CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 2021-00763 CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente STL8478-2021 Radicación n.° 2021-00763 Acta 25 Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, de la acción de tutela que CARLOS HERNÁN LEGUIZAMÓN GUERRA presenta contra la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

I.

ANTECEDENTES CARLOS HERNÁN LEGUIZAMÓN GUERRA instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de PETICIÓN y TRABAJO, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. En lo que interesa al presente mecanismo constitucional, el promotor refiere que el 9 de febrero de 2021 radicó los documentos requeridos para obtener la tarjeta profesional de abogado ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que acusó recibo el 24 de febrero siguiente.

El accionante afirma que el 16 de marzo de 2021 elevó solicitud a través de la cual pidió información sobre el estado de su trámite; no obstante, a la fecha, la entidad convocada no ha resuelto sus requerimientos. Resalta que la omisión de la autoridad convocada de no emitir su tarjeta profesional vulnera sus prerrogativas superiores, toda vez que, «no solo [le] ha impedido acceder a diversas oportunidades laborales y ejercer el derecho de forma liberal, sino que ya [le] ha impedido posesionar [se] en trabajos cuyo proceso de selección había aprobado previamente».

Acude entonces al presente mecanismo de amparo constitucional para que se protejan sus derechos fundamentales y, para su efectividad, solicita se ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que «expida y haga entrega inmediata de [su] tarjeta profesional». El presente mecanismo constitucional fue repartido el 23 de abril de 2021 a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Corporación que lo admitió y ordenó notificar a la autoridad accionada en auto de 26 del mismo mes y año. Una vez surtidas las respectivas actuaciones, el 4 de mayo de 2021, el juzgador en mención negó el amparo invocado.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó la nulidad de todo lo actuado con fundamento en la falta de competencia para resolver e impugnó la sentencia de tutela. En decisión de 11 de mayo siguiente, la Magistrada ponente rechazó la solicitud propuesta y concedió el recurso vertical. Esta Sala de la Corte, en providencia CSJ ATL656-2021, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio, inclusive, tras evidenciar que el a quo constitucional incumplió las reglas de reparto, y ordenó remitir el expediente a la Secretaría General de esta Corte para que se efectuara la correspondiente asignación. Cumplida la providencia anterior, las diligencias fueron repartidas a esta Sala de la Corte, razón por la cual, mediante auto de 25 de junio de 2021, se admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Corporación convocada, a fin de que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción. Dentro del término de traslado, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia afirma que, mediante oficio de 26 de abril de 2021, le informó al promotor que expidió su tarjeta profesional de abogado, cuyo envío realizará una vez la elabore la empresa encargada de ello.

II. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos que están definidos como fundamentales en la propia Constitución o que, encontrándose consagrados en otros acápites de ese estatuto, adquieren tal categoría por conexidad. Al descender al sub judice, la Sala observa que el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales invocados por el promotor al no expedir la resolución mediante la cual se le asigna su tarjeta profesional de abogado.

Al respecto, se recuerda que, ciertamente, el derecho de petición tiene raigambre fundamental, como se infiere de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política y, se sabe, entraña la facultad de obtener una respuesta emitida en condiciones idóneas que permitan su conocimiento por parte de quien lo activa; por tanto, el contenido de la misma deberá adecuarse a lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable.

En cuanto a su alcance, el derecho de petición no solo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, también implica la facultad de exigir a la autoridad a quien le ha sido formulada, una respuesta de fondo y oportuna del asunto sometido a su consideración. En ese sentido, la respuesta que se dé a las peticiones debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) ser oportuna, es decir, atenderse dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico;

(ii) resolver de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, y (iii) ponerse en conocimiento del peticionario pues la notificación forma parte del núcleo esencial del derecho de petición, al punto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido. En ese contexto y, una vez analizadas las documentales aportadas, observa la Sala que mediante oficio de 26 de abril de 2021, enviado al correo electrónico carlosleguizamon.g@gmail.com, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le comunicó al hoy tutelante que « le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado No. 357.615, la cual será enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por usted».

De lo aportado se aprecia que, contrario a lo manifestado por el petente, la autoridad encausada dio respuesta clara y completa a la petición del promotor de la queja constitucional, para lo cual, no solo le comunicó la existencia de la resolución en mención, también, la remitió al correo electrónico que suministró para tales efectos. De ahí que no se advierta la vulneración del derecho de petición de la accionante, dado que su ejercicio no lleva implícita la posibilidad de exigir que la solicitud sea resuelta en un determinado sentido, menos aún que sea favorable a lo pretendido por la parte interesada, pues, se itera, esta garantía fundamental se satisface cuando se da respuesta congruente y de fondo a la totalidad de las solicitudes elevadas por el administrado y tal respuesta se le comunica en debida forma, tal como aquí aconteció, circunstancia que la jurisprudencia y la doctrina han denominado carencia actual de objeto por hecho superado.

En efecto, entre otras, en sentencia CC T-086 de 2020, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de estudiar el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a lo cual expuso: […] El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez.

La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor […].

Por tales motivos, al no existir razón plausible que motive la concesión del amparo invocado, se negará el mismo. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Notifíquese, publíquese y cúmplase. OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN SCLAJPT-11 V.00 7 SCLAJPT-11 V.00