundamentó su petición en los siguientes hechos: Que nació el 9 de septiembre de 1952, y actualmente tiene 64 años de edad; que el 29 de octubre de 2007, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, mediante la Resolución n.º 052850, le reconoció la pensión de vejez; que como era beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su derecho pensional se otorgó dando aplicación al Acuerdo 049 de 1990.

Que contrajo matrimonio el día 29 de julio de 1972, con el señor Carlos Julio Ayala Martínez; que desde esa fecha y en la actualidad el señor Ayala Martínez, siempre ha dependido económicamente de ella, pues no trabaja, no devenga pensión y no recibe ingresos de ninguna parte para su subsistencia, además de que sufre de cáncer de próstata.

Que el 4 de diciembre de 2015, presentó reclamación ante Colpensiones, con el fin de que le fueran reconocidos los incrementos pensionales del 14 % por tener un cónyuge a cargo, la que fue negada por la citada entidad. Que interpuso demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, en procura de que le fuera reconocido y pagado el mencionado incremento, por tener un cónyuge a cargo; que el asunto le correspondió al Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Oralidad de Bogotá, despacho ante el cual se surtieron las pruebas testimoniales, incluida la de su esposo y se allegaron los documentos que daban cuenta de que este se encontraba enfermo, no era beneficiario de ningún subsidio económico por parte del Estado y dependía de ella y sus cuidados.

Que por sentencia del 9 de marzo de 2017, el Juzgado de conocimiento resolvió: Primero: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, declarar probada la excepción de inexistencia de intereses moratorios y declarar no probadas las demás excepciones propuestas por la entidad demandada (…) Segundo: Condenar a la demandada Colpensiones a reconocer y pagar al demandante (…) los incrementos pensionales del 14 % en 14 mensualidades, a partir del 4 de diciembre de 2012 y hasta que se extingan las causas que le dieron origen y que liquidados al 28 de febrero del año que avanza generan un retroactivo que asciende a la suma de $5.326.396.

(…) Que ambas partes apelaron y el Tribunal Superior de Bogotá por pronunciamiento del 20 de junio de 2017, revocó la decisión del a quo y absolvió a la demanda Colpensiones, por encontrarse probada totalmente la excepción de prescripción. Que en su sentir, la autoridad judicial accionada, ante la existencia de dos interpretaciones sobre la misma norma laboral, resolvió escoger la menos favorable a la actora, desconociendo la esbozada por la Corte Constitucional sobre la imprescriptibilidad del incremento pensional en las sentencias T-831 de 2014, T-319 y T-369 de 2015 y T-395 de 2016.

Por lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y móvil, a la salud, a la protección a las personas de la tercera edad, a la vida en conexidad con el derecho a la seguridad social, así como al principio de «favorabilidad en materia laboral» y en consecuencia pidió revocar la sentencia cuestionada y se ordene «el reconocimiento del incremento pensional del 14 % por cónyuge a cargo (…)» EL FALLO IMPUGNADO La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegó la protección deprecada, al considerar que la providencia cuestionada se apoya en un adecuado análisis de la situación fáctica, sustentada en argumentos plausibles y razonables, que no riñen con la sana lógica ni pueden considerarse lesivos de garantías constitucionales.

LA IMPUGNACIÓN La accionante recurrió la anterior decisión e insistió en que los demandados desconocieron el derecho que le asiste a obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a cargo. Señaló que en los fallos cuestionados no se siguieron los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional acerca de la imprescriptibilidad de dicho factor, con lo que se vulneró el principio de favorabilidad, en tanto se debió optarse por la interpretación legal que resultaba más benéfica a la pensionada.

En escrito complementario, se citó providencia de la Corte Constitucional en que la se acoge la postura. CONSIDERACIONES DE LA SALA Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.

La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.

Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. 2. La Sala reitera el criterio jurisprudencial según el cual, incumbe, a quien ejercita la acción constitucional, no solo conformarse con realizar exposiciones aisladas de argumentos que cuestionen la validez de las providencias atacadas, sino también demostrar de forma irrefutable que las mismas solo están envueltas en un manto de legalidad, mas en el fondo no son otra cosa que la expresión arbitraria o ilegal de la judicatura, disfrazada de declaración de justicia. En este mismo sentido en la sentencia T-462 de 2003, la Corte Constitucional señaló que solo es procedente la acción de tutela cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, «la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.» Por ello, cuando las censuras recaen sobre la forma en que los jueces de instancia aplicaron el derecho como ocurre en el sub júdice, se debe tener en cuenta que la tutela no es el instrumento idóneo para efectos de debatir la interpretación o aplicación normativa que la autoridad jurisdiccional vertió en la resolución del asunto, así la del afectado e incluso la del mismo juez de tutela, resulten razonables, pues hasta tanto la del primero posea cierto grado de fundamentación, el artículo 228 de la Constitución Política, que consagra los principios de autonomía e independencia judicial, obligan a respetarla.

