CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 48830 FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente STL17815-2017 Radicación n.° 48830 Acta 39 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Decide la Sala la acción de tutela presentada por OSCAR HUMBERTO SERRANO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUADALAJARA BUGA y el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad, trámite al que se vinculó a las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de debate constitucional.
I.
ANTECEDENTES Relata el accionante que por escritura pública No. 705 del 12 de junio de 1998, el alcalde municipal de Buga dispuso la escisión de las Empresas Municipales de Buga, y la creación de Aguas de Buga S.A. E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P., la cual quedó «bajo el control del municipio». Que el 10 de agosto del 2000, promovió demanda especial de fuero sindical –acción de reintegro – contra la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A E.S.P. (EMBUGA), asunto que correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, el cual mediante sentencia del 1 de febrero de 2002, condenó a la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P. a reintegrarlo a un cargo igual o superior al que venía ocupando junto con el pago de los salarios dejados de percibir desde el 19 de abril de 2000, fecha en la que fue despedido sin justa causa, y hasta la fecha en que se hiciera efectivo el reintegro; que la anterior decisión fue confirmada el 8 de abril de 2002, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga.
Adujo que de la anterior decisión fue notificado el Liquidador de la empresa y que solicitó medidas cautelares sobre bienes muebles e inmuebles de la empresa, solicitudes que fueron resueltas mediante autos interlocutorios del 6 de junio y 7 de diciembre de 2007 de forma negativa, como otras solicitudes que están dentro del Proceso ejecutivo 2005-00214, que constan en autos 576 del 3 de abril de 2006, 799 del 21 de junio de 2012 y 1228 de 28 de octubre de 2013.
Que entre Aguas de Buga S.A. E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P., se firmó un contrato de usufructo el 30 de noviembre de 2000; que por auto del 3 de noviembre de 2005, el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago contra la empresa accionada y, el 16 de agosto de 2006 el Juzgado se abstuvo de decretar medidas cautelares sobre el presupuesto del Municipio de Buga, con fundamento que no era la entidad obligada a cumplir la sentencia judicial, y el 3 de abril de 2006, decretó el embargo y retención de los ingresos que como usufructo pagaba Aguas de Buga S.A. E.S.P. a EMBUGA S.A. E.S.P. Ante la liquidación definitiva de la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P., su apoderado solicitó que se declarara la sucesión procesal con el Municipio de Guadalajara de Buga, lo que fue negado el 30 de septiembre de 2014 por el Juzgado accionado; que se pidió la nulidad del proceso con fundamento en que EMBUGA se liquidó el 29 de diciembre de 2000, y que para la fecha en que se profirieron las sentencias en el proceso especial de fuero sindical, carecía de personería jurídica no siendo procedente continuar una ejecución contra una entidad inexistente, y por auto del 30 de noviembre de 2015 el Juzgado no accedió a su peticiones, por lo que interpuso recurso de apelación. Que el Tribunal al resolver el recurso de apelación por providencia del 27 de julio de 2016, dejó sin efectos el mandamiento de pago, luego de referirse a la prueba documental obrante en el proceso y constatar que la empresa se encontraba liquidada desde el 2000 y por lo tanto inexistente y sin capacidad de comparecer al juicio, «de manera que el mandamiento de pago nunca debió librarse» Que por auto del 22 de marzo de 2017, el Juzgado en obedecimiento a lo resuelto por el Tribunal, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del proceso ejecutivo; que se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, el primero de los cuales fue desestimado el 27 de abril de 2017, y el segundo, declarado inadmisible por el Tribunal en proveído del 20 de junio de 2017.
Se queja el accionante que el Tribunal no tuvo en cuenta la última escritura pública n.º 3041 del 23 de noviembre de 2002, que acredita que EMBUGA se encontraba en proceso de liquidación y no liquidada definitivamente para la fecha en que se profirió sentencia de segunda instancia en el proceso especial de fuero sindical, ello por cuanto « todas escrituras de la Notaría Segunda de Buga Valle, no habían sido registradas por tanto, no podían producir EFECTOS JURÍDICOS y que por el contrario, fue necesario por parte de los socios de la empresa protocolizar la escritura 3041 del 23 de noviembre de 2002, corroborándose con ello que la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P. y ya CONDENADA no estaba liquidada».
