CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 76001-22-05-000-2026-00013-01 JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ Magistrado ponente STL2645-2026 Radicación n.° 76001-22-05-000-2026-00013-01 Acta 6 Bogotá D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Sala resuelve la impugnación que formuló la COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y PARQUES CEMENTERIOS DE OCCIDENTE GETSEMANÍ SAS contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2026 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, dentro de la acción de tutela que promovió la recurrente contra los JUZGADOS QUINTO LABORAL MUNICIPAL y VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI, trámite extensivo a las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado n° 76001-41-05-005-2025-00177-01.
I.
ANTECEDENTES La convocante promovió la presente acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. En lo que interesa al presente trámite constitucional, del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el plenario, se extrae lo siguiente: Ante el Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cali, la aquí accionante adelantó proceso ordinario contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el propósito de obtener el reconocimiento y pago del auxilio funerario del causante José Heriberto Hurtado Balanta, junto con los intereses moratorios a la tasa máxima vigente o en subsidio la indexación y, las costas procesales.
Agotado el trámite correspondiente, mediante proveído del 27 de junio de 2025, la autoridad cognoscente negó lo pretendido tras declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por la parte demandada. En grado jurisdiccional de consulta, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Cali, por sentencia del 12 de septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes la decisión de instancia. La sociedad promotora censuró las precitadas decisiones, pues, en su sentir, las autoridades judiciales convocadas incurrieron en defecto fáctico al no valorar integralmente las pruebas aportadas y exigir requisitos no previstos en la Ley, como la prueba de pago a un tercero y la autorización de causahabientes, desconociendo la correspondiente factura electrónica que se allegó con los respectivos documentos contractuales.
Con base en tales supuestos fácticos, solicitó que se dejen sin efectos las decisiones emitidas tanto del 27 de junio de 2025 por el Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cali, como la del 12 de septiembre de la misma anualidad por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de la misma ciudad, para que, en su lugar, se profiera una nueva decisión acorde con sus aspiraciones.
II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA La acción de tutela fue presentada el 14 de enero de 2026 y, por auto de la misma fecha, la Sala constitucional de primer grado la admitió, ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso censurado, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En respuesta, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Cali pidió su desvinculación de la acción. El Juzgado Quinto Laboral Municipal de la misma ciudad, tras hacer una breve relación de las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado, pidió declarar improcedente la acción, habida cuenta que […] por esta misma temática se han radicado en contra del despacho más de 7 tutelas en 2026 y 2 tutelas en 2025, ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, para dejar sin efectos sentencias absolutorias proferidas por este despacho, bajo el mismo modus operandi del accionante […].
En suma, no es procedente la acción pues procura un tercer estudio, el cual está proscrito dentro del ordenamiento jurídico y la acción de tutela no es el medio para esos efectos. Por su parte, Colpensiones precisó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la parte accionante, habida cuenta que, tanto en sede administrativa como judicial, se concluyó de manera fundada que no existió prueba del pago efectivo del servicio funerario por parte de la sociedad accionante.
La Sala constitucional de primer grado en sentencia del 27 de enero de 2026, negó el amparo deprecado, tras considerar que la decisión cuestionada al juzgado del circuito accionado, que fue la que cerró el debate, se profirió con observancia de las reglas y principios procedimentales aplicables, con estricta valoración de los medios de prueba presentados. 1.
IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión, la compañía gestora la impugnó y, en sustento de ello reiteró los argumentos expuestos en el libelo tutelar, esto es, que las autoridades judiciales convocadas no abordaron el estudio integral de los medios de prueba que se aportaron al proceso para demostrar los gastos que sufragó en el servicio funerario que se le prestó al causante José Heriberto Hurtado Balanta. 1.
CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ha estimado la Corte que lo anterior sólo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.
En el sub-examine se tiene, que el disenso de la sociedad promotora se centra en las decisiones proferidas el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cali y el 12 de septiembre de ese mismo año por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de la misma urbe, a través de las cuales se negó el reconocimiento y pago del auxilio funerario que le reclamó a Colpensiones.
Sin embargo, previo a abordar el estudio del caso, se hace necesario precisar que, aunque la quejosa enfila su reproche en contra de las providencias emitidas por las autoridades judiciales convocadas en ambas instancias procesales, resulta ser claro que a esta sede constitucional le es inane detenerse en la primera de ellas proferida por el juez del conocimiento, pues, al haber sido revisada en sede de consulta y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le correspondía ante la autoridad natural, de tal manera que la valoración sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo emitido el - 12 de septiembre de 2025 - por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Cali, so pena de convertir este escenario excepcional en una instancia adicional a la ya agotada.
En cuanto al proveído censurado, éste se estudiará de fondo por la Sala, comoquiera que se encuentran acreditados los requisitos generales de procedibilidad, especialmente, los de inmediatez y subsidiariedad establecidos por la Corte Constitucional en sentencia CC C590-2005, el primero, toda vez que la acción se promovió el -14 de enero de 2026-, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se emitió la sentencia reprochada –12 de septiembre de 2025-; y, el segundo, habida cuenta que contra la decisión criticada no procedía recurso alguno por tratarse de un asunto de única instancia. De esta manera, la Sala estudiará si el juzgado del circuito en mención incurrió en algunas de las causales específicas descritas, entre otras, en la sentencia CC SU-116-2018, lo cual se procede a analizar: Para resolver el asunto, la autoridad judicial accionada comenzó por precisar que, el problema jurídico radicó en establecer si la empresa demandante demostró haber sufragado los gastos funerarios del causante José Heriberto Hurtado Balanta y, puntualmente, si las facturas y demás documentos que aportó constituyeron prueba suficiente para acreditar lo que adujo canceló, de conformidad con lo previsto en los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993, por lo que descendió al estudio de las citadas normas y refirió que, para tener derecho al auxilio funerario se requiere que « la persona fallecida haya tenido la condición de afiliado o pensionado, y que el solicitante demuestre haber sufragado los gastos funerarios».
