Radicación n.° 56586 GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente STL9852-2019 Radicación n.° 56586 Acta No. 25 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por EVANGELINA DÍAZ SANDOVAL actuando a través de apoderado judicial, contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE LOS PATIOS, trámite al que se ordena vincular a la ASOCIACIÓN DEL MENOR RUDESINDO SOTO, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL NORTE DE SANTANDER, la GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER, la LOTERIA DE CÚCUTA E.I.C.E, y a las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral identificado con radicado No. «2012-0026».
I.
ANTECEDENTES La señora accionante a través de mandatario judicial, instauró la presente súplica constitucional con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales « al debido proceso en conexidad directa con el acceso a la justicia, derecho al trabajo, a una vida digna y seguridad jurídica» presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada.
Manifiesta que el 12 de septiembre de 1991, se crea la Asociación del menor RUDESINDO SOTO, conformada por la Gobernación del Departamento del Norte de Santander, Alcaldía Municipal de los Patios, Alcaldía de San José de Cúcuta, por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje Norte de Santander (SENA), por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Norte de Santander –ICBF-, por la Gerente de la Lotería de Cúcuta, determinándose que fuera una entidad de nivel Departamental adscrita al Instituto de Bienestar Familiar sin ánimo de lucro, con el fin de prestar un servicio social dirigido a los menores infractores.
Señala, que para la época de formación de la Asociación en mención, se encontraba en vigencia el Decreto ley 3130 de 1968 y el Decreto 130 de 1976, derogados totalmente por el artículo 121 de la ley 489 de 1998. Indica, que el 14 de noviembre de 2012, instauró demanda ordinaria laboral contra la asociación del Menor Rudesindo Soto- liquidación, Nit. 800.148.520-7, y contra las entidades públicas que la conformaban SENA Regional Norte de Santander, Alcaldía Municipal de los Patios, ICBF Regional Norte de Santander, Alcaldía Municipal de Cúcuta, E.I.C.E Lotería de Cúcuta, ante el Juzgado Civil del Circuito de los Patios, pretendiendo el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales, la cual fue admitida el 19 de diciembre de 2012.
Aduce, que la parte pasiva presentó la excepción de « falta de jurisdicción », argumentando que correspondía a la contenciosa administrativa, por tratarse de una asociación de entidades públicas y la demandante fue vinculado mediante acto administrativo, ostentando el carácter de «servidor público»; que el 2 de mayo de 2013, al resolver el medio exceptivo la juez de conocimiento manifestó que el litigio era de su competencia, siendo objeto de apelación por los apoderados de la parte demandada ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, resolviendo el 4 de diciembre de 2014, confirmando el auto en todas sus partes el proferido por el Juzgado de instancia. Señala, que el Despacho en mención profiere sentencia el 22 de agosto de 2014, condenando solidariamente a la parte demandada, siendo objeto de alzada por la parte pasiva, reiterando en su apelación la falta de jurisdicción del Juzgado de primer grado y que le correspondía a la contenciosa administrativa.
Adujo, que contra la referida decisión, los apoderados judiciales de las partes contendientes presentaron recurso de apelación y el expediente fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, con el fin de que allí se desatara el mismo; que, no obstante, tras permanecer el proceso cuatro (4) años en el Tribunal, profirió auto de fecha « 30 de abril de 2019 », en el que « declaró la nulidad de todo lo actuado », porque consideró que la jurisdicción ordinaria laboral no era la competente para impartirle trámite, y al amparo de tal premisa, lo remitió a los juzgados administrativos de la ciudad de Cúcuta, a los que sí estimó competentes para tal efecto.
Reprocha el actor, que los derechos de la señora Evangelina se vieron vulnerados con la decisión en comento, ante la inseguridad jurídica por una interpretación errónea del sistema normativa referente a la naturaleza jurídica de la asociación mixta sin ánimo de lucro, que a su vez operó el fenómeno de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que la falta de competencia decretada por el Tribunal ya había sido objeto de decisión por esa misma Corporación y la providencia se encuentra ejecutoriada.
Por lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados, y como consecuencia de ello, se deje sin efectos la sentencia objeto de esta acción y se le ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral proferir sentencia acorde con los derechos de la demandante y con estricto sometimiento a las normas aplicables a las asociaciones de participación mixta sin ánimo de lucro.
Mediante auto calendado de 15 de julio de 2019, esta Sala de la Corte admitió la acción tutela, ordenó notificar a la autoridad accionada e informar a los demás intervinientes en el proceso que originó la presente acción, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa y contradicción. Revisado el expediente, se observa que a folios 4 a 29 las partes, intervinientes y las autoridades judiciales convocadas, fueron debidamente notificadas de la presente acción, conforme dan cuenta los telegramas y correos enviados a cada una.
