CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-00400-00 OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente STL5069-2025 Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-00400-00 Acta extraordinaria 017 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la acción de tutela que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. interpuso a través de su representante legal contra la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, trámite que se hizo extensivo a las partes e intervinientes dentro de los procesos ordinarios laborales identificados con radicados 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800.
I.
ANTECEDENTES La sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (Porvenir S.A.), presentó acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. En lo que a este trámite interesa, y de la documental obrante en el plenario, se advierte que la sociedad actora cuestiona varios procesos ordinarios laborales en los que fungió como demandada y dentro de los cuales se pretendía la ineficacia de traslado y la devolución de aportes y, en general, todos los valores que la AFP hubiere recibido con ocasión de la afiliación, asuntos que, para efectos metodológicos, se individualizarán de la siguiente forma: Radicado 05360310500220220027000 Sara Patricia Zorrilla Zorrilla promovió proceso ordinario laboral contra Colpensiones, Porvenir S.A. y Colfondos S.A., el cual le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, autoridad que, a través de la sentencia de fecha 12 de abril de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A. y a Colfondos S.A. a trasladar los dineros de la cuenta de ahorro individual y los respectivos rendimientos financieros a Colpensiones con las cuotas de administración, primas de seguros previsionales, el porcentaje destinado al FGPM que afectaron el valor de la cotización obligatoria durante la vigencia de la afiliación a cargo del patrimonio de la administradora, con los frutos e intereses, además de los rendimientos sin ninguna deducción, de acuerdo al tiempo que permaneció afiliado en cada AFP y la indexación de dichas sumas.
Inconformes con la anterior determinación, contra ella Porvenir S.A. y Colfondos S.A. propusieron el recurso de apelación. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en virtud del fallo de fecha 17 de julio de 2024 confirmó la sentencia del juez de primer grado en su integridad. Contra la sentencia de segunda instancia, Porvenir S.A. interpuso el recurso extraordinario de casación, mismo que no fue concedido por auto de fecha 6 de diciembre de 2024, siendo regresado el expediente al juzgado de origen el 16 de igual mes y año. Radicado 05001310500920230007900 Héctor Alfonso Rodríguez Tobos promovió proceso ordinario laboral contra Colpensiones y Porvenir S.A., el cual le correspondió al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, autoridad que, a través de la sentencia de fecha 23 de agosto de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó a la demandada Porvenir S.A. retornar a Colpensiones los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual del actor, esto es, aportes, cotizaciones y rendimientos financieros en su totalidad, gastos o comisiones de administración, pagos de seguro y reaseguro y los destinados al fondo de garantía de pensión mínima, los bonos pensionales si se hubieran redimido, sin descontar ningún valor, sumas que ordenó fueran indexadas y con cargo al patrimonio de la vencida.
Inconforme con la anterior determinación, contra ella Porvenir S.A. propuso el recurso de apelación. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en virtud del fallo de fecha 28 de junio de 2024 adicionó la sentencia de primer grado «en cuanto se orden[ó] a Colpensiones a que, de manera conjunta y coordinada con la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que el bono pensional tipo A se hubiera redimido, se realicen las gestiones necesarias para establecer las fuentes de financiación de la respectiva pensión y se devuelva a la Oficina de Bonos Pensionales el valor que corresponda»..
Contra la sentencia de segunda instancia, Porvenir S.A. interpuso el recurso extraordinario de casación, mismo que no fue concedido por auto de fecha 3 de diciembre de 2024, siendo regresado el expediente al juzgado de origen el 11 de igual mes y año. Radicado 05001310502120220035800 José Noriedt Toro Pardo promovió proceso ordinario laboral contra Colpensiones, Protección S.A., Porvenir S.A. y Colfondos S.A., el cual le correspondió al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, autoridad que, a través de la sentencia de fecha 17 de julio de 2024, ordenó a Colfondos trasladar a Colpensiones los saldos de la cuenta de ahorro individual del demandante, así mismo condenó en costas a Porvenir S.A. en favor de Colpensiones.
Se concedió el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en virtud del fallo de fecha 30 de septiembre de 2024, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar ORDENARLE a PORVENIR S.A y a COLFONDOS S.A, para que trasladen a Colpensiones los gastos de administración constituidos por “las cuotas de administración, la prima de reaseguros de Fogafín en caso de que se hayan descontado y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes” por el tiempo en que el demandante estuvo afiliado en cada uno de dichos fondos, lo cual deberá realizar de forma indexada, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín y se ordena a COLFONDOS S.A para que traslade además del capital ahorrado en la cuenta de ahorro individual del demandante y los rendimientos, lo deducido para el fondo de garantía de pensión mínima.
TERCERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el entendido de que al momento de cumplirse la orden del traslado de la totalidad de los dineros que de los cuales se ordenó su traslado, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.
Contra la sentencia de segunda instancia, Porvenir S.A. interpuso el recurso extraordinario de casación, mismo que no fue concedido por auto de fecha 22 de noviembre de 2024, siendo regresado el expediente al juzgado de origen el 6 de diciembre de la pasada anualidad. Censuró la parte accionante, de forma genérica, que la autoridad judicial censurada desconoció el precedente jurisprudencial emitido por la Corte constitucional en la sentencia CC SU-107-2024 en la que se estableció que solo debe trasladarse los recursos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y bono pensional, pues advirtió que dicho Tribunal Constitucional delimitó que «en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por concepto de primas de seguro, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima».
Agregó que su desacuerdo se circunscribe solo en cuanto a la condena al reintegro de gastos de administración, primas del seguro previsional y porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, puesto que, reiteró que la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de unificación dispuso extender los efectos inter partes a todas las demandas que se encuentran en curso en la jurisdicción ordinaria laboral determinando que «en ningún evento la condena que se profiera en este tipo de procesos, debe contener la orden de reintegrar gastos de administración, primas del seguro previsional y porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FOGAPEMI) con o sin indexación».
Aseveró que la decisión del ad quem se encontraba en firme por cuanto el recurso de casación no era procedente «ya que la línea de la Corte Suprema de Justicia establece que no se tiene interés para actuar en este tipo de condenas, lo que impide la concesión del recurso extraordinario de casación». De conformidad con lo anterior, la tutelista pretendió en amparo de sus prerrogativas fundamentales invocadas y, en consecuencia, solicitó que se dejara sin efecto las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Medellín - Sala Laboral dentro de los procesos identificados con radicados 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800 y, en su lugar, se emitieran nuevas determinaciones en las que se acate lo dispuesto en la sentencia de unificación CC SU-107-2024 «especialmente lo relacionado con el traslado de recursos ante Colpensiones».
Asimismo, requirió que se prevenga al tribunal accionado « para que en todos aquellos procesos que se encuentren pendientes de fallo en sede de casación o de instancia, se apliquen las reglas previstas en la sentencia SU-107 de 2024 ». La acción de tutela fue presentada en esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17 de enero de 2025 y radicado el proceso y asignado a este Despacho el 18 de igual mes y año. Por auto de 20 de febrero de 2025, se dispuso remitir las diligencias a la Sala de Casación Penal de conformidad con las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021 y el artículo 44 del Acuerdo 006 de 2002, habida cuenta que la acción de tutela se hacía extensiva a esta sala especializada en lo laboral.
Mediante auto de 27 de febrero de 2025, la homóloga Sala de Casación Penal de esta corporación dispuso escindir la acción de tutela y ordenó la devolución de las diligencias a la Sala de Casación Laboral en cuanto a los procesos con radicados 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800. En ese orden, esta Sala de la Corte con auto de fecha 5 de marzo de 2025 admitió la súplica respecto de los cuestionamientos vertidos en los juicios antes citados 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800, ordenando notificar a la autoridad convocada y vinculó a las partes e intervinientes dentro de los trámites censurados, para que ejercieran los derechos de defensa y contradicción. Dentro del término otorgado, las partes convocadas guardaron silencio.
CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.
Al descender al caso concreto, se encuentra que la parte actora pretende que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el tribunal censurado dentro de los procesos identificados con radicados números 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800 y, en su lugar, se emitan nuevas determinaciones en las que se acate lo dispuesto en la sentencia de unificación CC SU-107-2024 en particular en lo referente a la exoneración de la devolución de las cuotas de administración y las primas de seguro previsional.
Ahora bien, esta Sala de Casación Laboral debe entrar a dilucidar si de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, así como lo establecido por la Corte Constitucional en varias sentencias, entre ellas la CC T-186-2017, la presente queja cumple con las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, es decir, si se acatan los siguientes presupuestos: (i) legitimación en la causa por activa;
(ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) relevancia constitucional; (iv) subsidiariedad o agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (v) inmediatez; (vi) de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión; (vii) identificación de los hechos del caso y los derechos fundamentales presuntamente vulnerados; y (viii) que no se trate de una acción de tutela formulada contra sentencias adoptadas en procesos de tutela.
