CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 2021-00923 FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente STL9540-2021 Radicación n.° 2021-00923 Acta 28 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la acción de tutela presentada por SERGIO ANDRÉS RACINES OVIEDO contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA. I.

ANTECEDENTES El accionante acudió a este mecanismo constitucional por estimar quebrantado su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por parte de la entidad accionada. Señaló que, el 27 de junio de 2020, terminó el pensum académico del programa de derecho en la Unidad Central del Valle del Cauca y realizó la judicatura en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, del 27 de julio de 2020 al 27 de mayo de 2021.

Sostuvo que, el 28 de mayo de 2021, solicitó a través del correo, regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la resolución que aprobara su práctica jurídica; que el 31 del mismo mes y año se acusó el recibido del mismo. Que luego procedió a verificar en la página SIRNA y como última novedad apareció como fecha de radicación de la solicitud el 21 de junio de 2021.

Refirió que desde la fecha que radicó dicha solicitud hasta el 12 de julio de 2021 «no se ha respondido la presente dejando ver que el término de los quince días hábiles de los que se tratan para conceder la certificación ha sido sobrepasado en extrema medida»; de ahí la vulneración de sus derechos fundamentales. Por lo expuesto, solicitó que se ordene a la autoridad accionada a dar respuesta a su petición y se expida la resolución de la práctica jurídica, para poder obtener su grado.

Mediante auto de 19 de julio de 2021, esta Sala admitió la acción y dispuso el traslado correspondiente para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción. La Unidad de Registro Nacional de Abogados indicó que, debido a la actual demanda de solicitudes para el reconocimiento de prácticas jurídicas y expedición de tarjetas profesionales de abogados «que sobrepasan en gran medida la capacidad operativa de la Unidad con los recursos disponibles hasta el momento, así como en razón de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19, esta Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y en el caso de las tarjetas profesionales de abogado y licencias temporales, las mismas son enviadas al domicilio registrado por el solicitante y las prácticas jurídicas notificadas al correo registrado por el usuario».

Informó que el accionante solicitó vía correo electrónico el reconocimiento de la judicatura y adjuntó los siguientes documentos «Formulario Único de Múltiples Trámites, copia de la cédula de ciudadanía, Certificado de la terminación y aprobación de materias expedido por la Universidad respectiva, Acta de Posesión, Resolución de Nombramiento y Certificado de funciones jurídicas», por lo que, una vez recibidos, expidió la Resolución No. 4139 de 21 de julio de 2021, por medio de la cual reconoció la práctica jurídica a Racines Oviedo y, de conformidad con el Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2021, se le notificó al e-mail ese mismo día. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En la presente acción, el promotor solicita se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia expedir el acto administrativo de reconocimiento de su práctica jurídica para obtener el título de abogado. En efecto, de la respuesta dada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se tiene que dicha entidad, en el transcurso de este trámite constitucional, expidió la Resolución No. 4139 de 21 de julio de 2021 en la que le reconoció la judicatura al accionante, la cual fue notificada al correo electrónico, sergio_racines19@hotmail.com, ese mismo día. De esta manera, es claro que lo pretendido por Sergio Andrés Racines Oviedo ya se satisfizo y, en ese sentido, para la Sala resulta indiscutible que se presenta carencia actual de objeto al existir un hecho superado.

En relación con la figura jurídica reseñada, la Corte ha señalado lo siguiente: La acción de tutela comporta un carácter inmediato y su principal objeto es la protección de los derechos que puedan verse en situación de vulneración o amenaza, por lo que ésta carecería de sentido cuando en el transcurso del proceso que define la concesión del amparo desaparecen las circunstancias violatorias que le dieron origen; tal situación ha sido denominada como “hecho superado” y supone la ausencia del interés actual de la acción ante la inexistencia del hecho transgresor por la rectificación del comportamiento del agente a quien le era imputable el hecho, cuestión que implica finalizar el trámite constitucional (CSJ STL11627-2016).

Así las cosas, es relevante aducir que la presunta actuación irregular que motivó la formulación de la tutela está superada, así que la eventual protección no surtiría efecto alguno y, por lo mismo, resultaría ilógico endilgar la responsabilidad que denuncia el interesado. Las anteriores consideraciones resultan suficientes para negar la acción presentada.

II. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo pretendido, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, publíquese y cúmplase. OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN SCLAJPT-12 V.00 7 SCLAJPT-11 V.00