Dentro del término otorgado, el Juzgado Civil del Circuito de los Patios (Cúcuta) expresa que en su despacho se tramitó el proceso ordinario laboral radicado con el No. « 544053103001-2012-00026-00 », en el cual profirió sentencia accediendo a las pretensiones de la demanda, la que fue objeto de alzada ante el Tribunal Superior de este Distrito por los apoderados de la parte pasiva, decretando la « nulidad por falta de jurisdicción », ordenando la remisión a los « jueces administrativos »; señala que el pronunciamiento se realizó bajo los principios de la inmediación, buena fe y garantizando el debido proceso de las partes involucradas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF -expone frente a los hechos, que son los mismos que se enunciaron en la demanda y que dio origen al proceso ordinario laboral; resalta que la Asociación del Menor Rudesindo Soto fue constituida como una asociación sin ánimo de lucro de nivel Departamental adscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar; que la totalidad de sus aportes provienen de entidades de derecho público (ICBF, SENA, Gobernación, Municipios y lotería de Cúcuta); que se atiene a lo que se encuentre probado en el expediente; que el reproche se centra en la providencia del 30 de abril de 2019, proferida por el Tribunal en controversia.
Señala que debe aclararse, que si bien los reglamentos de la Asociación permiten que obtenga financiamiento por parte de particulares, lo cierto es que desde el mismo acto de constitución solo participaron entidades de derecho público, sin que el accionante haya probado participación de personas de derecho privado, que la cláusula cuarta de los estatutos no desvirtúa la condición de establecimiento público; que la vinculación de la incoante con la Asociación se efectuó bajo una relación legal como empleada pública.
Realiza un recuento jurídico sobre la naturaleza jurídica y vinculación de la accionante. Peticiona se declare la improcedencia de la acción de tutela porque el Tribunal de Cúcuta actuó acatando el ordenamiento jurídico y la interpretación de los altas Cortes. La Alcaldía de San José de Cúcuta manifiesta, que existe una falta de competencia para resolver las pretensiones de la actora, en razón a que de la lectura del escrito de tutela se deduce que es contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta; que ese despacho administrativo no es el indicado para absolver las necesidades de la accionante.
Solicita se desvincule a la Alcaldía de Cúcuta por falta de legitimación por activa. El servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, realiza un recuento de los hechos del libelo introductor, expresando que el juez de instancia nunca tuvo en cuenta que la entidad no participó en las decisiones de liquidación o nombramientos de funcionarios pertenecientes a la Asociación en comento; que no es cierto la justificación de falta de jurisdicción del operador judicial; que no reposa en el acervo probatorio documentos que indiquen que la entidad en cuestión haya hecho reformas para adecuar su organización y funcionamiento; que nuevamente y de forma extraña la juez reconoce su yerro y profiere sentencia condenando a pagos exorbitantes.
Informa, que el abogado ha promovido varias acciones de tutela sobre los mismos hechos y derechos, debiendo ser sancionado conforme al artículo 39 del Decreto 2591 de 1991; procede a efectuar un recuento sobre la constitución de la Asociación del Menor y la normatividad que le es aplicable; que debe revisarse la presente tuitiva conforme a los requisitos contenidos en la sentencia C-590 de 2005 y la sentencia T- 016 de 2019.
Solicita se declare la improcedencia del mecanismo constitucional por lo mencionado en el escrito de tutela. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cúcuta, señala que el 30 de abril de este año, la Sala resolvió el recurso de apelación presentado por el señor apoderado del Departamento del Norte de Santander, en contra de la decisión del 22 de abril de 2015, proferida por la Juez Civil Circuito de los Patios; considera que el Juez a quo carece de jurisdicción para proferir sentencia en el caso en estudio, por no existir los elementos de juicio dentro del proceso que acrediten que luego de la vigencia de la ley 489 de 1998, la Asociación haya efectuado reformas para adecuar la organización y funcionamiento como privada, en los términos del artículo 95 de dicha normatividad; que se llegó a esa conclusión pues de las pretensiones del libelo se desprende que la señora Evangelina continuó devengando emolumentos propios de trabajadores con condición de empleados públicos, tales como prima de navidad y de vacaciones contenidos en el Decreto 1045 de 1978, (…).
Solicita se niegue el amparo al no existir vulneración de derecho fundamental alguno de la señora accionante, además están considerando la acción de tutela como una tercera instancia. CONSIDERACIONES El amparo constitucional es un derecho superior que puede ser utilizado por cualquier persona, para garantizar sus prerrogativas fundamentales o para impedir una lesión injustificada que bien puede proceder de las autoridades públicas o privadas.