Análisis del caso concreto 1. En la demanda se discute la supuesta irregularidad existente en las providencias proferidas el 9 de marzo y 20 de junio de 2017, por el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Oralidad y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente, mediante las cuales se declaró probada la excepción de prescripción respecto del incremento pensional solicitado por la demandante. 2.

En el caso particular se tiene que la accionante promovió proceso ordinario laboral en contra de COLPENSIONES, pretendiendo que la mesada le fuera incrementada retroactivamente en un 14 %, por tener a cargo a su cónyuge no pensionado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. El Juzgado de primera instancia negó el pago de dicha prestación. Decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por cuanto había operado el fenómeno de prescripción para solicitar el pago de tales sumas de dinero. 3.

La Corte no encuentra en esas determinaciones visos de capricho o fundamento inconstitucional: en primer lugar, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el precedente de imprescriptibilidad en materia pensional no se desconoce cuando deja de ser aplicado al incremento pensional del 14 % por cónyuge o compañero permanente a cargo, pues se trata de una prestación que no está destinada a garantizar en forma vitalicia la subsistencia en condiciones dignas, ni es una acreencia ligada directamente con la protección del mínimo vital o de las garantías básicas que protege el Sistema General de Pensiones, tales como la vejez o la invalidez, por lo que se extinguen por el paso del tiempo.

En ese orden de ideas, no resulta arbitrario que se haya considerado que a pesar de que los incrementos nacen del reconocimiento de la prestación, estos no forman parte integrante de la pensión, ni del estado jurídico de los pensionados. Lo anterior no solamente encuentra respaldo legal -pues la ley considera que los incrementos son una prerrogativa cuyo surgimiento no es automático sino condicionado al cumplimiento de unos requisitos que pueden presentarse o no-, sino que es la postura actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien es el juez encargado de establecer las pautas de interpretación y aplicación de la normatividad legal en lo que concierne a los asuntos y conflictos laborales; incluso, ha sido recogida en algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, quien no tiene una posición unánime sobre el particular.

Al respecto, en sentencia T-038 de 2016, esa Corporación expuso que: (…) no es posible aseverar que el juzgado accionado haya desconocido el “precedente” constitucional fijado en las Sentencias T-217 de 2013 y T-831 de 2014, por haber declarado probada la excepción de prescripción del incremento pensional del 14%, toda vez que, ante la ausencia de un precedente concordante y uniforme o, una jurisprudencia en vigor vinculante, el juzgado adoptó la decisión, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, con base en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual sostiene una tesis que ha sido compartida, en términos generales, por algunas de las Salas de Revisión de este tribunal (Sentencias T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-123 y T-541 del 2015).

De este modo, no es razón suficiente para declarar el defecto aludido, el hecho de que el juez accionado haya resuelto el caso conforme a una de las posiciones adoptadas por las Salas de Revisión. En este punto, es menester precisar que si bien es cierto el precedente constitucional tiene un carácter preponderante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en tanto, “tiene la fuerza de instituir interpretaciones que ciñan la aplicación del ordenamiento legal a lo consagrado por la Carta Política” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-038-16.htm" \l "_ftn52" \o ""; también lo es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene fuerza de precedente y se encarga no solo de trazar unas directrices dentro de la respectiva jurisdicción (civil, penal, laboral), sino también de ofrecer una garantía de que las decisiones judiciales se basen en una interpretación razonable del marco legal establecido.

Esto, se convierte en una razón adicional para determinar que la providencia atacada no puede calificarse de irrazonable o arbitraria, en tanto, la razón de la decisión se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal de cierre de la Jurisdicción Laboral Ordinaria. Por ende, no es posible concluir que las autoridades judiciales que actuaron en desarrollo de los principios de independencia y autonomía propios de la actividad jurisdiccional, incurrieron en un desconocimiento del precedente constitucional, al tomar una decisión debidamente sustentada en una hermenéutica del derecho positivo, con mayor razón cuando las providencias judiciales cuestionadas siguen el precedente reiterado por la jurisdicción ordinaria. 4.

Debe recordarse que la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela, cuando éstos resultan afectados por la interpretación judicial, debe ser excepcionalísima y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan distintas interpretaciones, debe prevalecer la del juez de conocimiento, en aras de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial. 5.

Por todo lo anterior, y ante la inexistencia de vulneración alguna de derechos fundamentales, la Sala confirmará el fallo de primera instancia. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE CONFIRMAR el fallo impugnado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria �Fls.19 y 20 � Fls.19-22 � Fls.32-47 � Fls.4-6 � Sentencias C-590 de 2005 y T-332 de 2006 � Ibídem � Sentencias T-791 de 2013, T-748 de 2015 y T-123 de 2015 � Sentencia T-703 de 2011 PAGE 12