Radicación n.° 48842 FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente STL18343-2017 Radicación n.° 48842 Acta 39 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por SAÚL YESID SÁNCHEZ VILLAMIZAR contra la SALA DE CASACIÓN CIVIL, trámite al que se vinculó a la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, ENRIQUE VALENCIA GÓMEZ, JACOBO GUALDRÓN GUALDRÓN, HILARION SUÁREZ CUEVAS, LUIS ALFONSO ESTUPIÑAN ARISMENDY, ORLANDO RODRÍGUEZ DÍAZ, JAVIER LIZANDRO ESPINOZA DUEÑAS, CUSTODIO DURÁN CARREÑO, ISNARDO CASTELLANOS CORDERO, LUZ AMPARO PEDRAZA, MARITZA TOLOZA HERNÁNDEZ, LUZ MILENA GUTIÉRREZ ARIAS, LUIS ORLANDO GUERRERO PABÓN, CARLOS ARTURO GÓMEZ GARRIDO, NORBERTO VÁSQUEZ, EDGAR JAIMES SANTAMARÍA, JAIME DUARTE, JOSÉ MANUEL GÓMEZ, MIGUEL FERNANDO ARIAS GÓMEZ, JAVIER MARTÍN JURADO SILVA, EDGAR ENRIQUE ALFONSO MORALES, NELSON GUEVARA GAMBOA, EDWARD NAVARRO TORRES, EDGAR LEANDRO RUEDA PIAMONTE, YOBANI ABELARDO BARROSO ARAQUE, ORLANDO ROJAS, JAVIER EDUARDO RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALFONSO BARAJAS MORALES, JHON CARLOS SÁNCHEZ LIZCANO, HUGO MORENO FLÓREZ, JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ FLÓREZ y a OMAR TORRES GARCÍA, en su calidad de partes e intervinientes dentro del proceso objeto de debate constitucional.

I.

ANTECEDENTES El accionante interpuso esta acción a efecto de que le protejan los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, defensa y al mínimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. Señaló que fue nombrado en provisionalidad como auxiliar administrativo código 407, grado 2, nivel asistencial de la planta global de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, cargo que ocupó a partir de 2 de septiembre de 2014, por resolución 165 de la misma fecha, del cual tomó posesión al día siguiente.

Aseveró que el 7 de septiembre de 2017, recibió comunicación de la citada Dirección, en la que se le informó que «dando cumplimiento al fallo STC8488-2017», proferido por la Sala de Casación Civil y en aplicación al acto administrativo 1141 de 10 de junio de 2014, se nombró a Maritza Toloza Hernández en propiedad en el puesto que él ocupaba, advirtiéndosele que una vez aquella tomara posesión del cargo, su vinculación terminaba con la entidad, lo cual ocurrió el 8 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, fue declarado insubsistente.

Aseguró que fue hasta el momento de la comunicación de 7 de septiembre de 2017 que conoció del mencionado fallo de tutela, es decir, que no fue vinculado a dicha actuación, situación que le desconoció sus derechos fundamentales, toda vez que al ser afectado directamente por la decisión, se le impidió conocer de ella. A su vez, mencionó que con esa declaración de insubsistencia proferida por la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, cobijada bajo el fallo de tutela de la Sala de Casación Civil, también se le vulneraron garantías fundamentales a su familia, pues no tiene otra forma de sobrevivir en condiciones dignas, ni ofrecerle el nivel de vida que les venía dando.

Por lo anterior, solicitó como medida provisional la suspensión de los efectos jurídicos de la orden constitucional contenida en la providencia de 14 de junio de 2017, a efecto de que se disponga su reintegro al cargo que venía desempeñando; pidió en últimas que se ordene a la Sala de Casación Civil su vinculación al reseñado trámite constitucional con el fin de que pueda ser escuchado.