Así, es importante señalar que: (i) Porvenir S.A. se encuentra legitimada en la causa por activa para la presentación de esta acción de tutela, en tanto funge como demandada al interior de los trámites censurados. (ii) Existe legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la súplica se dirige contra las autoridades que emitieron las providencias objeto de reproche.
(iii) El asunto tiene relevancia constitucional, habida cuenta que involucra la posible vulneración de los derechos fundamentales de la convocante. (iv) La irregularidad tiene un efecto decisivo en la resolución de la convocada. (v) La parte identificó de manera razonable los hechos y derechos invocados. (vi) No se cuestiona una sentencia de tutela.
(vii) Se cumple con el requisito de inmediatez en razón a que, en los procesos cuestionados, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín no concedió los recursos extraordinarios de casación con autos de fecha 6 y 3 de diciembre y 22 de noviembre, todos de 2024 y la presentación de la acción de tutela fue el 17 de enero de 2025, lo cual no supera el término de seis (6) meses que ha considerado razonable la jurisprudencia de esta Sala, para instaurar las acciones constitucionales.
(viii) No obstante, revisada las pretensiones elevadas por la parte tutelista en este trámite constitucional, debe señalarse que resulta improcedente la solicitud de resguardo, dado que no se cumple con el requisito de subsidiaridad de la acción. Lo anterior, toda vez que en relación en los procesos denunciados con radicados números 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800 se constató que la tutelista contra los autos que negaron la concesión los recursos de casación, debió hacer uso del recurso de reposición y, en subsidio queja, mecanismos que otorga la ley dentro del trámite del proceso ordinario laboral acusado, los cuales eran procedentes de conformidad con la legislación vigente, por cuanto, ese era el escenario indicado para abogar por las garantías peticionadas; no obstante, guardó silencio.
La anterior circunstancia conforme al numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, configura una causal de improcedencia frente a la solicitud de amparo. Asimismo, tampoco puede tenerse por cumplido este requisito frente a la pretensión encaminada a que se prevenga al tribunal accionado « para que en todos aquellos procesos que se encuentren pendientes de fallo en sede de casación o de instancia, se apliquen las reglas previstas en la sentencia SU-107 de 2024 » comoquiera que la sociedad accionante no acreditó haber presentado una solicitud en tal sentido ante el juez natural.
Al respecto, recuérdese que esta Corporación ha reiterado que las especiales características de subsidiariedad y residualidad de la acción de tutela, impiden utilizarla como mecanismo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite y, de esta manera, reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa, pues el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de estos y no para resquebrajar los existentes; todo lo cual impide considerarla como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional a la cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
Ahora, aunque el incumplimiento del principio previamente señalado podría, eventualmente, resultar indiferente ante la existencia de un perjuicio grave, inminente o irremediable, lo cierto es que en el presente asunto la tutelante no acreditó una afectación de tal entidad que amenazara o vulnerara sus derechos fundamentales, circunstancia que impide habilitar la intervención del juez constitucional.
Y, si bien esta Sala ha flexibilizado el presupuesto referido en otras súplicas en los que se cuestionó procesos de ineficacia de traslado, lo cierto es que versa sobre supuestos fácticos diferentes, incluso, en las anteriores oportunidades quien fungía como accionante era el afiliado a quien la afectación tenía incidencia directa en su pensión, mínimo vital y, por ende, dignidad humana, lo cual no es el caso.
En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras motivaciones, habrá de declararse la improcedencia del amparo deprecado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Notifíquese, publíquese y cúmplase. CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA Presidenta de la Sala LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO SCLAJPT-11 V.00 15 SCLAJPT-11 V.00 SCLAJPT - 11 V.00 OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente STL5069 - 2025 Radicación n.° 11001 - 02 - 05 - 000 - 2025 - 00 400 - 00 Acta extraordinaria 017 Bogotá, D. C., diecisiete ( 1 7 ) de marzo de dos mil veinti cinco (202 5 ).
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la acción de tutela que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. interpuso a través de su representante legal contra la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, trámite que se hizo extensivo a las partes e intervinientes dentro de lo s procesos ordinarios laborales identificados con radicados 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800.
I.
ANTECEDENTES SCLAJPT-11 V.00 OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente STL5069-2025 Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-00400-00 Acta extraordinaria 017 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la acción de tutela que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. interpuso a través de su representante legal contra la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, trámite que se hizo extensivo a las partes e intervinientes dentro de los procesos ordinarios laborales identificados con radicados 05360310500220220027000, 05001310500920230007900 y 05001310502120220035800.
I. ANTECEDENTES