Tutela de primera Instancia Radicado 147.147 CUI 11001020400020250169000 David Leonardo Hernández Carreño SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N.°2 JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ Magistrado ponente  STP12474-2025 Radicación N.°147.147 Acta 177 Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025). I. MOTIVO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por David Leonardo Hernández Carreño en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. II.

ANTECEDENTES 1. La demanda. David Leonardo Hernández Carreño afirmó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aún no ha devuelto el expediente 11001600072120200050701 al Juzgado 7º Penal del Circuito de esa ciudad, y que ese despacho, a su vez, tampoco lo ha remitido a los Juzgados de Ejecución de Penas de ese lugar. Por este motivo, interpuso acción de tutela en contra de las autoridades accionadas, por la posible vulneración de sus derechos fundamentales.

Pidió a la Corte ordenar a la Corporación accionada enviar de manera inmediata el proceso mencionado al Juzgado de primera instancia y que este, a su vez, lo remita al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá. 2. Trámite de la acción. El 16 y el 22 de julio de 2025, la Corporación admitió la acción, y vinculó a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a los Centros de Servicios del Sistema Penal Acusatorio y Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Bogotá, y al Centro Penitenciario de Mediana Seguridad la Modelo.

Así como a las partes e intervinientes del proceso penal 11001600072120200050701. 3. Las respuestas. El Juzgado 7º Penal del Circuito de Bogotá enunció las actuaciones del proceso 11001600072120200050701. La Secretaría de la Sala de Casación Penal indicó que el 8 de agosto de 2024, devolvió el expediente enunciado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Esa Corporación informó que el 18 de julio de 2025 regresó el expediente al Juzgado 7º Penal del Circuito de esa ciudad.

El Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá señaló que, el 22 de julio de 2025, remitió la actuación al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de esa ciudad. Esta dependencia refirió que el proceso le correspondió al Juzgado 15 de Ejecución de Penas de Bogotá. III. CONSIDERACIONES 1. Competencia. Según el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, la Sala es competente para resolver este asunto en primera instancia, por cuanto el procedimiento involucra a un Tribunal Superior de Distrito Judicial. 2.

El derecho de postulación en los procesos penales. Es oportuno destacar que cualquier requerimiento que las partes e intervinientes, en el proceso penal, formulen ante las autoridades judiciales no puede asumirse desde la óptica del derecho fundamental de petición, sino de postulación. Este último, como uno de los elementos del núcleo esencial del debido proceso.

Ello es así, por cuanto lo pretendido por los sujetos procesales, en la mayoría de los casos, requiere de un pronunciamiento de carácter netamente jurisdiccional. Así, para responder esas solicitudes, los jueces y fiscales deben verificar si los interesados cumplen o no con las exigencias constitucionales y legales de las materias que postulan. 3.

La carencia de objeto de la acción de tutela. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional – Cfr. Sentencias: SU-255-2013; SU-522-2019; T-200-2022, entre otras–, la carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta cuando la acción de tutela pierde su razón de ser debido a que las circunstancias que motivaron la posible afectación de derechos desaparecen.

Esto implica que cualquier orden del juez caería en el vacío. Ese fenómeno se configura en tres supuestos: (i) el hecho superado[footnoteRef:1], (ii) la situación sobreviniente[footnoteRef:2] y (iii) el daño consumado[footnoteRef:3]. [1: Se presenta cuando la pretensión de la acción de tutela se cumple antes de que se profiera una orden de amparo y por la actuación voluntaria de los accionados dentro del proceso.

Es importante indicar que esta alternativa puede presentarse hasta antes del fallo en sede de revisión ante la Corte Constitucional (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019).] [2: Esta hipótesis se presenta en aquellos eventos en los cuales cualquier otra circunstancia implique que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío, como, por ejemplo, cuando: (i) el actor asume la carga para superar la situación vulneradora, (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada– logra que la pretensión se satisfaga, (iii) sea imposible proferir una orden por razones no atribuibles a la entidad demandada, o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis (Cfr. Corte Constitucional.

Sentencias SU-522 de 2019 y SU-255 de 2013).] [3: Este evento ocurre cuando la afectación que la tutela pretendía evitar se perfecciona. Ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación (Cfr. Corte Constitucional. Sentencias SU-522 de 2019).] 4.

Caso concreto. David Leonardo Hernández Carreño pidió a la Corte ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá enviar el proceso 11001600072120200050701 al Juzgado 7º Penal del Circuito de esa ciudad, y a ese despacho remitir el expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas de ese lugar. 5. De acuerdo con las pruebas aportadas a la actuación, la Corte advierte lo siguiente: a. El 21 de septiembre de 2021, el Juzgado 7º Penal del Circuito de Bogotá condenó a David Leonardo Hernández Carreño a 150 meses de prisión como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años.

Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, bajo el radicado 11001600072120200050701. b. La defensa apeló. El 25 de noviembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión. c. En desacuerdo el apoderado del actor interpuso y sustentó la demanda de casación. d. El 12 de junio de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso. e. El 19 de junio de 2024, David Leonardo Hernández Carreño presentó insistencia. f. El 5 de agosto siguiente, la Procuraduría 2ª delegada para la Casación Penal negó la postulación. g. El 8 de agosto de 2024, la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio 8684, devolvió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. h. El 18 de julio de 2025, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá regresó el proceso 11001600072120200050701 al Juzgado 7º Penal del Circuito de esa ciudad. i. El 22 de julio de 2025, el Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá remitió la actuación al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de esa ciudad. l. El Centro de servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá repartió el proceso al Juzgado 15 de esa especialidad y lugar. 6.

Puestas así las cosas, la Sala advierte que, el 18 de julio de 2025, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá devolvió el expediente 11001600072120200050701 al Juzgado 7º Penal del Circuito de Bogotá. El 22 de julio siguiente, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá lo remitió al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de esa ciudad.

Por su parte, esa dependencia repartió el proceso al Juzgado 15 de Ejecución de Penas de ese lugar. 7. Ante este panorama, la Corte concluye que la afectación que originó la vulneración alegada por David Leonardo Hernández Carreño cesó, porque durante el trámite de la acción las autoridades demandadas remitieron el proceso al Juzgado de Ejecución de Penas competente para vigilar la pena impuesta al actor. 9.

En consecuencia, la Corporación declarará improcedente la acción por hecho superado. IV. DECISIÓN Por lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N.°2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero. Declarar improcedente, por hecho superado, la acción de tutela instaurada por David Leonardo Hernández Carreño en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Segundo. Notificar esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Contra esta providencia procede el recurso de impugnación, de acuerdo con el artículo 31 de la norma citada.

Cuarto. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 2