CUI 19001220400220250042901 Impugnación tutela Rad. 147592 MARIO ORLEY CARMONA RESTREPO CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Magistrado Ponente STP13700-2025 Radicación n°. 147592 Acta No. 223 Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto dos mil veinticinco (2025). I. VISTOS 1. Decide la Sala la impugnación interpuesta por MARIO ORLEY CARMONA RESTREPO, contra el fallo proferido el 14 de julio de 2025, por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE POPAYÁN, que declaró improcedente la demanda de tutela presentada contra el JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de esa ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida digna y a no ser sometido a penas crueles o tratos inhumanos y degradantes.
Al trámite se vinculó al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán. II.
ANTECEDENTES 2. Fueron resumidos por el Tribunal Superior de Popayán así: Da a conocer el señor MARIO ORLEY CARMONA RESTREPO que, se encuentra privado de la libertad desde el 18 de febrero de 2021, descontando físicamente 52 meses de prisión, más 5 meses de redención, para un total de 57 meses. Relata que, pese a que padece una enfermedad incompatible con la prisión intramural, la Juez Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en decisión del 12 de junio de 2025, le negó la prisión domiciliaria con fundamento en la valoración del médico legista que, indica que los diagnósticos hernia discal y lumbalgia crónica no comprometen su vida.
Requiriendo tratamiento analgésico y valoración por neurocirugía. Asevera que, el INPEC lo llevó a la cita sin la cartilla biográfica e historia clínica y de esta manera quedó consignado en el informe. Por ello, la Juez concluyó sin mayor detalle que no hay compromiso vital y no se trata de una enfermedad infectocontagiosa. Efectúa reproches del sistema de salud de la población privada de la libertad y los tiempos de respuesta, al igual que las dificultades para el traslado al servicio de urgencias en casos de alguna eventualidad.
Pide la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida diga y a no ser sometido a penas crueles o tratos inhumanos y degradantes; y como consecuencia de ello, se le otorgue la prisión domiciliaria por enfermedad grave. III. EL FALLO IMPUGNADO 3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, con sentencia del 14 de julio de 2025, resolvió negar la prisión domiciliaria al considerar que, el proceso se encuentra en curso por estar pendiente de resolverse el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. IV.
LA IMPUGNACIÓN 4. Notificado del fallo de primera instancia, MARIO ORLEY CARMONA RESTREPO escribió en el mismo: Impugno, Decreto 2591-1991, Art. 31, Art. 32. No presentó argumentos adicionales. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia. 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta por MARIO ORLEY CARMONA RESTREPO, contra el fallo de tutela adoptado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, del 14 de julio de 2025. 6.
Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que la ley contempla; amparo que solo procederá si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 7.
En sede de impugnación, el juez constitucional debe verificar el contenido de esta, en contraste con el acervo probatorio y el fallo, tanto que, si a su juicio la sentencia carece de fundamento, procederá a revocarla o de lo contrario la confirmará, tal como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se regula el trámite constitucional.
Análisis del caso concreto.
8. MARIO ORLEY CARMONA RESTREPO acudió a la acción de tutela en busca de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida digna y a no ser sometido a penas crueles o tratos inhumanos y degradantes, los que consideró vulnerados con el auto interlocutorio 675 del 12 de junio de 2025, que resolvió negar la solicitud de prisión domiciliaria por enfermedad grave, proferido por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán. 9.
Pues bien, al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, anuncia la Sala que se debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia porque en este caso se incumple con el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada», ya que de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[footnoteRef:1], la acción de tutela únicamente es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. [1: Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.] 9.1.
En relación con la subsidiariedad, es preciso recordar que la jurisprudencia[footnoteRef:2] ha sostenido que en acciones contra decisiones o procedimientos judiciales, este requisito no se entiende satisfecho cuando: (i) existe un proceso judicial en curso; (ii) los medios de defensa judicial que el procedimiento ofrece al accionante no se han agotado; y (iii) es utilizada para sustituir al funcionario judicial en la función jurisdiccional que le es propia, o para revivir etapas procesales donde no se utilizaron los mecanismos de impugnación disponibles. [2: CC sentencia T-103/2014] 9.2.
Sobre lo anterior, es de resaltar que la Corte Constitucional[footnoteRef:3] ha indicado que el carácter subsidiario de la acción de tutela busca « reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos ». [3: CC Sentencias T-580 de 2006;
T-603 de 2015; T-375 de 2018 entre otras. ] 9.3. Adicionalmente, esa Corporación puntualizó, sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que se alegue una vía de hecho en relación con una actuación judicial en trámite, que: De acuerdo, también, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela es improcedente cuando el proceso no ha concluido y se pide la protección del juez constitucional para atacar providencias judiciales en trámite en las que se alegue una vía de hecho, por la sencilla razón de que no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la actuación, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos.
Es decir, la improcedencia de la acción de tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso. De allí que la Corte ha señalado que no toda irregularidad en el trámite de un proceso constituye una vía de hecho amparable a través de esta acción[footnoteRef:4]. (Negrilla y subrayado fuera de texto). [4: Sentencia CC T-418 de 2003. ] 9.4.
Por ello, es obligatorio acudir, en primer lugar, a los recursos jurisdiccionales con los que se cuente para conjurar la situación que se estime lesiva de derechos, pues de lo contrario, el juez constitucional sustituiría a los naturales en sus funciones correspondientes. 10. Para el caso que nos ocupa, advierte esta Sala que, de las respuestas allegadas y el texto de la demanda, se encontró que contra la decisión de negar el subrogado CARMONA RESTREPO interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, primero que se encuentra pendiente de ser resuelto por el Juzgado accionado, y que en caso de confirmar la negativa a la solicitud presentada, procede la apelación que será conocida por el Juez que conoció el proceso penal en primera instancia. 10.1.
De manera que, un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, constituye un aspecto ajeno al ámbito de injerencia del juez de tutela, que se limita a ejercer un control constitucional, pero de ninguna manera extensivo al acierto propio de las instancias, dado que la acción de amparo ha sido instituida para garantizar la defensa de los derechos fundamentales, pero no constituye una instancia adicional o paralela a la de los funcionarios competentes, contrario a la percepción del demandante, que busca la intromisión del juez de amparo al margen de los mecanismos de defensa aún vigentes dentro del proceso penal. 10.2.
Por último, no alegó, ni demostró el accionante un perjuicio irremediable que amenace sus derechos fundamentales. 11. Por todo lo visto se confirmará la decisión de primera instancia, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas. En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, VI.
RESUELVE
1°. CONFIRMAR la sentencia impugnada, de acuerdo con las consideraciones expuestas. 2°. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3°. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser impugnada la presente decisión.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 13