CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE Radicado No. 81474. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 2 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO MAGISTRADO PONENTE STP12186-2015 Radicación N° 81474 Acta No. 315 Bogotá, D.C., septiembre diez (10) de dos mil quince (2015).

I. VISTOS: Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el ciudadano CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES, frente a la sentencia proferida el 21 de julio del año en curso por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante la cual amparó los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente conculcados por los Juzgados 3° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y 1° Penal del Circuito con funciones de conocimiento, autoridades con sede en esa ciudad.

II.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. De la información que hace parte de este trámite constitucional se pudo establecer que mediante sentencia fechada 23 de junio de 2008, el Juzgado 1° Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, Risaralda, condenó al señor CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES a la pena principal de 253 meses y 07 días de prisión, por haber sido encontrado autor responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y amenazas a testigos, siendo víctima una adolescente. 2.

La vigilancia y ejecución de la pena la adelanta el Juzgado 3° de Ejecución de Penas y Medidas de la misma ciudad, que mediante proveído fechado 31 de marzo de 2015 y por expresa prohibición de la Ley 1098 de 2006, negó la solicitud de libertad condicional elevada por el sentenciado. 3. Contra la anterior decisión, el interesado interpuso oportunamente el recurso de apelación y solicitó su revocatoria, aduciendo que cumplía con los requisitos señalados en el ordenamiento jurídico para que se accediera a sus pretensiones. 4.

Mediante providencia fechada 05 de junio de 2015, el Juzgado 1° Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, la confirmó por las misas razones. 5. Como quiera que CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES no estuvo de acuerdo con las consideraciones expuestas por los despachos judiciales referenciados, a través de las cuales le negaron la libertad condicional, acudió al Juez de tutela en procura de amparo para sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad personal, si se tenía en cuenta que “ a partir que nace la Ley 1709 de 2014, se ha venido dando y concediendo la libertad condicional”.

III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN: 1. La Corporación Judicial competente admitió la demanda de tutela, dispuso comunicar lo pertinente a las autoridades judiciales accionadas y vinculó a los terceros que pudieran ser afectados con la decisión que pusiera fin al amparo solicitado por CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES para que si a bien lo tenían ejercieran el derecho de contradicción. 2.

El titular del Juzgado 1º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, se limitó a remitir copia de la decisión proferida 05 de junio del 2015 que es objeto de reproche por el aquí accionante. 3. Por su parte, el doctor CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ HENAO, Juez 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, consideró que no le había vulnerado ningún derecho fundamental al demandante porque si negó la libertad condicional solicitada fue con base en la prohibición legal establecida en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, esto es, por haber llevado a cabo el delito de acceso carnal violento sobre una adolescente. 4.

Para mejor proveer, el Magistrado Sustanciador practicó inspección judicial al proceso relativo a la ejecución de la pena impuesta a CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES, donde pudo establecer que: “al parecer el condenado ha carecido de representación legal durante el tiempo en que ha expiado la sanción, pues ninguna de las decisiones proferidas por los juzgados encargados de la vigilancia de la pena ha sido notificada a su defensor, y aunque por parte del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de esta capital se libró oficio 5217 de octubre 27 de 2014 -visible a folio 267- con destino al señor Defensor Regional del Pueblo para que le proveyera un Defensor Público al sentenciado, no existe respuesta alguna al respecto”. 5.

La Delegada del Ministerio Público, no encontró arbitrariedad alguna en la decisión proferida por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, la cual había sido controvertida mediante la utilización del recurso de apelación. IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, previo el estudio del acervo probatorio y la jurisprudencia nacional que consideró aplicable al caso, si bien, en principio consideró que las decisiones objeto de queja no configuraban una vía de hecho en ninguna de las modalidades que ampliamente ha determinado la Corte Constitucional, también lo es que al advertir que el demandante no estaba asistido por un profesional del derecho en el trámite de le ejecución de la pena impuesta por los delitos de acceso carnal violento agravado y amenazas a testigos, resolvió ampararle los derechos fundamentales al debido proceso y defensa técnica.

En consecuencia, dispuso invalidar la decisión proferida el 05 de junio de 2015 por el Juzgado0 1º Penal del Circuito de Pereira, a través de la cual se había desatado el recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada el 31 de marzo del año en curso por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, por indebida notificación de este último pronunciamiento.

A su vez, ordenó al Juez de penas referenciado adelantara las gestiones necesarias para obtener la designación de un Defensor Público, a quien se le debía notificar el auto dictado el 31 de marzo de 2015. Cumplido lo anterior, debía enviar nuevamente el expediente a la autoridad judicial competente para que se pronunciara frente al recurso interpuesto por el aquí accionante, “lo mismo que darle curso a los recursos de reposición y/o apelación que eventualmente crea pertinente interponer y sustentar su defensor”.

V. IMPUGNACIÓN: Notificado de la decisión proferida por el Tribunal a quo, CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES la recurrió y solicitó su revocatoria, insistiendo en que en su caso estaban acreditadas las exigencias previstas en la ley para que se le conceda la libertad condicional. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 1. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley. 2.

