República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela 1ra Instancia: 82.666 Fredy García Varón y Otro CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No.1 Eyder Patiño Cabrera Magistrado Ponente STP15246-2015 Radicación N° 82.666 (Aprobado acta N° 389) Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015) ASUNTO Se resuelve la acción de tutela interpuesta por Fredy García Varón y José Nenser García Varón, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, y los juzgados Penal del Circuito y Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada Caldas, por la presunta violación del derecho fundamental al debido proceso.

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 1. El 6 de diciembre de 2011, el Juzgado Penal del Circuito de Dorada, Caldas, profirió la respectiva sentencia condenatoria, imponiendo a los quejosos la pena principal de 308 meses de prisión por la comisión de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, decisión que fue confirmada parcialmente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales en fallo del 11 de febrero de 2012, modificando la pena en 284 meses de prisión. 2.

Contra el proveído anterior, Fredy García Varón y José Nenser García Varón, no interpusieron el recurso extraordinario de casación habiendo alcanzado ejecutoria. 3. En esta ocasión, los sentenciados recurren a la intervención del juez constitucional al estimar que se vulneran los derechos al debido proceso, a la legalidad y proporcionalidad de la pena, si en cuenta se tiene que se allanaron a los cargos desde la formulación de la imputación y deben ser beneficiados con una rebaja de la pena del 50% en vez del 12.5%.

En consecuencia, los accionantes solicitan se considere redosificar a 269 meses la pena impuesta, basando su conjetura en que la debida tasación de la pena es de 225 meses por el homicidio, siendo este el 50% de los 450 meses, sumado a este los 20 meses por el delito de porte de armas, y 24 meses por la conducta punible de hurto, para resultarnos el total puesto a consideración. LAS RESPUESTAS 1.

Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales La Magistrada Ponente señaló que esa Corporación le correspondió conocer el recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito de la Dorada, Caldas, en contra los actores por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado agravado, confirmada parcialmente, por cuanto redujo la pena de 308 meses de prisión a 284.

Destacó que la decisión adoptada fue debidamente motivada fáctica y jurídicamente, y sin desconocer el precedente judicial. En consecuencia, solicitaron declarar la improcedencia de esta acción de tutela, o bien sea denegada por no presentarse ninguna vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes. 2. Juzgado 1° Penal del Circuito de La Dorada.

El titular del despacho informó que efectivamente los quejosos fueron condenados por los delitos arriba referidos, dentro de etapa de allanamiento, decisión del 6 de diciembre de 2011, con pena principal de 308 meses de prisión, posteriormente el fallo fue apelado por la defensa y la alzada resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, en decisión del 11 de febrero de 2012, confirmando parcialmente la condena y modificándola para reducirla a 284 meses de prisión. Así mismo, aclara que contra el fallo de segunda instancia no se interpuso recurso extraordinario de casación. PROBLEMA JURIDICO Corresponde a la Sala determinar, si la presente acción cumple con los requisitos de procedibilidad frente a providencias judiciales.

CONSIDERACIONES 1. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. En reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha sostenido, que la acción de tutela contra providencias judiciales es no sólo excepcional, sino excepcionalísima. Ello para no afectar la seguridad jurídica y como amplio respeto por la autonomía judicial garantizada en la Carta Política.

Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado (CC T-780/06): (…) La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar.

Negrillas y subrayas fuera del original. Su prosperidad, entonces, cuyo criterio ha sido acogido por esta Sala de Tutelas, está atada a que se cumplan una serie de requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan su interposición, y otros de carácter específico, que apuntan a la procedencia misma del amparo (CC C-590/05 y CC T-332/06).

De manera que quien acude a ella tiene la carga, no sólo respecto de su planteamiento, sino de su demostración. Dentro de los primeros requisitos se encuentran: a) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional, que afecte derechos fundamentales. b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. c) Que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable. d) Que se cumpla con el postulado de inmediatez, esto es, que se interponga dentro de un término razonable y justo. e) Que se trate de una irregularidad procesal y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora. f) Que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y, además, que esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible. g) Que no se trate de sentencias de tutela.

