STP12397-2014 — Corte Suprema

STP12397-2014Corte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2014

Magistrado ponente: José Leonidas Bustos Martínez

Decreto 1382 de 2000Decreto 2591 de 1991Ley 941 de 2005

De qué trata

Tema: DERECHO CONSTITUCIONAL - Estado social de derecho: fines esenciales del Estado Tesis: «A la luz del art. 1º de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, fundado, entre otros principios, en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran. Desde esta perspectiva, a tono con el art. 2º ejusdem, son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Así, entonces, continúa la norma, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.» ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Principios: deber de los funcionarios y empleados de garantizar los derechos de quienes intervienen en el proceso Tesis: «La administración de justicia, indica el art. 228 ibídem, es función pública y en sus actuaciones prevalecerá el derecho sustancial. Por su parte, el art. 4º de la Ley 270 de 1996 contempla que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Al tiempo que, los arts. 7º y 9º ejusdem disponen que los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo. Asimismo, es deber de éstos respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.» ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Funciones de policía judicial: dirección, coordinación y control a cargo del Fiscal General de la Nación o sus delegados Tesis: «A tono con el art. 33 de la Ley 270 de 1996, el Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria directamente o por conducto de los organismos que ésta señale.» INVESTIGACIÓN PENAL - Ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias - Garantías de la víctima: medidas para la identificación de cadáveres Tesis: «El Protocolo de Minnesota de 1991 y el Protocolo de Estambul,contemplan, éste primero, como objeto general de una indagación, descubrir la verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron la muerte sospechosa de una víctima. De este modo, para cumplir este objetivo, quienes realizan la indagación deben adoptar, como mínimo, por reseñar algunas medidas: identificar a la víctima; determinar la causa, la forma, la ubicación y la hora de la muerte, así como toda modalidad o práctica que pueda haber provocado la muerte; distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; en tanto, el segundo señala como propósito de la investigación, aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus familias. Lo anterior, resulta concordante con el principio 4º del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, por cuyo medio prevé que independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima. Ahora, el manual, implementado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, para la identificación de Cadáveres en la práctica forense describe técnicas que conducen a determinar tanto una identificación indiciaria como una fehaciente. En lo que concierne a la identificación indiciaria señala las siguientes técnicas: Aspectos morfocromáticos y características bioantropológicas (talla, peso, edad, color de ojos, piel y cabello). Señales particulares (características únicas altamente distintivas como amputaciones, deformidades, tatuajes, cicatrices de cirugías u otras, etc.). Descripción dental (cuando no existe una historia odontológica premortem que permita hacer un cotejo fehaciente, pero sí una descripción referida por el entrevistado con particularidades como cambios de coloración en incisivos anteriores, malposiciones o diastemas, ausencias, entre otros). Descripción de prendas de vestir y pertenencias. En cuanto a la identificación fehaciente refiere los sucesivos métodos: Cotejo dactiloscópico o comparación de huellas digitales. Cotejo odontológico o comparación de rasgos correspondientes a tratamientos odontológicos o patologías específicas establecidos a través de carta dental y/o radiografías o moldes. Cotejo genético o comparación de perfiles genéticos mediante análisis de muestras biológicas antemortem con muestras postmortem del mismo individuo- o de muestras postmortem con muestras de familiares -primer grado de consanguinidad-. Mediante comparación de rasgos de radiografías del cadáver con el mismo tipo de radiografías antemortem (p.e. de senos paranasales, de osteopatías -por enfermedad o trauma-). Hallazgo en el cadáver de material de osteosíntesis o prótesis con números de referencia coincidentes con los documentados y registrados en Historia Clínica (colocados durante procedimientos quirúrgicos). Señales particulares inconfundibles. » DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Vulneración al omitir la asignación de las diligencias relacionadas con la desaparición o muerte cuya investigación se solicita y no suministrar la información registrada en la Seccional de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación Tesis: «(...) para la Sala resulta clara la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de JOSÉ GREGORIO SOTO ÁLVAREZ, por varias razones. El primero, a saber, es que pese a acudir a la Fiscalía con el fin de obtener información en relación con la muerte o desaparición de su hermano, la cual cree que ocurrió en el año de 1997 en el anillo vial de Los Patios, ningún dato se le suministró, pues solo en el marco de este trámite y, luego de que varias autoridades indicaran la imposibilidad de hallar algún registro relacionado, la Fiscalía Coordinadora Seccional de Cúcuta