En la demanda, el ciudadano CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES solicita al Juez de tutela deje sin efectos las providencias dictadas por los Juzgados 3° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y 1° Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, por medio de las cuales resolvieron negarle la solicitud de libertad condicional elevada por el sentenciado. 3.

Hecha la anterior precisión, resulta necesario recordar que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina: " Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio." El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 4.

Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo. 5.

La excepcionalidad del amparo constitucional cuando se cuestionan decisiones judiciales. 5.1. El propósito de la tutela es la protección inmediata de derechos fundamentales frente a su amenaza o vulneración por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares, en los estrictos casos señalados en la ley. El Constituyente dispuso que su procedencia está atada a que dentro del ordenamiento jurídico no exista otro medio de defensa, salvo que se esté ante un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio. 5.2.

Cuando lo cuestionado es una providencia judicial, es preciso analizar tanto la presencia del otro mecanismo de defensa y su idoneidad, como las causales de procedibilidad de la acción. Ello porque, con el fin de respetar la autonomía judicial, no desconocer la intangibilidad de la cosa juzgada ni el principio de seguridad jurídica, el amparo constitucional tiene carácter excepcional.

En efecto, la tutela no fue instituida como instancia adicional ni para sustituir a los jueces ordinarios o para deslegitimar sus decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. Sólo ante actuaciones abiertamente arbitrarias, groseras o caprichosas, que, por contera, afecten en forma grave un derecho fundamental, resulta admisible la intervención del juez constitucional.

La jurisprudencia de esta Sala de Casación, acogiendo directrices trazadas por la Corte Constitucional, ha admitido la viabilidad de la tutela cuando se compruebe que la decisión reprochada adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución; y siempre que se confirmen los requisitos genéricos de procedibilidad que habilitan su interposición, esto es: i) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; ii) que el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; iv) que la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); v) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela. –CC SC-590 de 2005 y ST-950 de 2006-. 6.

Revisada la información que hace parte de la presente actuación constitucional, desde ya ha de señalar la Sala que la sentencia impugnada será confirmada porque CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES no logra acreditar de qué manera se le haya vulnerado algún derecho fundamental que deba proteger el juez de tutela, si se tiene en cuenta que demostrado está que en el trámite de la solicitud de libertad condicional tuvo la oportunidad de impugnar la decisión del funcionario judicial que vigila la pena a él impuesta en el proceso penal que cursó en su contra por los delitos de acceso carnal violento agravado y amenazas a testigos, garantizándosele de esta manera un debido proceso, y de ahí que no pueda predicarse la existencia de vías de hecho, única posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de carácter judicial. 7.

Además, el hecho que el Juzgado 1° Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, se haya apartado de los planteamientos propuestos al momento de sustentar el recurso de apelación -que son similares a los que quiere hacer valer la accionante en este trámite constitucional-, no por ello debe decirse que la actuación de los funcionarios judiciales vaya en contravía del ordenamiento jurídico patrio y amerite la intervención del Juez de tutela, máxime cuando para declarar la imposibilidad de conceder la libertad condicional reclamada, se apoyó en las prohibiciones establecidas en la Ley 1098 de 2006. 8.

En este punto agrega la Sala que en materia de negación de otorgamiento de beneficios penales a determinados delitos considerados especialmente graves la exclusión de beneficios y subrogados penales, es una decisión del poder legislativo que busca hacer efectivo el derecho a la justicia de las víctimas y, en un sentido más amplio, garantizar el cumplimiento del reproche social en contra de quien ha cometido una conducta que afecta, de forma grave, bienes jurídicos especialmente valiosos desde la perspectiva constitucional, como son aquellos que atentan contra los derechos fundamentales de los niños. 9.

Aspecto sobre el cual la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de esta Corporación (SP 07 sept. 2008, radicado 30299), al estudiar los alcances del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 -Ley de la Infancia y la Adolescencia- señaló que: “Una primera apreciación de la norma permite advertir cómo en ella el legislador, por política criminal, introduce una forma de limitar, o mejor, eliminar, beneficios legales, judiciales y administrativos, que no asoma insular o extraña a nuestra tradición legislativa en materia penal, dado que en el pasado se ha recurrido a similar método, el cual, no huelga resaltar, ha sido avalado por la Corte Constitucional, por entenderlo propio de la libertad de configuración legislativa que atañe al Congreso de la República.

Entonces, no es posible advertir de entrada, por la sola imposición de restricciones draconianas a un grupo especial de delitos, en este caso hermanados por la condición particular de la víctima –infante o adolescente-, que ello constituya, per se, una circunstancia violatoria de derechos o registre de entrada su inconsonancia con la normatividad constitucional, para efectos de abstenerse de aplicarla en virtud del mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad.

(…) En su interpretación natural y obvia, es claro que el precepto atrás destacado busca cerrar cualquier puerta que en la delimitación exhaustiva de los siete numerales anteriores pueda quedar abierta, haciendo inequívoco el interés del legislador en que a la persona imputada, acusada o condenada por esos delitos señalados en el inciso primero del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que arrojen como víctimas a infantes y adolescentes, no se les otorgue ningún tipo de beneficio, rebaja o prebenda legal, judicial o administrativa, con la sola excepción, porque expresamente se dejó sentada ella, de los beneficios por colaboración eficaz”. 10.

