CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicado No. 82055 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 2 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO MAGISTRADO PONENTE STP12905-2015 Radicación No. 82055 Acta No. 338 Bogotá, D. C., septiembre veinticuatro (24) de dos mil quince (2015).
I. VISTOS: Resuelve la Sala lo relacionado con la acción de tutela instaurada por ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO, contra las decisiones proferidas por el Juzgado 5ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, por la presunta conculcación de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
II.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓ: 1. De la información que reposa en la presente actuación se pudo establecer que previa aceptación de cargos y la rebaja de pena de hasta la mitad, un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, mediante sentencia fechada 20 de noviembre de 2007, condenó al ciudadano ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO a la pena principal de 230 meses de prisión y multa de 2.250 s.m.l.m.v., al ser encontrado autor responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. 2.
Por considerar que lo señalado en la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de febrero de 2013, radicado No. 33254, le resultaba favorable, el sentenciado solicitó la redosificación de la sanción impuesta en la actuación penal referenciada. 3. El Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en proveído fechado 09 de enero del año en curso negó la petición por considerar que a pesar de la prohibición establecida en la Ley 1121 de 2006, ya se le había efectuado una rebaja considerable, por ende, la pena impuesta se dosificó de conformidad con la norma más favorable. 4.
Inconforme con el anterior pronunciamiento la parte actora interpuso y sustentó el recurso de apelación, alegando que en los términos establecidos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia citada, en su caso no se debió dar aplicación al aumento de pena previsto en la Ley 890 de 2004. 5. Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial confirmó la decisión pero porque en los términos señalados en el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, si bien, el Juez de penas está facultado para dar aplicación al principio de favorabilidad, también lo era que sólo era procedente en caso que una ley posterior que así lo permitiera y, como el fundamento de la petición era la aplicación de jurisprudencia, lo procedente era recurrir a la acción de revisión. 6.
Con argumentos similares a los que expuso al momento de sustentar el recurso de apelación referenciado, ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO acude al Juez de tutela para que previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991, garantice sus derechos fundamentales, y en consecuencia, se ordenara a las autoridades accionadas, estudiaran la viabilidad, conforme a lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación 33254 del 27 de febrero de 2013, concederle “ la reducción de pena del incremento punitivo en su art. 14 de la Ley 890 de 2004”, en el proceso que cursó en su contra por los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN: Esta Corporación asumió el conocimiento del asunto y ordenó comunicar lo pertinente a las autoridades judiciales accionadas, para que si a bien lo tenían, ejercieran el derecho de contradicción. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. 2.
Hecho el reconocimiento de que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales y únicamente cuando la decisión del juez implica la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado la necesidad de que las deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los procesos judiciales regulares porque todos ellos están adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí puedan producirse. 3.
Es indiscutible que la solicitud de protección constitucional presentada por el ciudadano ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO está dirigida a socavar la firmeza de las decisiones proferidas por los despachos judiciales que conocieron de la solicitud de readecuación de la pena impuesta en el proceso que cursó en su contra por los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. 4.
Hecha la anterior precisión, precisa la Sala que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina: " Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio." El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 5.
Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo. 6.
La excepcionalidad del amparo constitucional cuando se cuestionan decisiones judiciales. 6.1. El propósito de la tutela es la protección inmediata de derechos fundamentales frente a su amenaza o vulneración por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares, en los estrictos casos señalados en la ley. El Constituyente dispuso que su procedencia está atada a que dentro del ordenamiento jurídico no exista otro medio de defensa, salvo que se esté ante un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio. 6.2.
Cuando lo cuestionado es una providencia judicial, es preciso analizar tanto la presencia del otro mecanismo de defensa y su idoneidad, como las causales de procedibilidad de la acción. Ello porque, con el fin de respetar la autonomía judicial, no desconocer la intangibilidad de la cosa juzgada ni el principio de seguridad jurídica, el amparo constitucional tiene carácter excepcional.
En efecto, la tutela no fue instituida como instancia adicional ni para sustituir a los jueces ordinarios o para deslegitimar sus decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. Sólo ante actuaciones abiertamente arbitrarias, groseras o caprichosas, que, por contera, afecten en forma grave un derecho fundamental, resulta admisible la intervención del juez constitucional.
La jurisprudencia de esta Sala de Casación, acogiendo directrices trazadas por la Corte Constitucional, ha admitido la viabilidad de la tutela cuando se compruebe que la decisión reprochada adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución; y siempre que se confirmen los requisitos genéricos de procedibilidad que habilitan su interposición, esto es: i) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; ii) que el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; iv) que la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); v) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela.
(C.C. C-590/05 y T-950/06). 7. Revisada la información que hace parte de este trámite constitucional, desde ya ha de señalar la Sala que la solicitud de amparo resulta improcedente porque si bien, fue elevada en un término razonable, también lo que es que ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO no logra demostrar de qué manera se le haya vulnerado algún derecho fundamental que deba proteger el juez de tutela.
En efecto: el trámite de la vigilancia y ejecución de la pena impuesta en la actuación penal que cursó en su contra por los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, se viene adelantando bajo los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico patrio, garantizándosele de esta manera un debido proceso, y de ahí que no pueda predicarse la existencia de vías de hecho, única posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de carácter judicial. 8.
A lo anterior se suma que el sentenciado frente a la decisión proferida el 09 de octubre de 2015 por el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, utilizó los medios que la ley establece para la protección de sus derechos fundamentales, tanto así que interpuso y sustentó el recurso de apelación. El hecho que el Tribunal se haya apartado de los planteamientos propuestos por el sentenciado, que son similares a los que quiere hacer valer en esta sede, no por ello debe decirse que la actuación de los funcionarios judiciales accionados se hayan apartado del ordenamiento jurídico y amerite la intervención del juez de tutela. 9.
Además, basta observar la decisión proferida el 22 de mayo de 2015 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, para establecer que allí de manera clara y precisa se exponen los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a la Corporación Judicial demandada a negar las pretensiones del aquí accionante, máxime cuando frente a la aplicación por favorabilidad de la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de febrero de 2013, radicado No. 33254, le puso de presente que en los términos establecidos en el numeral 7° del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, podía recurrir a la acción de revisión, instrumento éste establecido por el legislador a través del cual se busca quebrar la fuerza de cosa juzgada que reviste la sentencia, en defensa de la justicia. De suerte que no le es dable al actor acudir a esta vía excepcional para sacar avante sus pretensiones, es decir, no se puede pretender que el juez de tutela interfiera de tal manera en la solución de asuntos y de paso quebrante el principio constitucional fundamental del juez natural. 10.
Y justamente el soporte de una tal prédica lo establece el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional contenido en el inciso 3° del artículo 86 Superior cuando en su numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación ésta que no se evidencia en el presente evento, porque si ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO se encuentra privado de la libertad es producto del fallo condenatorio dictado en su contra por un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que previa aceptación de cargos, lo condenó como autor responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. 11.
Así pues, al quedar demostrado que la Sala accionada expuso las razones por las cuales confirmó el pronunciamiento dictado por el Juez ejecutor de penas a través del cual negó la readecuación de la pena elevada por ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO, es una circunstancia que la aleja de ser arbitraria o caprichosa que amerite la intervención del juez de tutela. 12.
De lo expuesto es evidente que el accionante, en esencia, pretende a través de este instrumento censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual torna improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial.
Y, 13. Como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida por el ciudadano ÓSCAR YESID RODRÍGUEZ CARRILLO. Y, 2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 8 13