Que además sobre los hechos ya hubo pronunciamiento en sede constitucional por parte de esta sala de casación, que por providencia del 11 de diciembre de 2014 radicado interno 57017, expresó: «que era obligación de los Juzgadores tener en cuenta NUEVAS PRUEBAS tales como: “a) Escritura pública No. 3041 del 23 de noviembre de 2002, b) Informe del CTI del 19 de diciembre de 2007 No. 43.000-6-16428 (…), c) El informe de la Contraloría Departamental del 25 de octubre de 2013 (…), la respuesta del 3 de diciembre de 2012 de la Superintendencia de Sociedades», pruebas «ante las cuales los Juzgadores de instancia hicieron caso omiso pues en el auto 0203 y 195 del 2017 desconocen la prueba como lo es la escritura 3041 y el informe de la Fiscalía».
Por lo anterior, estimó quebrantados los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo, y en consecuencia, pide que se deje sin efectos el proceso ejecutivo a partir del auto proferido el 27 de julio de 2016, por el Tribunal accionado, y se ordene continuar con la ejecución hasta obtener el pago de la condena impuesta, «puesto que en firme los autos 576 del 3 de abril de 2006, auto 799 del 21 de julio de 2012 y 1228 de 28 de octubre de 2013, proferidos, sin haberse formulado excepciones contra el mandamiento de pago de esa misma fecha, el juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución» Por auto del 17 de octubre de 2017, esta sala de la Corte asumió el conocimiento, y vinculó a la Empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P, a la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P., al Municipio de Buga, al señor Rubén Darío Ríos Gallego en calidad de gerente y liquidador de la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P., a Jaime Díaz Serna, José Jair Velásquez Santa, Gustavo Viáfara Cifuentes, Walter Sánchez Barrero y a Diego Fernando Arango.
La empresa Aguas de Buga se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la tutela, por considerar que la misma en ningún momento ha vulnerado derechos fundamentales, pues la empresa extinta de servicios Públicos de Guadalajara de Buga, son totalmente diferentes, y al no estar ni siquiera vinculada la empresa de Aguas de Buga en el proceso ejecutivo del cual se atacan las decisiones, no tiene inferencia alguna en las posibles irregularidades manifestadas, por lo que solicitó que se desvincule de esta acción. Los vinculados Jaime Díaz Serna, José Jair Velásquez Santa, Gustavo Viáfara Cifuentes, Walter Sánchez Barrero y a Diego Fernando Arango, dentro del término legal hicieron un recuento de las actuaciones procesales que se han adelantado dentro del proceso atacado, a su vez mencionaron hechos de las empresas a las cuales pertenecen, que en su sentir, son «falsos», y que existen varias inconsistencias en ellos, y expusieron que también han interpuesto una seria de tutelas por hechos similares las cuales se encuentran en trámite.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga expresó que lo actuado dentro de referido proceso se llevó a cabo conforme a derecho, y que de igual forma se acogerá a lo dispuesto por el juez constitucional. El Vicepresidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Buga indicó que las actuaciones de esa Sala Laboral, han sido tomadas en atención a las normas y jurisprudencia que regulan los asuntos de estudio; que del escrito de tutela se evidencia que sus pretensiones son imprecisas, pues no concreta el punto de supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, y que es claro que lo que su intención es la posibilidad de una «tercera instancia», pues ataca providencias que están sustentadas bajo los lineamientos legales, por lo que solicitó declarar improcedente esta acción. CONSIDERACIONES La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo expedito y eficaz, en virtud del cual toda persona puede acudir ante los jueces con el fin de obtener la protección de los sus derechos fundamentales cuando estime que los mismos han sido vulnerados por las autoridades públicas, o por los particulares en ciertos específicos eventos.