De otra parte, precisa la Sala que las discrepancias interpretativas no son violatorias, per se, de los derechos fundamentales, y entonces la acción de tutela no procede para impugnar providencias judiciales cuando el supuesto afectado simplemente no coincide con la posición judicial porque las vías de hecho son defectos graves en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que comprometen el debido proceso y la integridad del ordenamiento jurídico, categoría en la que no encajan las divergencias hermenéuticas. 11.

A lo anterior se suma que, frente a las prohibiciones establecidas en la Ley 1098 de 2006 y la supuesta derogatoria alegada por el sentenciado con ocasión a la expedición de la Ley 1709 de 2014, la jurisprudencia (C.S.J. STP 25 jun. 2014, rad. 73914), recientemente precisó que: Como meridianamente se puede observar, el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 no fue derogado tácitamente por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, pues este fenómeno jurídico sólo acontece cuando la disposición nueva no es conciliable con la anterior, lo cual no ocurrió en el presente caso, toda vez que la exclusión de beneficios contenida en la última regla, sólo incorporó algunos delitos para los cuales no procedían la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria -dentro de los cuales enlistó aquellos contra la libertad, integridad y formación sexuales-, dejando incólumes aquellas disposiciones normativas que regulan el subrogado de la libertad condicional, más aún cuando aquellas se encuentran revestidas de tal especificidad como lo es el caso de los delitos en los que la víctima sea un menor de edad.

En consecuencia, lo que en últimas hizo el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 fue establecer que la libertad condicional prevista en el artículo 64 del Código Penal no se encuentra vedada para aquellos que hubieran sido condenados por los punibles relacionados en el párrafo 1º ibídem, dentro de los cuales no se incluyeron aquellos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual cuando la víctima sea un menor de edad, de manera que, resulta apenas obvio, cuando se trate de este tipo de infracciones, la prohibición continúa vigente.

Ahora bien, si se analiza con detalle la redacción de la norma cuya aplicación pretende el demandante, se advierte que en la misma se autoriza la concesión del subrogado de la libertad condicional para aquellos que hubieren sido condenados por un delito contra la libertad, integridad y formación sexual, sin que allí se determine un sujeto pasivo en particular como sí ocurre con el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 en el que claramente se especifica que no procede el subrogado pretendido cuando la conducta sea cometida en un menor de edad.

Así las cosas, en el caso objeto de análisis ni siquiera habría lugar a aplicar «las reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes» contenidas en la Ley 153 de 1887, pues para que tal disposición normativa cobre vigencia, se debe partir de la premisa de la existencia de una «incongruencia en las leyes, u ocurrencia oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecer el tránsito legal del derecho antiguo a derecho nuevo (…)» y como bien se puede observar, los artículos 199 de la Ley 1098 de 2006 y 32 de la Ley 1709 de 2014 son válida y jurídicamente conciliables en tanto que, se reitera, el uno establece una circunstancia específica que configura la prohibición para acceder a la libertad condicional -que la conducta por la cual se condenó se hubiere cometido en un menor de edad- y el otro, por el contrario, establece un presupuesto de hecho de carácter general que se contrae a que se trate de un punible contra la libertad, integridad y formación sexual cometido sobre una persona que no sea menor de edad. 12.

Las anteriores circunstancias, alejan las decisiones objeto de reproche de ser catalogadas de arbitrarias o caprichosas que atenten contra los derechos fundamentales invocados por el demandante, máxime cuando demostrado está que los demandados cumplieron con la labor interpretativa que les es propia y valoraron el material probatorio bajo los postulados de la sana crítica, la cual no puede ser sustituida por el juez de tutela con la excusa de tener nueva o mejor concepción sobre el asunto puesto a su consideración. 13.

Solamente las actuaciones y decisiones judiciales que realmente contengan un pronunciamiento arbitrario, con evidente, directa e importante repercusión perjudicial en los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de cuestionamiento en sede constitucional pero no aquellas que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico admisible a la luz del ordenamiento o en una interpretación razonable de las normas aplicables, a riesgo de atentar contra el principio de la autonomía judicial. 14.

Finalmente, precisa la Sala que al amparar el Tribunal a quo los derechos fundamentales al debido proceso y defensa a favor del ciudadano CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES, para que previa la designación de un profesional del derecho, si a bien lo tiene, interponga los recursos que considere pertinentes frente al proveído dictado el 31 de marzo de 2015, a través de cual el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, le negó la libertad condicional, es una circunstancia que permite inferir que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para sacar avante sus pretensiones.

De tal forma el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento alternativo de los medios judiciales mencionados -interposición y sustentación de los recursos ordinarios-. 15. En este punto precisa la Sala que mientras la actuación esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de Tutelas No. 2, administrando justicia a nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2015 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira. Y, 2. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � Código Civil. Artículo 71. “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tacita. “Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. “Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

“La derogación de una ley puede ser total o parcial”. PAGE 18