CUI 11001023000020210095800 Tutela de 1ª Instancia n.º 118304 Ángela Vanessa Claro Bayona Eyder Patiño Cabrera Magistrado Ponente STP14806-2021 Radicación n. ° 118304 (Aprobado Acta n.° 191) Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). ASUNTO Se resuelve la acción de tutela promovida por Ángela Vanessa Claro Bayona contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de su derecho de petición.
ANTECEDENTES 1. Fundamentos de la acción 1.1. De acuerdo con la información obrante en el expediente se tiene que el 19 de marzo de 2021, Ángela Vanessa Claro Bayona solicitó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, la expedición de la tarjeta profesional de abogado, la cual fue reiterada el 6 de abril de 2021 y, a la fecha de interposición del mecanismo constitucional no se ha dado respuesta a la petición. 1.2.
Claro Bayona promovió acción de tutela contra la referida autoridad judicial por la vulneración de su derecho de petición, ante la alegada mora en adelantar dicho trámite. 2. Las respuestas 2.1. La Directora de la Unidad demandada refirió que existe un volumen elevado de solicitudes de reconocimiento de la judicatura y expedición de tarjetas profesionales de abogado, las cuales son resueltas conforme al orden de llegada.
Aseguró que una vez recibido el requerimiento de la accionante, se estableció que aquella cumplió con la totalidad de los requisitos, por lo que mediante acta 11102 del 2021 procedió a inscribir como abogada a la demandante y le asignó la tarjeta profesional n.o 362.756, la cual, se enviaría vía correo certificado a la dirección registrada.
Manifestó que lo expuesto fue informado a la accionante el 27 de julio, al correo vanessaclarob@gmail.com. y suministró copia de la respuesta. Resaltó que a través de la página web de la rama judicial se puede observar que en la actualidad se encuentra vigente la tarjeta profesional de abogado de la parte interesada. CONSIDERACIONES 1. Problema jurídico Corresponde a la Corte determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos de petición y al debido proceso administrativo de la interesada, ante la alegada falta de pronunciamiento sobre la expedición de la tarjeta profesional. 2.
Hecho superado por emisión de la respuesta reclamada 2.1. Resulta innegable que la mora en resolver las solicitudes presentadas ante entidades afecta los intereses de los ciudadanos que se encuentran a la espera de que se les defina una situación, lo cual, en ciertas ocasiones, puede trasgredir el derecho al debido proceso. En el presente asunto se observa que Ángela Vanessa Claro Bayona se encuentra inconforme porque la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no se ha pronunciado sobre la solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado que aquella presentó en el mes de marzo de 2021.
La Directora de la Unidad demandada manifestó que mediante acta n.o 11102 del 2021 procedió a inscribir como abogada a la accionante y le asignó la tarjeta profesional n.o 362.756, la cual sería enviada vía correo certificado. La demandante fue enterada de tales gestiones mediante oficio del 27 de julio de 2021, el cual fue remitido a su correo electrónico, que es el mismo proporcionado en el libelo tutelar.
Igualmente, se constata que a pesar de que a la fecha de la emisión de este fallo no se ha expedido el documento físico, la gestora constitucional puede acceder al certificado de vigencia de la tarjeta profesional que la faculta para el ejercicio de su profesión, mediante la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co.
Como quiera que el fin perseguido por la demandante era obtener pronunciamiento sobre tal temática, resulta incuestionable la consolidación de un hecho superado que torna improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-011-2016, dijo: […], según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, el objeto de la acción de tutela consiste en la protección oportuna de los derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular.
En atención a esta norma, la protección judicial se concreta en una orden de inmediato cumplimiento que cumple el propósito de evitar, hacer cesar o reparar[footnoteRef:1] la vulneración. Así, la entidad o particular accionado tiene la obligación de realizar una determinada conducta que variará dependiendo de las consideraciones del juez constitucional. [1: Entiéndase reparación en el sentido de remedio judicial.
Es decir, cómo hacer para que una vez causada la lesión, se restablezca el derecho o se garantice su vigencia. ] En reiterada jurisprudencia[footnoteRef:2], esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”[footnoteRef:3].
En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz[footnoteRef:4]. [2: Sentencia T-970 de 2014. ] [3: Ibíd. ] [4: Al respecto, se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.] En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”[footnoteRef:5].
En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela. [5: Sentencia T-168 de 2008. ] Conforme con lo anterior, no hay lugar a emitir ninguna orden contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, pues la situación que la parte demandante consideraba como vulneradora de sus derechos fundamentales, fue debidamente superada dentro del trámite de primera instancia. Por las anteriores consideraciones, el amparo será negado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Negar la tutela instaurada por Ángela Vanessa Claro Bayona. Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Eyder Patiño Cabrera Gerson Chaverra Castro Diego Eugenio Corredor Beltrán Nubia Yolanda Nova García Secretaria 9