Además del contenido del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991, su desarrollo ha provenido de la jurisprudencia, especialmente de los órganos límite de cada una de las jurisdicciones, en las que se ha establecido una doctrina de protección en todos los ámbitos y de esa manera ha permitido la realización de los propios valores y principios en los que se instala el Estado Social de Derecho.
Es relevante precisar en el presente asunto, que siendo la acción de tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de «ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad», establecidos en la CC C-590/05 y T-332/06, los cuales implican, no solo una carga para el accionante en sus planteamientos, sino también en su demostración, tal como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional, pues las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, gozan de la triple presunción de acierto, legalidad y constitucionalidad, que brindan seguridad jurídica a las decisiones judiciales, necesaria para la consolidación del Estado de Derecho.
En este orden, solo por vulneraciones constitucionales, relativas a los derechos fundamentales, mediante acciones reflejadas en los hechos, oportuna y claramente planteados y demostrados, se puede desvirtuar esta triple presunción, y en ese orden, el juez de tutela puede intervenir, solo excepcionalmente, cuando advierta de manera flagrante, que el juicio valorativo del juzgador es arbitrario, y elude protuberantemente las reglas de la sana crítica, al punto de que se comprometan de forma ostensible las garantías supralegales de las partes.
Conforme a lo anterior, la sentencia STL7322-2019, señaló lo siguiente: En cuanto a la acción pública que ocupa la atención de la Sala, ha de señalarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o quebrantados, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Para empezar, esta acción constitucional se caracteriza por ser subsidiaria y residual. Ello implica que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no exista otro medio de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se presente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. El presupuesto de la subsidiariedad se justifica en la necesidad de asegurar el orden de competencias asignado a las distintas autoridades jurisdiccionales y así no solo impedir su sucesiva disgregación sino también garantizar el principio de seguridad jurídica.
Asimismo, es necesario destacar, que en principio, el mecanismo de amparo no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que estas se profieran de manera desconectada del ordenamiento jurídico y en desconocimiento abierto y ostensible de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuación criticada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.
Del examen y análisis de la solicitud de amparo constitucional se observa que en el presente caso, lo planteado por la accionante, en últimas, es que se defina a través de esta acción constitucional, qué autoridad judicial tiene la competencia para conocer del presente asunto, facultad que no tiene esta Corporación, pues la misma está en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 en armonía con lo señalado en el artículo 256 de la Carta Política.
Se observa en el caso objeto de estudio, que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, mediante auto de fecha « 30 de abril de 2019 », declaró su « falta de jurisdicción» para conocer la demanda que promovió la aquí tutelante contra la « Asociación del Menor Rudesindo Soto », el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación del Norte de Santander y la Beneficencia del Norte de Santander, porque estimó que la eventual vinculación de la demandante, con dichas entidades, habría correspondido a una relación legal y reglamentaria propia de un empleado público y no a un contrato de trabajo.
Se advierte, en igual medida, que el juez colegiado accionado, al adoptar tal determinación, « ordenó que se enviara el expediente a los jueces administrativos de Cúcuta », porque consideró que éstos sí eran los competentes para resolver el litigio, dada la calidad de los servicios presuntamente prestados por la demandante y esgrimidos como base de sus pretensiones.
Finalmente, del análisis de los elementos de convicción que obran en el expediente y del registro de actuaciones visible en la página web http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/, se encuentra que la jurisdicción contencioso administrativa aún no ha efectuado pronunciamiento en el litigio, con relación al pronunciamiento del Tribunal accionado.
Ante tal escenario, considera esta Corporación que el mecanismo ordinario idóneo para definir si es la justicia ordinaria laboral o la contencioso administrativa, la competente para avocar el conocimiento del proceso que dio origen a este instrumento tuitivo, aún se encuentra en curso, debido a que « está pendiente la decisión que adopte la jurisdicción contencioso administrativa », con relación a la competencia que le fue atribuida por el juez del trabajo, como también « la decisión que profiera la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura », en los términos de los artículos 256 de la Constitución Política y 112 de la Ley 270 de 1996, frente a un eventual conflicto negativo de competencia entre dichas jurisdicciones.
En atención a la circunstancia señalada, para esta Corte es claro que la salvaguarda solicitada no puede salir avante, debido a que, al no haberse agotado aún el sendero previsto por el legislador para resolver colisiones de competencia entre las diferentes jurisdicciones, se descarta, en atención al principio de subsidiariedad, la intervención del juez de tutela, al que no le es dable pretermitir las instancias legalmente establecidas ni interferir en la órbita de competencia que ha sido asignada por la Constitución y la ley a otras autoridades.
En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, no hay lugar a conceder el amparo constitucional implorado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: Negar la acción de tutela impetrada.
SEGUNDO: Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si éste no fuere impugnado. Notifíquese y Cúmplase, RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 1 2