República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación N° 75739 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 2 JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MAGISTRADO PONENTE STP12291-2014 Radicación N° 75739 Aprobado acta N° 302 Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014). V I S T O S La Sala decide en primera instancia la acción de tutela interpuesta por el ciudadano JOSÉ YOBANCY MOSQUERA PEREA, contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, trámite al cual fue vinculada la Fiscalía de Conocimiento y las víctimas, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Según lo refieren las diligencias como consecuencia de las lesiones propinadas a la señora Yarelis Amaris Muñoz el 8 de noviembre de 2012, que le causaron la muerte, fue capturado en flagrancia su compañero sentimental JOSÉ YOBANCY MOSQUERA PEREA, a quien le fue comunicada la imputación por el delito de homicidio agravado previsto en los artículo 103 y 104-1 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1257 de 2008, y al que se allanó de manera unilateral.

Las diligencias pasaron al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la ciudad de Bogotá, despacho que verificó la legalidad del allanamiento y emitió sentencia el 18 de febrero de 2013 a través de la cual se condenó al procesado a la pena de 376 meses 23 días de prisión y 20 años de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Al ser impugnada dicha decisión por el delegado de la Fiscalía y el defensor técnico del condenado, los que al unísono reclamaron aplicar por favorabilidad la rebaja contemplada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del fallo de 31 de mayo de 2013, la modificó en el sentido de imponer como pena principal 376 meses 7 días de prisión, confirmando en los demás. En tales condiciones, el ciudadano JOSÉ YOBANCY MOSQUERA PEREA promueve la presente acción de tutela en procura de amparo para los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y precedente judicial que estima conculcados por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad.

En sustento del amparo pretendido, el actor expone una serie de inconformidades en relación con la condena emitida en su contra, al considerar que el agravante por el cual fue condenado no se acreditó, hecho que no fue valorado por el Tribunal al momento de resolver la impugnación, como tampoco la legalidad de la pena por la indebida aplicación de cuartos, pues de haberse tenido en cuenta o haber tenido una debida defensa técnica la conclusión necesariamente pudo ser otra, ya que ni siquiera fue materia de estudio el estado de enajenación mental transitoria en la que se encontraba por la ingesta del licor como tampoco la ira.

Por lo anterior, solicita se amparen sus derechos y en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia proferida en su contra, para que en su lugar se redosifique la pena respetando los límites legales. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Al avocar el conocimiento de la presente acción se dio cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 por lo que en el auto admisorio de la demanda, se ordenó vincular a las autoridades y entidades accionadas, a las que se surtió traslado para el ejercicio del derecho de contradicción y se solicitó información sobre el asunto.

Frente a tal requerimiento, el Magistrado Ponente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá informa que la providencia censurada por el actor fue dictada conforme a derecho para lo cual allega copia de la misma, solicitando declarar improcedente la acción constitucional al no haberse agotado el recurso de casación y porque la aceptación de cargos realizada en la imputación no es retractable.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, en tanto ella se dirige contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y el Juzgado 3º Penal del Circuito de la misma ciudad.

Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.

No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan “ vías de hecho ” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos el amparo se ofrece necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.

