CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicado No. 81184 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 2 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO MAGISTRADO PONENTE STP10300-2015 Radicación No. 81184 Acta No. 273 Bogotá, D. C., agosto seis (06) de dos mil quince (2015). I. VISTOS: Resuelve la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela instaurada por apoderado del ciudadano CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, contra las Fiscalías 167 Seccional de la Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá y 75 Delegada ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

II.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. De la información que hace parte de este trámite constitucional se pudo establecer que CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.” instauró denuncia penal contra HAROLD JOSÉ RAVAGLI FATAT, Gerente de la empresa “Concentrados Cresta Roja S.A.”, porque supuestamente había modificado las condiciones del pagaré suscrito por el primero, a través del cual, garantizaba el pago del contrato comercial de suministro de alimentos. 2.

Decretada la respectiva apertura de la investigación y vinculado el ciudadano último referenciado mediante diligencia de indagatoria, el 28 de marzo de 2014, la Fiscalía 167 Seccional de la Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá, resolvió la situación jurídica y se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento como presunto autor de los delitos de estafa agravada por la cuantía y fraude procesal. 3.

Posteriormente, a través de la resolución fechada 18 de diciembre de esa misma anualidad, previo el estudio del acervo probatorio, decidió calificar el mérito del sumario con preclusión de la investigación a favor de HAROLD JOSÉ RAVAGLI FATAT por atipicidad de las conductas punibles endilgadas. 4. Inconforme con la decisión última referenciada, el apoderado de CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.”, quien se había constituido como parte civil, interpuso el recurso de reposición y en forma subsidiaria el de apelación, solicitando su revocatoria.

Para el efecto señaló que en la decisión a través de la cual, se le resolvió la situación jurídica al denunciado, se había realizado un estudio minucioso de las “circunstancias de modo, tiempo y lugar, por las cuales el sindicado incurrió en esas conductas punibles y mal puede la resolución del 18 de diciembre de 2014 contradecir esas pruebas irrefutables que deben conducir indudablemente a que sea llamado a juicio el señor HAROLD JOSÉ RAVAGLI FATAT”. 5.

La autoridad judicial competente, el 04 de marzo de 2015, al advertir que el actor no atacó los argumentos expuestos en la resolución de preclusión, resolvió no reponer la decisión de preclusión y ordenó remitir el asunto al superior funcional para los fines legales pertinentes. 6. La Fiscalía 75 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 24 de junio de 2015, la confirmó. Para lo cual, si bien, puso de presente que no encontraba argumentos que controvirtieran la resolución impugnada, toda vez que el recurrente se había limitado a lo ya señalado en un estadio procesal anterior, esto es, a la decisión que definió la situación jurídica del procesado, amén de que los requisitos para proferir aquella son de menor entidad que los que se reclaman para calificar el mérito sumarial, también lo es que, al advertir que la inconformidad de la parte civil podía estar dirigida a que concurría en ese caso el delito de fraude procesal, procedió a su estudio, sólo que su resultado condujo a ratificar “la atipicidad de la conducta investigada”. 7.

Inconforme con la valoración probatoria efectuada por los despachos judiciales últimos referenciados, CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.” por intermedio de apoderado acudió al Juez de tutela para que le protegiera el derecho fundamental al debido proceso. Profesional del derecho, quien con argumentos similares los expuestos al momento de sustentar el recurso de apelación referenciado, solicitó se dejaran sin efectos las decisiones de las cuales discrepa, y en su lugar, “se profiera Resolución de Acusación contra el investigado RAVAGLI FATAT, como así se desprende del material probatorio”.

III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN: Esta Corporación asumió el conocimiento del asunto, comunicó lo pertinente a las autoridades judiciales accionadas y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin a la solicitud de amparo elevada por el apoderado de CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.” IV.

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. 2.

Hecho el reconocimiento de que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales y únicamente cuando la decisión del juez implica la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado la necesidad de que las deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los procesos judiciales regulares porque todos ellos están adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí puedan producirse. 3.

Es indiscutible que la solicitud de protección constitucional presentada por el apoderado de CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.”, está dirigida a socavar la firmeza de la decisión proferida el 24 de junio de 2015 por la Fiscalía 75 Delegada ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a través de la cual resolvió confirmar la resolución emitida el 18 de diciembre de 2014 por la Fiscalía 167 Seccional de la Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá, mediante la cual, precluyó la investigación penal que se adelantaba por el presunto delito de fraude procesal contra HAROLD JOSÉ RAVAGLI FATAT. 4.

Hecha la anterior precisión, resulta necesario recordar que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina: " Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio." El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 5.

Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo. 6.

La excepcionalidad del amparo constitucional cuando se cuestionan decisiones judiciales. 6.1. El propósito de la tutela es la protección inmediata de derechos fundamentales frente a su amenaza o vulneración por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares, en los estrictos casos señalados en la ley. El Constituyente dispuso que su procedencia está atada a que dentro del ordenamiento jurídico no exista otro medio de defensa, salvo que se esté ante un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio. 6.2.

Cuando lo cuestionado es una providencia judicial, es preciso analizar tanto la presencia del otro mecanismo de defensa y su idoneidad, como las causales de procedibilidad de la acción. Ello porque, con el fin de respetar la autonomía judicial, no desconocer la intangibilidad de la cosa juzgada ni el principio de seguridad jurídica, el amparo constitucional tiene carácter excepcional.

En efecto, la tutela no fue instituida como instancia adicional ni para sustituir a los jueces ordinarios o para deslegitimar sus decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. Sólo ante actuaciones abiertamente arbitrarias, groseras o caprichosas, que, por contera, afecten en forma grave un derecho fundamental, resulta admisible la intervención del juez constitucional.

