CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-00201-00 LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente STL2648-2025 Radicación n.° 11001-02-05-000-2025-00201-00 Acta 5 Bogotá D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025). La Sala resuelve la acción de tutela que promovió NATTIER RODRÍGUEZ SANTACRUZ contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI y el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO de esa misma urbe, trámite extensivo a las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral con radicado n.° 760013105015201800612-01.

I.

ANTECEDENTES El accionante promovió el presente resguardo constitucional para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la «igualdad, dignidad humana y debido proceso», presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. Del escrito de tutela y la documental aportada al plenario, en lo que interesa a la presente acción, se extraen los siguientes hechos relevantes: Ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, el aquí accionante promovió demanda ordinaria laboral en contra del Municipio de Santiago de Cali, en la que pretendió que se condenara al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios consagrados en el inciso 3º del artículo 121 de la Convención Colectiva de Trabajadores del Municipio 2008 - 2011, junto con la indexación de las mesadas pensionales adeudadas.

Por sentencia de 3 de febrero de 2020, el juzgado de conocimiento absolvió al municipio encausado, no obstante, la parte demandante, al encontrarse en desacuerdo, interpuso recurso de apelación para ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, magistratura que, el -28 de febrero de 2022- confirmó en su totalidad el pronunciamiento del a quo.

Inconforme con lo anterior, el tutelante interpuso recurso extraordinario de casación, sin embargo, la colegiatura por auto adiado el -24 de agosto de 2023- negó el recurso interpuesto, habida consideración de que la parte no demostró que le asistía interés económico. Por lo tanto, una vez ejecutoriado el auto, el 31 de agosto siguiente se dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen.

El accionante criticó la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal de Cali el -28 de febrero de 2022-, que confirmó en su totalidad el pronunciamiento del a quo en donde se le negaron las pretensiones, lo anterior, en vista de que consideró que a otros empleados del Municipio de Santiago de Cali que cuentan con sus mismas condiciones laborales, es decir, con la misma edad y tiempo de servicios afiliados al sindicato de trabajadores, sí les fue reconocida la prestación económica, misma que a él le fue denegada.

Con base en tales supuestos fácticos, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, se revoque la decisión objeto de la presente acción para que, en su lugar, mediante sentencia se ordene al Municipio de Santiago de Cali reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación convencional. La acción de tutela ingresó a este despacho el 29 de enero del año en curso y, luego de ser inadmitida y subsanada la demanda, por auto del 10 de febrero se asumió su conocimiento y se ordenó comunicar a las autoridades judiciales accionadas, así como a las demás partes e intervinientes dentro del proceso controvertido, para que, si lo consideraban, se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja constitucional.

En respuesta, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas, sostuvo que se ciñó al procedimiento establecido en el trámite dado al proceso, sin que se haya vulnerado por su parte disposición o trámite en su diligenciamiento. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali remitió el enlace del proceso objeto de censura y, a su vez, consideró que devenía ser claro que la sentencia confutada no podía tildarse de arbitraria o infundada, puesto que se encontraba debidamente sustentada en las correspondientes razones fácticas y jurídicas aplicables al caso.

No se aportaron pronunciamientos adicionales dentro del término concedido para tal efecto. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.

Al descender al sub judice, la Sala observa que el accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia de -28 de febrero de 2022-, proferida por la Sala Laboral del Tribunal de Cali, que confirmó en su totalidad el pronunciamiento del a quo en donde le fueron denegadas las pretensiones de la demanda. Ahora, ciertamente, la acción de tutela no tiene un término de caducidad, pero la jurisprudencia constitucional ha sido pacifica en señalar que la inmediatez es un principio consustancial a la protección que brinda la acción que debe regir su ejercicio y que, en tal contexto, la petición de amparo debe presentarse dentro de un tiempo adecuado y razonable que resulte acorde con las medidas perentorias y urgentes que demandan los derechos fundamentales cuya salvaguarda se requiere.