Los segundos, por su parte, apuntan a que se demuestre que la providencia adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución. 2. El caso concreto. 2.1. En esta oportunidad se evidencia que la acción desconoce los principios de inmediatez y subsidiariedad que la rigen: (i).

A pesar de que en el ordenamiento no existe plazo perentorio para el ejercicio de la acción, es decir, no se previó término alguno de caducidad, como sí ocurre, por ejemplo, con las acciones contencioso administrativas, la jurisprudencia ha sostenido que es inadmisible que se acuda a ella con independencia de la fecha en que tuvo lugar el acto presuntamente violatorio de derechos, pues su finalidad es la protección inmediata de los mismos.

De manera que su interposición debe tener lugar dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, con lo cual se busca que no sea utilizada como última herramienta frente a la negligencia, desidia o indiferencia del actor, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. En esta oportunidad, el reproche del quejoso se dirige contra los fallos proferidos, en su orden, el 6 de diciembre de 2011 y 11 de febrero de 2012, por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada Caldas y la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, por medio del cual fueron condenados por la comisión de los punibles varias veces mencionados.

La demanda de tutela fue presentada el 19 de octubre de 2015, lo que indica que esperó más de 3 años para acudir ante el juez constitucional en procura de lograr la protección de sus derechos, desconociendo que la esencia de este mecanismo constitucional es la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando son objeto de violaciones inminentes.

(ii). De otra parte, conviene precisar, que el reclamo realizado por los actores a través de la solicitud de amparo se dirige a discutir un asunto que debió plantear mediante los medios de defensa dentro de la actuación surtida ante el juez natural. En efecto, para la viabilidad de su procedencia es imprescindible, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional (CC T-590/05) y la Corte Suprema de Justicia (CJS STP, 22 feb. 2007, rad. 29653 y CJS STP, 10 jul. 2007, rad. 31781), que el interesado haya agotado todos los medios de defensa judicial contemplados en el ordenamiento jurídico para atacar la decisión que considera lesiva de sus derechos.

Su finalidad no es ser mecanismo sustituto o adicional a los ordinarios de defensa previstos en la ley. El legislador previó diversas herramientas para cuestionar y controvertir, al interior del proceso, las decisiones que sean adversas a una de las partes intervinientes. Si no se hace uso de ellas por descuido u olvido, es totalmente inadmisible acudir a la acción en procura de subsanar ese error.

En el presente asunto la Sala advierte que los tutelantes no agotaron los mecanismos de defensa judicial con que contaban para plantear su inconformidad, pues no interpusieron el recurso de casación contra el fallo de segundo grado, es claro entonces que ésta negligencia, no puede ser subsanada por la vía de la acción de tutela con la intención de revivir un debate que se encuentra superado y del cual siempre tuvieron conocimiento.

Acceder a su petición, sería sustituir al juez natural y pretermitir las oportunidades y mecanismos de defensa instituidos como aptos por el legislador para cada juicio. Sólo cuando han sido agotados adecuadamente todos los recursos que al interior de cada proceso se encuentran establecidos por la ley y persiste la amenaza o vulneración a un derecho fundamental, la acción de tutela se erige como el instrumento idóneo para su amparo inmediato.

Al respecto, se ha establecido que (CC T-329/96): (…) La acción de tutela no puede tornarse en instrumento para suplir las deficiencias, errores y descuidos de quien ha dejado vencer términos o permitido la expiración de sus propias oportunidades de defensa judicial o de recursos, en cuanto, de aceptarse tal posibilidad, se prohijaría el desconocimiento de elementales reglas contempladas por el sistema jurídico y conocidas de antemano por quienes son partes dentro de los procesos judiciales, se favorecería la pereza procesal y se haría valer la propia culpa como fuente de derechos.

Son estas las razones, que llevan a la Sala a negar la solicitud de amparo. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Negar la tutela presentada por FREDY GARCÍA VARÓN y JOSÉ NENSER GARCÍA VARÓN. Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y Cúmplase Eyder Patiño Cabrera Gustavo Enrique Malo Fernández Luis Guillermo Salazar Otero Nubia Yolanda Nova García Secretaria PAGE 2