La jurisprudencia de esta Sala de Casación, acogiendo directrices trazadas por la Corte Constitucional, ha admitido la viabilidad de la tutela cuando se compruebe que la decisión reprochada adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución; y siempre que se confirmen los requisitos genéricos de procedibilidad que habilitan su interposición, esto es: i) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; ii) que el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; iv) que la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); v) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela.

(C.C. C-590/2005 y T-090 de 2006). 7. Desde ya ha de señalar la Sala que la petición de amparo resulta improcedente porque si bien fue presentada en un término prudencial, también lo es que revisada la información que hace parte de este trámite constitucional, el apoderado de CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.”, no logra demostrar de qué manera se les haya vulnerado algún derecho fundamental que deba proteger el juez de tutela.

En efecto: acreditado está que la actuación penal a que se hizo referencia en la solicitud de amparo se adelantó conforme a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000, garantizándosele a la parte actora de esta manera un debido proceso, y de ahí que no pueda predicarse la existencia de vías de hecho, única posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de carácter judicial. 8.

Además, durante el transcurrir de la investigación penal que cursó contra HAROLD JOSÉ RAVAGLI FATAT, no acreditó que se le haya impedido ejercer sus derechos en la referida actuación, máxime cuando a pesar de advertirse ciertas irregularidades en la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de preclusión dictada en primera instancia, se resolvió el mismo. 9.

A lo anterior se suma que basta leer la decisión proferida el 24 de junio de 2015 por la Fiscalía 75 Delegada ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, para establecer que en ella se resaltan las razones fácticas y jurídicas que le permitieron tomar la decisión objeto de reproche, si se tiene en cuenta que al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil, aquí accionante, señaló, entre otras cosas que: “El apelante resalta la postura asumida por la Fiscal en propiedad que definió la situación jurídica, en cambio deja lado que es la misma operadora Judicial que avala la decisión de alzada, por cuanto se abstuvo de reponer la Resolución atacada, sin que ello pueda ser argumento válido de disenso para derribar la providencia, lo decimos por la utilización del comentario conveniente en aquel entonces sin que en la actualidad tenga vigencia, de hecho en sentir de esta Fiscalía, aquellos fundamentos nunca tuvieron respaldo de la foliatura, porque desde el primer momento se evidenciaba un asunto meramente civil de donde nunca debió salir, teniendo en cuenta que no sugería un comportamiento delictual incluido el fraude procesal que se le quiso asignar.

Como quiera que la conducta es completamente atípica, ello nos revela de referirnos a la presunta responsabilidad del posible infractor en este caso HAROLD JOSÉ RAVAGLI FATAT, por sustracción de materia. Recapitulando, estas consideraciones llevan al Despacho a aseverar que en el presente caso, más que una ostensible contrariedad entre lo decidido y la ley aplicable al caso concreto, existe una simple disparidad de criterios, todos respetables, acerca del asunto debatido, sin que pueda convertirse la Fiscalía en una instancia adicional en donde se pretenda que prospere la tesis que ante la jurisdicción correspondiente fracasó, menos cuando es evidente la atipicidad de la conducta investiga, como lo concluyó con acierto fáctico la Fiscalía de primer grado”. 10.

Así pues, sin dificultad se advierte que el tema en discusión está circunscrito a un asunto eminentemente valorativo de los medios de convicción que fueron allegados a la investigación con el objeto de esclarecer lo acontecido, ponderación realizada dentro del criterio de la libre apreciación de la prueba, limitada eso sí, por las reglas de la sana crítica, circunstancia que imposibilita al juez de tutela para inmiscuirse en lo que, sin lugar a dudas, es tema propio y exclusivo de la autoridad competente que actuó como juez natural. 11.

Olvida el demandante que este trámite constitucional no es una tercera instancia ni está instituida como una jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados de acudir a las vías establecidas en el ordenamiento jurídico han sido desfavorables, por no poder existir concurrencia de instrumentos judiciales porque siempre prevalecen estas últimas, de ahí que se afirme que la tutela no es un camino adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda la Constitución y la ley.

Criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional (T-625/20o0) cuando señaló que: “La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente.

Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas”. 12.

Como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad y, sin tal violación, la solicitud de protección carece de sentido, que es precisamente lo que sucede en el evento que concita la atención de la Sala. 13.

A lo anterior se suma que de conformidad con el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela “ Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En el mismo sentido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “ Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política ”, dispuso: “La acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.” 14. En virtud de las disposiciones indicadas, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela se funda en el principio de subsidiariedad, es decir, por regla general, la solicitud de amparo sólo procede cuando el accionante haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados. 15.

Efectivamente, la Sala pone de presente al el apoderado de CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.”, que aún cuentan con otro medio de defensa judicial para solicitar la protección de los derechos que pretenden se les restablezcan, pues si a bien lo tienen, de conformidad con lo previsto en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y en el evento en que se configure alguna de las causales allí previstas, por intermedio de un profesional del derecho, incoar la acción de revisión, y no por vía de la acción de tutela querer desconocer los mecanismos establecidos en la ley para que su decisión sea revisada por un funcionario diferente al legalmente constituido, es decir, no se puede pretender que el juez de tutela interfiera de tal manera en la solución de asuntos y de paso quebrante el principio constitucional fundamental del juez natural. 16.

Vistas así las cosas, esta acción constitucional resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebida como un procedimiento paralelo del medio judicial ordinario previsto en la ley, posición igualmente sostenida por la Corte Constitucional (T-1343/2001), al establecer que: “ La acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección del los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela.” En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas No. 2, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida por el apoderado de CARLOS ERNESTO LÓPEZ PIÑEROS, representante legal de la sociedad comercial “Industrias Alimenticias Aretama S.A.” Y, 2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 8 18