Como en el presente asunto, la petición de amparo se orienta a censurar actuaciones penales surtidas dentro del proceso adelantado en contra de JOSÉ YOBANCY MOSQUERA por los delitos de homicidio agravado, surge imperioso precisar que la evolución jurisprudencial en torno a la vía de hecho judicial ha permitido construir una serie de causales de procedibilidad, que implican no solo una carga para el actor en su invocación, sino también en su demostración, como en efecto lo ha expuesto la Corte Constitucional (sentencia C-595-05) al determinarlas así: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos. Es así como, de la verificación que en el presente caso se logra frente al cumplimiento de tales presupuestos debe advertirse que no se agotaron los medios de defensa judicial que le ofrece el legislador al accionante frente a la decisión cuestionada, pues desechó la opción de recurrir la sentencia del Tribunal por la vía extraordinaria de casación, oportunidad que se le brindó para obtener el restablecimiento de los derechos presuntamente desconocidos al interior del proceso, a través del recurso instituido como un control constitucional y legal sobre las sentencias de segunda instancia, que además propende por la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías, la reparación de los agravios inferidos a los intervinientes y la unificación de la jurisprudencia. De manera que, si el peticionario contó con la posibilidad de impugnar la decisión cuestionada y no lo hizo, no puede ahora por vía de la acción de tutela pretender enmendar la falta de gestión y despreocupada postura procesal que adoptó en su momento, siendo entonces el propio interesado quien no respaldó su posición en el instante procesal oportuno, permitiendo que la sentencia de segundo grado alcanzara firmeza sin agotar la controversia probatoria que ahora plantea en sede de tutela.

No debe perderse de vista que el excepcional mecanismo de amparo no fue concebido para remediar las fallas de gestión en las que incurren los ciudadanos en la defensa de sus garantías de tipo fundamental, acceder a ello conllevaría a sustituir los cauces ordinarios de solución de las problemáticas y la jurisdicción constitucional abordaría el estudio de aspectos que no se compadecen con su existencia, en absoluto detrimento e irrespeto de los órganos judiciales de otras especialidades.

Al respecto, esta Corporación ha venido sosteniendo en jurisprudencia uniforme, que armoniza con la doctrina de la Corte Constitucional, que los conflictos que surgen en torno a vicios de garantía o de estructura, de valoración de las pruebas o interpretación de normas de carácter legal o reglamentario, son, en principio, asuntos de orden legal que compete resolver a los jueces ordinarios y escapan, por consiguiente, de la competencia del juez de tutela.

De otra parte, tampoco se cumple con el principio de inmediatez que rige la acción pública, pues obsérvese que el fallo de segunda instancia se profirió el 31 de mayo de 2013, luego es incuestionable que si el libelo constitucional se presentó el 3 de septiembre del presente año, esto es, transcurrido algo más de 15 meses después de la última fecha citada, carece de una interposición oportuna y razonable, pasividad que no deviene aceptable y que abriría espacio para que se acuda a la tutela sin atender un término razonable después de proferida la decisión, con lo que se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

En efecto, si bien no existe un lapso legal de caducidad dentro del cual deba intentarse la acción de tutela contra providencias judiciales, es preciso que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la interponga en un término razonable, pues no de otra forma se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario, caracterizado por el principio de celeridad y la protección inmediata que demanda.

Finalmente, aunque el incumplimiento en los requisitos de procedibilidad de la acción releva al juez constitucional para pronunciarse sobre el fondo del asunto, resulta necesario insistir que cuando el procesado acepta de manera voluntaria, libre y espontánea la imputación formulada por la fiscalía, y el juez de control de garantías o de conocimiento ha legalizado esa actuación, no es posible la retractación, pues asistido por su apoderado aceptó la culpabilidad del homicidio en cabeza de su compañera sentimental, de ahí la imputación del agravante y acertada dosificación de la pena por cuanto la misma se impartió del primer cuarto conforme la normatividad vigente al momento de los hechos y, sin que resulte semejante los aspectos facticos y jurídicos referidos en la sentencia emitida por esta Corporación dentro del radicado 33254 con las conductas por la que fue condenado el actor.

Así las cosas, como no se cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela que se invoca frente a una decisión judicial, se negarán las pretensiones deprecadas por el ciudadano JOSÉ YOBANCY MOSQUERA PEREA. De acuerdo con las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1.

Negar por improcedente las pretensiones de la demanda de tutela promovida por el ciudadano JOSÉ YOBANCY MOSQUERA PEREA, conforme a las anteriores motivaciones. 2. Notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. En firme esta determinación, remitir el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ Nubia Yolanda Nova García Secretaria PAGE 11