Luego, el juzgado descendió al estudio de los medios de prueba arrimados y, señaló que, aunque se probó la calidad de afiliado del fallecido al régimen de prima media, frente a la titularidad del derecho reclamado que debía probar la parte demandante -aquí ahora tutelante-, se evidenció que ésta aportó al proceso: Factura de venta No. FEG-1652 del 2 de julio de 2024 a nombre de Elkin Yarmit Giraldo Cardoso y factura electrónica de venta FEG-1990 del 3 de diciembre de 2024 expedida a nombre de la Comercializadora de Servicios Funerarios y Parques Cementerios de Occidente Getsemaní SAS, y la nota crédito de factura electrónica de venta DVE-116 del 3 de diciembre de 2024, por concepto de los servicios exequiales prestados con ocasión del fallecimiento del señor José Heriberto Hurtado Balanta por parte del establecimiento de comercio Getsemaní Cristo Rey.
Así, el despacho señaló que, se allegaron dos facturas electrónicas de venta, la primera de éstas realizada a nombre del señor Elkin Yarmit Giraldo Cardoso quien es el representante legal de la sociedad demandante y, la otra a nombre de la Comercializadora de Servicios Funerarios y Parques Cementerios de Occidente Getsemaní SAS, ambos en calidad de compradores, lo cual « genera controversia», comoquiera que, quien solicitó el pago de los gastos funerarios « es quien emite la propia factura, dando a entender a esta instancia que constituye a su favor una prueba que le beneficie».
Así mismo refirió que, aunque el juzgado de instancia requirió a la parte actora para que acreditara el pago de los dineros e incluso aportara otro medio de prueba, se verificó que no existió un sufragio de los gastos funerarios por parte del señor Elkin Yarmit Giraldo Cardoso ni como persona natural, ni como representante legal de la sociedad demandante, sino que se aportó un mandato a nombre de un tercero, la señora Martha Cecilia Murillo, documento que no se mencionó cuando se realizó la reclamación administrativa ni al momento que se presentó la acción judicial y, donde se facultó al citado representante legal para que realizara las gestiones de cobro del auxilio funerario por la prestación del servicio exequial, mandato en el que, por demás, « no se evidencia fecha y autenticidad […] ni se observa una trazabilidad de correspondencia en donde se avizore que dicho poder fue realmente otorgado por quien funge en el documento como mandante».
Aunado a lo anterior, se aportó una orden de servicios a nombre de la citada mandante y la sociedad accionante, donde se relacionaron unos valores específicos pero sin determinar a qué corresponde cada uno y, en el supuesto de que éstos valores correspondieran al total de los gastos sufragados, « la sumatoria total de ellos no se asemeja a lo que pretende la parte activa le sea reconocida por la demandada, lo que genera una gran dubitación sobre el obrar del accionante y sobre los documentos que pretende se tengan como prueba del sufrago de los auxilios funerarios».
Por lo expuesto, el juzgado concluyó que la parte actora no acreditó el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, para ser merecedora del derecho pretendido, toda vez que, no demostró que hubiese sufragado dichos gastos, por lo que fue correcta la decisión de la autoridad judicial de instancia al negar el derecho pretendido, por lo que confirmó la decisión consultada.
A partir del examen de la actuación en comento, se advierte que la solicitud de amparo no está llamada a prosperar, dado que la autoridad judicial que se convocó al trámite constitucional como accionada no infringió el ordenamiento jurídico y tampoco cometió los desatinos evidentes que, según lo analizado en la parte introductoria de la presente providencia, dan lugar, en forma excepcional, a la intervención del juez constitucional, pues al margen que esta Sala comparta o no íntegramente lo discernido, lo cierto es, que dentro del marco de su autonomía, en apego a la realidad probatoria y, en aplicación de la normatividad sustancial aplicable al caso, el juzgado explicó con suficiencia los motivos por los cuales no era posible reconocer y pagar el auxilio funerario a la sociedad demandante, aquí accionante.
De suerte que, contrario a lo argüido por la promotora, la decisión censurada está arraigada en argumentos que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica y obedecieron a la labor equilibrada de hermenéutica propia de la actividad judicial, por lo que resulta evidente que la posición de la parte tutelante no va más allá de querer reabrir un debate jurídico ya dirimido y finiquitado por no haberle resultado afín a sus intereses, por ello debe reiterarse que la naturaleza de la tutela no radica en la generación de un escenario adicional, en el que la parte interesada pretenda imponer su posición frente a la de los jueces naturales, pues si la decisión del conflicto no resulta descabellada debe descartarse la violación de garantías constitucionales, por ende, la intervención tutelar.
Debe insistirse en que, por mandato constitucional y legal, los jueces naturales están revestidos de autonomía en la formación de su convencimiento, del cual bien se puede discrepar, sin que implique necesariamente violación de derecho fundamental alguno, de tal suerte que la intervención del juez de tutela únicamente es viable cuando lo proveído es desproporcionado y arbitrario, lo cual, sin lugar a duda, no se configuró en la decisión atacada.
Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión impugnada que negó el amparo. V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia impugnada.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese, publíquese y cúmplase. SCLAJPT-11 V.00 11 SCLAJPT-11 V.00