en contestación a la demanda del 26 de septiembre de 2014 indicó que «de la víctima de homicidio referenciado por el señor JOSÉ GREGORIO SOTO ÁLVAREZ se pudo establecer que efectivamente sucedió el 4 de marzo de 1997, sobre el anillo vial a 2 kilómetros de la autopista internacional Los Patios, hechos estos investigados bajo el radicado 20996, cuerpo este que fue identificado como JUAN CARLOS RODRÍGUEZ NEIRA Lo anterior, sin que acreditara que tal información le fue procurada al demandante. Ahora, si bien la Subdirección Seccional de Fiscalía de Norte de Santander surtió traslado al Fiscal Coordinador de la Oficina de Asignaciones, con el objeto de que "proceda a la asignación de las diligencias a un Fiscal competente para que inicie las averiguaciones correspondientes por la presunta desaparición del señor José Benildo Soto Álvarez" y la Fiscal Seccional Coordinadora de Cúcuta puntualizó que "se envió a la oficina de asignaciones el relato del señor José Gregorio Soto Álvarez para que se dé inicio a una investigación preliminar", lo cierto es que tampoco se verifica que, en efecto, ello haya ocurrido y que de tal trámite se le haya informado al demandante, pues en la impugnación manifiesta que ningún dato ha recibido en relación con la cuestión fáctica objeto del reproche constitucional.» DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Derechos de las víctimas en el proceso penal: tutela judicial efectiva Tesis: «(...) la Corte Constitucional ha reiterado que, desde la perspectiva constitucional, la adopción por parte del Constituyente del modelo de Estado Social de Derecho implicó que el acceso a la administración de justicia, así como los demás derechos reconocidos en la Constitución, deben ser garantizados de forma efectiva, dado que su simple protección formal, por ejemplo, su mera enunciación en la Carta Política sería incongruente con el mandato de respeto de la dignidad humana; de allí, entonces, que el artículo 5º de la Constitución haya reconocido, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas dentro de los cuales se encuentra el de acceder a la administración de justicia, que debe ser garantizado de forma material y efectiva. En este sentido, de acuerdo con lo ordenado por el inciso 1º del artículo 2º de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 228 ídem y 1º de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- la cual señala: “la administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”. Ahora, sobre la reconceptualización de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal de 2004, la Corte Constitucional ha precisado que: En el orden interno colombiano, la Constitución Política, consagra en su artículos 29 y 229, el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental, susceptible de ser amparado a través de la acción de tutela (Art. (86 C.P.), pero además como expresión medular del carácter democrático y participativo del Estado. En su ámbito se inscribe el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, del cual forman parte las garantías de comunicación e información, que posibilitan el agotamiento de las acciones y los recursos judiciales, los cuales se constituyen en los mecanismos más efectivos para proteger y garantizar eficazmente los derechos de quienes han sido víctimas de una conducta punible. Del deber del Estado de proteger ciertos bienes jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de garantizar la protección judicial efectiva de los mismos. Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo (CP, artículos 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia que su garantía depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención no sólo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la Corte constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.» DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Derecho que implica la resolución de los asuntos puestos a consideración de los órganos jurisdiccionales Tesis: «(...) el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que implica la resolución de los asuntos puestos a consideración de los órganos jurisdiccionales, en armonía con los principios de celeridad y eficiencia consagrados en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política como en los artículos 4º y 7º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Desde este panorama, la Sala concederá la protección deprecada por JOSÉ GREGORIO SOTO ÁLVAREZ, con la finalidad de que se le suministre la información registrada respecto de los hechos acaecidos en marzo de 1997 en el anillo vial de Los Patios y, se proceda, de no haberse efectuado aun, a la asignación de los hechos relacionados con la desaparición o muerte de su hermano, de lo cual también se le informará. Todo ello, encaminado a que, desde la actuación penal, pueda esclarecer los hechos en que desapareció su hermano y activar los mecanismos judiciales a que haya lugar, en armonía con lo dilucidado en la parte general de este fallo, incluso, provocar el proferimiento de una decisión judicial con miras a obtener el registro civil de defunción reclamado, en los términos del artículo 79 de la Ley 1260 de 1970.»

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicado: T-75.477 Accionante: BLANCA DORIS TRUJILLO GONZÁLEZ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ Magistrado Ponente STP12397-2014 Radicación No. 75.477 (Aprobado acta número No. 296) Bogotá, D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil catorce (2014).

