CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Proceso de Tutela Radicación 74.927 Darío Arturo Avendaño Torres CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3 PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR MAGISTRADA PONENTE STP10582-2014 Radicación No.: 74.927 Acta No.255 Bogotá D. C., cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014) VISTOS Se pronuncia esta Sala sobre la demanda de tutela instaurada por XXX, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Al trámite fueron vinculados, el JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO y la FISCALÍA 126 LOCAL, ambos de esta ciudad y la VÍCTIMA del punible por el cual fue condenado el accionante.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Por sustraerse de cumplir las obligaciones en favor de sus dos hijos menores de edad, el 28 de julio de 2011 se formuló imputación contra XXX por el punible de inasistencia alimentaria. No le fue impuesta medida de aseguramiento. El 21 de octubre de ese año, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, posteriormente se realizó la diligencia preparatoria, el 9 de diciembre de la misma anualidad y la vista pública de juicio oral, el 30 de abril de 2013.

Culminado el debate público, el juez de conocimiento anunció sentido de fallo absolutorio, el que profirió el 30 de abril de los que cursaban. Inconformes con esa determinación, la Fiscalía y el apoderado de las víctimas la apelaron y de la alzada conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que mediante providencia del 26 de julio de 2013, revocó la de primer nivel, para condenarlo a la pena principal de treinta y cuatro (34) meses de prisión por el punible de inasistencia alimentaria.

Contra esa decisión, no se interpuso recurso alguno. Acude ahora XXX a la extraordinaria vía de tutela. Refiere que por comentarios de personas cercanas, le surgieron dudas frente a la paternidad de uno de sus menores hijos, por lo que solicitó la práctica de la prueba de ADN, que se llevó a cabo en el laboratorio de identificación humana de la Universidad Manuela Beltrán. La conclusión arrojada por el citado laboratorio, determinó que él no era el padre biológico del menor J…E…A…G…, por lo que el 22 de mayo de 2014, radicó el correspondiente proceso de impugnación de la paternidad ante la jurisdicción civil, que en la actualidad se encuentra en trámite.

Por lo anterior, estima que fueron vulneradas sus garantías fundamentales, amén que también fueron engañados los funcionarios judiciales por la progenitora denunciante y en tal razón, solicita al juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales. De contera, pide que se revoque la decisión condenatoria y se ordene su libertad inmediata, pues las cuotas alimentarias que demostró pagar al interior del proceso, cubren los gastos del menor que sí es su hijo.

TRÁMITE Y RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Los accionados aportaron copia de las providencias judiciales censuradas, además de referir que el proceso se adelantó con respeto de las garantías que asistían al ahora demandante, por lo que solicitaron que se declarara improcedente el amparo constitucional invocado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por XXX.

En primer término, recordará los requisitos de procedibilidad del amparo cuando se instaura contra decisiones emitidas por jueces de la República, los que ya han sido expuestos in extenso por la jurisprudencia de la Sala. 1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcionalísimo cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad que esta Corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional en fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006, entre otros, ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración. Según la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

Además, que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Igualmente, exige la jurisprudencia que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

Además, «que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible». Y finalmente, que no se trate de sentencias de tutela. Los anteriores requisitos no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, ya citada y luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.

Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto» (C-590 de 2005) –Negrillas fuera del original-. De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica jurisprudencia a partir de esa decisión y pueden sintetizarse así: Para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.

En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i. Violación directa de la Constitución. Los eventos en los cuales procede la acción de tutela contra decisiones judiciales, involucran, de un lado, la superación del concepto de vía de hecho, y del otro, la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Debe reiterar la Sala en esta oportunidad, que cuando la tutela pretende la protección de un derecho fundamental presuntamente vulnerado por una providencia judicial, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta Corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que expresó en sentencia CC T-780/06 que: La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar ( Negrillas fuera del original ).

Finalmente, cabe destacar que a partir de la misma decisión CC C-590/05 arriba citada, la procedencia de la tutela contra una decisión emitida por un juez de la República se habilita, únicamente, cuando se presente al menos uno de los defectos generales y específicos sintetizados en este capítulo. 2. Análisis del caso concreto. Observa esta Sala que la demanda carece de los requisitos de procedibilidad atrás descritos, pues contra la decisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, puede acudir a la acción de revisión, con la cual tiene la posibilidad de derruir la cosa juzgada inherente a la providencia judicial que pretende atacar por esta vía, al ser la tutela de carácter excepcional y subsidiario.

Es que si bien aportó al trámite constitucional el resultado de una prueba de ADN, mediante la cual pretende controvertir la paternidad de uno de sus hijos y de contera, la sentencia que le fue impuesta el 26 de julio de 2013 por la comisión del punible de inasistencia alimentaria, en esa data no existía tal elemento probatorio, por lo que no podía el Ad Quem valorarlo, ni su incidencia frente a la responsabilidad penal que fue declarada por esa Corporación, luego entonces, el demandante tiene la posibilidad de subsanar el presunto yerro por la vía la acción de revisión, la que puede impetrar al amparo de la causal 3ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

La circunstancia descrita hace procedente negar el amparo invocado, debido al carácter subsidiario y residual del proceso constitucional de tutela, que debe ceder frente a la acción de revisión, la que no sobra decirlo, es el medio idóneo para derruir la cosa juzgada inherente a la sentencia condenatoria. En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA NO. 3, DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE NEGAR el amparo invocado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � Ibídem. � Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. 10 _1139985127.doc