De consiguiente, la Corte Constitucional ha establecido que el análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez debe ser más exigente cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales, so pena de que se afecten los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica por permitirse un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una providencia judicial.

Por ese motivo, la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales se encuentra sometida a un término razonable que impide su uso en cualquier momento, que es el de los seis (6) meses contados a partir de la ocurrencia de los hechos presuntamente generadores de la vulneración, como lo ha reiterado la jurisprudencia. Es así como la Corte Constitucional ha reiterado que, en aras de proteger la seguridad jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional que procede en los casos en los que se presente violación flagrante y grosera a la Constitución por parte del funcionario judicial y se cumplan los requisitos generales y específicos de procedibilidad.

En ese contexto, el análisis del requisito de inmediatez corresponde a un examen más estricto, con el fin de no afectar los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Así lo reconoció el citado alto Tribunal de la jurisdicción constitucional, entre otras, en la sentencia CC SU-108-2018, en la que, al referirse a la aplicación del principio de inmediatez en tutela contra providencia judicial, estableció que « de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos ».

No obstante, también ha adoctrinado que ese presupuesto puede «flexibilizarse» si la tardanza en el ejercicio de la tutela estuvo mediada por circunstancias jurídicamente válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, tales como la existencia de una situación de debilidad manifiesta, interdicción, incapacidad física, minoría de edad u otra en la que se halle el accionante, o la permanencia en el tiempo de la transgresión o amenaza de los derechos fundamentales.

Al respecto, la Corte Constitucional entre otras, en sentencias CC T-136-2007 y CC SU-108-2018 explicó que el juez debe analizar si se presenta alguna circunstancia que justifique la inactividad, a saber: (i) La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.

Así, en observancia de tales derroteros jurisprudenciales, se evidencia que en el caso controvertido no se cumple con el presupuesto de procedibilidad al que se ha hecho alusión, habida cuenta de que el pronunciamiento que zanjó el asunto fue proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali el -28 de febrero de 2022-, contra la cual, si bien se interpuso recurso de casación, este fue denegado por auto de -24 de agosto de 2023-, y, la presente acción de tutela se presentó en línea ante esta Corporación el 29 de enero de 2025, tal como consta en la trazabilidad de la tutela, es decir, que entre la fecha de los presuntos hechos vulneradores de los derechos fundamentales invocados y aquella en la que se incoó la presente acción constitucional, transcurrieron sin justificación alguna más de seis (6) meses, término que excedió el plazo prudencial al que se hizo alusión previamente, por lo que se descarta la posibilidad de que exista un riesgo inminente sobre los derechos del tutelante que amerite la adopción de las medidas urgentes por ella perseguidas.

Además, con las pruebas allegadas no se acreditó la configuración de alguno de los eventos que ha señalado la Corte Constitucional para «relativizar» el requisito de inmediatez, pues ni si quiera se adujo algún motivo válido para tal desidia. Ahora, refuerza la improcedencia descrita la falta del requisito de subsidiariedad de la censura del gestor, puesto que, si bien lo que se ataca es la sentencia emitida en el año 2022, resulta ser cierto que, contra el auto emitido el 24 de agosto de 2023 por el Colegiado, el promotor no interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, de queja dado que este último denegó el recurso de casación, de acuerdo con los artículos 62 y 68 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mecanismos que eran los idóneos para poder lograr controvertir la sentencia ahora criticada, razón por la cual desaprovechó la posibilidad de que esta Corporación, en sede de casación, se pronunciara en un futuro sobre los reproches que expone en el escrito de tutela.

Lo anterior, aún pese a que, una vez revisado el expediente, se avizora que por tratarse de una prestación económica de tracto sucesivo contaba con el interés económico para acceder a dicho medio. Así las cosas, lo pertinente es declarar la improcedencia de la acción constitucional instaurada. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Notifíquese, publíquese y cúmplase. SCLAJPT-11 V.00 4 SCLAJPT-11 V.00