Mediante auto de 18 de octubre de 2017, esta Sala de la Corte, negó la medida provisional, admitió la acción, vinculó a los atrás mencionados y dispuso su notificación para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción. En documento sin firma, se relacionaron 46 personas naturales y se dio cuenta del trámite constitucional materia de debate.

La Sala de Casación Civil se limitó a informar que el expediente de la acción constitucional materia de debate fue enviado el 19 de julio de 2017 a la Corte Constitucional para su eventual revisión y aportaron las decisiones proferidas al interior del trámite cuestionado. La Comisión Nacional del Servicio Civil expuso que le corresponde a la Dirección de Tránsito accionada «adelantar las gestiones jurídicas y procesales tendientes a garantizar los derechos de los ciudadanos que vía gubernativa hoy actuación administrativa, contravinieron las decisiones contenidas en la Resolución No. 00003 del 24 de abril de 1998 y la Resolución No. 00049 del 30 de septiembre de 1998, habida cuenta que dichos actos administrativos nunca fueron retirados del ordenamiento jurídico colombiano, dado que nunca se encontraron en firme ni ejecutoriados, hasta tanto la CNSC resolviera el recurso ordinario de apelación».

Por demás, destacó que en los hechos que originaron la presente acción, no se advierte participación real de la entidad y, por tanto, solicitó su desvinculación. A su turno, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga solicitó la acumulación de las tutelas que versan sobre el presente caso. Por demás, dio cuenta de las gestiones adelantadas en cumplimiento del fallo emitido el 14 de junio de 2017.

Sometido a discusión el presente asunto, uno de los magistrados informó a la Sala que en otra acción de igual naturaleza, identificada con el radicado interno 48768, que versa sobre similares hechos y confronta el mismo trámite constitucional que aquí es materia de estudio, se recaudó prueba documental tomada en inspección judicial practicada en el proceso de tutela objeto de controversia, así como la respuesta al requerimiento efectuado a la Comisión Nacional del Servicio Civil; en ese orden, en aras de definir la eventual vulneración de los derechos fundamentales invocados, se dispone la reproducción de tales elementos probatorios para que también obren en este expediente.

CONSIDERACIONES La acción de tutela se erige como un mecanismo excepcional, subsidiario, preferente, y sumario, instituido en el artículo 86 de la Carta Política para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades públicas o, incluso, de los particulares, se genere una amenaza o trasgresión de aquellos.

Este amparo es procedente solo cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial o, aun existiendo, no sea eficaz para alcanzar la protección de los derechos superiores, o cuando se promueva como dispositivo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No ofrece duda la excepcionalidad del mecanismo de amparo contra providencias judiciales, no solo por la independencia y autonomía que recubre el quehacer judicial, conforme lo consagra la propia Constitución, sino porque una revisión injustificada de una determinación que ha sido resultado del trámite procesal que le es propio, violentaría los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

En el sub judice, es menester verificar si la autoridad judicial accionada, trasgredió las garantías constitucionales de Saúl Yesid Sánchez Villamizar en el trámite tutelar que dio origen a la presente acción, por cuanto considera que debió ser vinculado a aquel «por ser directamente perjudicado con la decisión que allí se tomara », esto es, con el amparo que concedió la Sala de Casación Civil el 14 de junio de 2017; luego entonces, es claro que el debate constitucional se centra en el trámite dado al interior del anterior trámite constitucional.

Frente al tema planteado, la Corte debe reiterar que la acción de amparo no puede utilizarse para que el juez de tutela reexamine debates constitucionales, de manera que en principio es inviable atacar por este medio las providencias que allí se profieran, salvo que se advierta una evidente vulneración del debido proceso en el desarrollo del mismo, que incida en una decisión contraria a derecho.