OBJETO DE LA DECISIÓN Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la impugnación interpuesta, en nombre propio, por BLANCA DORIS TRUJILLO GONZÁLEZ, contra el fallo de tutela emitido el 1º de agosto de 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante el cual negó el amparo de sus derechos fundamentales, supuestamente vulnerados por la Defensoría del Pueblo Regional Huila.

ANTECEDENTES RELEVANTES El 11 de noviembre de 2013, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Campoalegre (Huila), por solicitud de la Fiscalía 15 Seccional, se llevaron a cabo las audiencias preliminares en contra de BLANCA DORIS TRUJILLO GONZÁLEZ, a quien se le formuló imputación por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Posteriormente, el 13 de enero de 2014, la Fiscalía radicó escrito de acusación y se fijó el día 3 de octubre de la misma anualidad para la realización de la audiencia.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN En nombre propio, BLANCA DORIS TRUJILLO GONZÁLEZ promovió acción de tutela en contra de la Defensoría Regional del Pueblo de Huila, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que se le negó la solicitud de cambio del defensor público, quien asumió su representación en el marco del proceso penal que se sigue en contra, puesto que, dice, tal profesional del derecho no le informó si presentó alguna solicitud ante la Fiscalía, tendiente a demostrar su inocencia. FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante fallo del 1º de agosto de 2014, negó el amparo invocado, con base en los siguientes argumentos: i) la Defensoría del Pueblo Regional de Huila concluyó que el defensor público asignado a la demandante ha actuado con «diligencia, compromiso y profesionalismo», por consiguiente, con tal soporte contestó y negó la solicitud de cambio del profesional del derecho; ii) mismo que la ha asistido a las diligencias realizadas dentro del proceso penal que se adelanta en su contra; iii) al tiempo que ha efectuado visitas al centro de reclusión donde se encuentra privada de la libertad; iv) e, igualmente, le indicó sobre la improcedencia de la solicitud de libertad que elevó por vencimiento de términos. Por lo anterior, concluyó que «las actuaciones realizadas por los accionados no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que, desde la realización de las audiencias preliminares y hasta la fecha, la actora ha sido asistida por un defensor público, encontrándose pendiente la diligencia de formulación de acusación; además, los demandados han actuado de acuerdo a sus obligaciones legales, por lo que no es procedente acceder a la solicitud de amparo pretendida».

IMPUGNACIÓN La demandante manifestó su intención de impugnación, pero se abstuvo de sustentarla. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala, con fundamento en el numeral 2º del art. 1º del Decreto 1382 de 2000, en armonía con el art. 46 del Acuerdo No. 006 del 12 de diciembre de 2012, es competente para conocer de las impugnaciones promovidas en contra de las sentencias de tutela dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Por su parte, según el art. 32, inc. 2° del Decreto 2591 de 1991, el juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándolo con el acervo probatorio y con el fallo. Si a su juicio este carece de fundamento, procederá a revocarlo, mientras que si lo encuentra ajustado a derecho lo confirmará. A su turno, el art. 86 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o cuando, existiendo, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

Presupuestos de procedencia de la acción de tutela. En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el mecanismo mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que, considera, le han sido vulnerados.

De tal forma, la competencia del juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el cual se afirma la violación o amenaza de las garantías superiores. Es por ello que se han fijado criterios generales sobre la procedencia formal del amparo, estatuidos en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, cuyo numeral primero señala la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para lograr la protección que por vía de la acción constitucional se pretende obtener.

Tal exigencia sólo admite excepción en el evento en que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando de esta manera un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de aquélla.

Análisis del caso concreto 1. La demandante se abstuvo de sustentar la impugnación. Con todo, se advierte que la petición de amparo se encaminó a cuestionar la negativa de la Profesional Administrativa y de Gestión de la Defensoría del Pueblo Regional de Huila para cambiarle el defensor público que actualmente la representa, en el marco del proceso penal que por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes se sigue en su contra. 2.

Pues bien, de acuerdo con el art. 24 de la Ley 941 de 2005, son funciones de los Coordinadores Administrativos y de Gestión: 1. Coordinar y controlar el desarrollo del servicio de defensoría pública de la unidad a su cargo en cada oficina regional o seccional. 2. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que en la unidad a su cargo, en cada oficina regional o seccional, hagan parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, de conformidad con la ley y la reglamentación que se establezca. 3.