En esa dirección, cumple recordar que, pese a la sumariedad en el trámite de la acción de tutela, su desarrollo no puede escapar a las garantías constitucionales de todo proceso judicial o administrativo, por manera que si se ha surtido sin el conocimiento de cualquiera de las partes o de terceros que pueden resultar afectados con la determinación que adopte el juez constitucional, dicha circunstancia se traduce en una flagrante violación del derecho de contradicción y defensa y, por ende, del debido proceso.

Justamente, el artículo 16 del Decreto 2591 de1991, prescribe que todas las providencias que se emitan en desarrollo de la acción de tutela « se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz», por tanto, la obligación de poner en conocimiento la iniciación del trámite tutelar a quienes deben intervenir, no se limita a los accionados, sino a todo aquel que pueda resultar afectado con la decisión que se tome.

En este caso específico, de la lectura de los antecedentes fácticos, fluye evidente que resultaba imperioso vincular a Saúl Yesid Sánchez Villamizar, así como a todos lo que pudieran verse afectados con las resultas de la acción de tutela promovida por Luz Milena Gutiérrez Arias y otros, contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Comisión Nacional del Servicio Civil, tramitada en la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga radicada bajo el número 68001-22-13-000-2017-00230-00, toda vez que fue uno de los directamente afectados con la determinación adoptada en ese asunto.

Ahora bien, verificado la página web de la Corte Constitucional, se pudo establecer que dicha Corporación excluyó de revisión la citada actuación mediante providencia de 24 de julio de 2017, advirtiéndose que de las pruebas provenientes de la acción de tutela con radicado 48768 e incorporadas a este trámite, tal como antes se anotó, se encontró que por auto de 28 de marzo de 2017, el Tribunal que conoció en primera instancia la anterior acción, ordenó su notificación a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, sin vincular a los terceros interesados en el resultado de esa controversia.

Por otro lado, también se verificó que la Comisión Nacional del Servicio Civil precisó que notificada del trámite constitucional cuestionado, «no dispuso la publicación de la misma en la página web de la CNSC, ni que se surtiera la notificación a ningún tercero ». Así las cosas, al no evidenciarse por esta Sala que el accionante hubiese sido vinculado y notificado de la demanda constitucional que dio origen a la presente acción, pese a surgirle un innegable interés en las resultas de la misma, es dable concluir que le fueron trasgredidas las garantías fundamentales deprecadas, razón por la cual debe concederse el resguardo perseguido.

Corolario de lo anterior, se ordenará tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de Saúl Yesid Sánchez Villamizar y, en consecuencia, se dispondrá declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas al interior de la acción de tutela 68001-22-13-000-2017-00230-01, adelantada por Luz Milena Gutiérrez Arias y otros contra la Dirección de Tránsito de esa ciudad y la Comisión Nacional del Servicio Civil a partir del auto de admisión de tutela, calendado de 28 de marzo de 2017 para que, la Sala Civil Familia del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el término improrrogable de cinco (5) días rehaga el trámite y, en ese sentido, vincule al promotor, así como a todos los que pudieran verse afectados con dicha actuación y comunique la existencia de aquella acción, con el fin de que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído, manteniendo la validez de las pruebas obrantes en el expediente.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y al derecho de defensa de SAÚL YESID SÁNCHEZ VILLAMIZAR, acorde a las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela radicada bajo el número 68001-22-13-000-2017-00230-01, impetrada por Luz Milena Gutiérrez Arias y otros contra la Dirección de Tránsito de esa ciudad y la Comisión Nacional del Servicio Civil, a partir del auto admisorio de fecha 28 de marzo de 2017 y, en consecuencia, ORDENAR a la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, que en el término improrrogable de cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, rehaga la actuación constitucional y vincule a SAÚL YESID SÁNCHEZ VILLAMIZAR, así como a todos los que pudieran verse afectados con dicha actuación manteniendo la validez de las pruebas obrantes en el expediente, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a los interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. GERARDO BOTERO ZULUAGA Presidente de la Sala JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN SCLAJPT-12 V.00 11 SCLAJPT-12 V.00