Presentar bimestralmente informe de gestión o cuando el Director del Sistema Nacional de Defensoría Pública lo solicite. 4. Apoyar el programa de capacitación del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la unidad a su cargo, en cada oficina regional o seccional, bajo la coordinación de la Unidad de Capacitación e Investigación. 5. Consolidar las estadísticas de prestación del servicio en la unidad a su cargo en cada oficina regional o seccional. 6.

Las demás funciones que el Director del Sistema le solicite asumir y se encuentren relacionadas con la prestación del servicio de la defensoría pública. Por su parte, el art. 31 ejusdem prevé las siguientes obligaciones que debe cumplir el defensor público: 1. Manifestar la existencia de cualquier impedimento. No podrá tener interés personal con la causa ni con el usuario que representa. 2.

Ejercer defensa técnica, idónea y oportuna. 3. Verificar el respeto de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las garantías judiciales por parte de las autoridades en los procesos a su cargo. En caso de violación interponer los recursos que estime pertinentes e informar por escrito a la Defensoría Regional sobre dichas violaciones y las acciones adelantadas para contrarrestarlas. 4.

Asumir inmediatamente, con atención y diligencia hasta el final del proceso, la representación judicial o extrajudicial en los asuntos asignados por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 5. Guardar absoluta reserva y secreto sobre los hechos, informaciones o cualquier dato o evidencia conocidos en el ejercicio de su labor, salvo las excepciones establecidas por la ley. 6.

Cumplir sus obligaciones de acuerdo con las normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado y las que reglamenten su desempeño como defensor público, y abstenerse de asumir la defensa como apoderado particular dentro de los procesos en los cuales haya actuado en calidad de defensor público o haya prestado asesoría. 7. Rendir informes al Coordinador Administrativo y de Gestión de acuerdo con los parámetros establecidos por el Director del Sistema Nacional de Defensoría Pública. 8.

Las demás que deriven de la naturaleza de su labor y las que el Director del Sistema Nacional de Defensoría Pública señale. 3. Así, entonces, se evidencia que la Profesional Administrativa y de Gestión de la Defensoría del Pueblo Regional de Huila, en el término de contestación de la demanda, rindió informe por cuyo medio detalló la permanente asistencia del defensor público asignado en el caso de la demandante, así como las visitas que ha realizado a la accionante en el establecimiento carcelario, donde se encuentra privada de la libertad y, el asesoramiento que la ha suministrado, particularmente, respecto de la improcedencia de la solicitud de libertad que por vencimiento de términos presentó, pedimento que no coadyuvó y en relación con el cual BLANCA DORIS TRUJILLO GONZÁLEZ manifestó su inconformidad e intención de que se le asignara un nuevo representante; tales aspectos, en consonancia con los preceptos descritos, fueron sopesados y verificados para negar tal solicitud, en cuanto no se observó el incumplimiento de las obligaciones del defensor público.

Lo reseñado lleva a la Sala a concluir que al sub júdice no le subyace ningún hecho vulnerador de la garantía reclamada, en razón a que, sustancialmente, la inconformidad de la accionante se centra en la negativa de la Profesional Administrativa y de Gestión de la Defensoría del Pueblo Regional de Huila para acceder a su solicitud de cambio de defensor público.

No obstante ello, se observa que dicha contestación encuentra sustento válido en cuanto se procuró de acuerdo con la competencia de dicha funcionaria, en consonancia con la verificación del cumplimiento de las obligaciones del profesional del derecho. De modo que, guardando dicha respuesta un sustento razonable conforme el ordenamiento jurídico mal resultaría predicar que a partir de la misma deviene un cercenamiento a las garantías sustanciales demandadas.

Razón por la cual, la Sala confirmará el fallo objeto de impugnación. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE Primero. CONFIRMAR el fallo impugnado. Segundo. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. REMITIR el expediente con destino a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER PATRICIA CUÉLLAR SALAZAR NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA SECRETARIA � Decreto 1382 de 2000. Art. 1º: 2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal.

Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto. � Reglamento General.

Art. 46: De las impugnaciones contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que resuelvan las acciones de tutela en que sea accionada cualquier autoridad pública de orden nacional, conocerá la Sala de Casación que sea el respectivo superior funcional de quien las haya dictado. 1 10