El mecanismo antedicho procede, excepcionalmente, cuando el origen de la presunta vulneración proviene de una decisión judicial. No obstante, la salvaguarda constitucional, en estos casos puntuales, está supeditada a que quien reclama el amparo acredite con suficiencia que la providencia judicial cuestionada no ha sido el producto de un juicio ponderado y razonable de la autoridad judicial correspondiente, sino que, por el contrario, ha sido el resultado de un análisis caprichoso y arbitrario, a todas luces incompatible con el ordenamiento jurídico que en cada caso es aplicable.
En el asunto, se observa que la decisión que acusó el accionante, de transgredir sus garantías superiores, es la que profirió la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga el 27 de julio de 2016, en el proceso ejecutivo radicado 2005-00214, mediante la cual dejó sin efecto el auto del 3 de noviembre de 2005, por el cual el Juzgado Laboral del Circuito de Buga, libró mandamiento de pago contra la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P. Así como el auto del 22 de marzo de 2017, a través del cual el Juzgado en cumplimiento de la decisión del Tribunal, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del proceso.
Revisada la providencia del Tribunal se advierte que comenzó por analizar el recurso de alzada que le había otorgado la competencia funcional, cumplido lo cual, señaló que el primer asunto que debía resolver, consistía en determinar si procedía la nulidad alegada por la parte ejecutante y que fundó en que […] la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. ESP, fue liquidada el 29 de diciembre de 2000, como consta en el Certificado de la Cámara de Comercio de Buga, de fecha 16 de septiembre de 2015; de modo que a la emisión de las sentencias Nos. 010 de 1º de febrero de 2002 y 096 de 8 de abril de 2002; emitidas en proceso especial de fuero sindical, en acción de reintegro, no tenía personería jurídica y había desaparecido del ámbito jurídico; en consecuencia, dice el recurrente, se está tramitando un proceso ejecutivo contra una entidad inexistente, debiéndose dar cumplimiento a los establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y cumplirse el trámite del artículo 1434 del Código Civil […].
Acto seguido, hizo un recuento de las principales actuaciones surtidas en el proceso especial de fuero sindical, y se refirió a las escrituras públicas No. 2204 del 29 de septiembre de 2000, 3020 del 29 de diciembre de 2000, 1654 del 19 de junio de 2001 y 3041 del 23 de noviembre de 2002, para señalar: […] Integrado el iter procesal de la acción especial de reintegro por fuero sindical con los actos que corresponden a la liquidación de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALAJARA DE BUGA S.A. ESP y la información de la Cámara de Comercio de esta Ciudad; se arriba a una realidad incontrastable: que a la fecha en que se profirieron las sentencias que conforman el título base de recaudo en este proceso ejecutivo, la demandada no tenía existencia jurídica en razón a que fue objeto de un proceso de liquidación cuya cuenta final quedó protocolizada mediante Escritura Pública No. 2204 del 29 de septiembre de 2000, de la Notaría Segunda del Círculo de Guadalajara de Buga, inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad 29 de diciembre de 200, bajo los números de inscripción 328 y 1823 de los libros IX y XV.
Nótese, por añadidura, que en la Escritura Pública No. 2204 de septiembre 29 de 2000, se dejó constancia de que «se incluye Certificación No. 2000-40 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de fecha 22 de noviembre de 2000, en la que se hace constar que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADALAJARA DE BUGA S.A. ESP, con Nit. 815-001-628-6, no se encuentra registrada en esa entidad como prestador de servicios públicos» […].
A continuación, citó la normatividad relacionada con la personería jurídica, la capacidad de las sociedades, su disolución y liquidación, y un concepto de la Superintendencia de Sociedades sobre la terminación de la existencia jurídica de dichas personas jurídicas, y concluyó: […] De esta forma, es decir, como quiera que a partir de la aprobación e inscripción de la cuenta final de liquidación el sujeto mercantil desaparece del mundo jurídico, en ese momento la sociedad liquidada pierde la capacidad para actuar y luego de que ello ocurra no es posible su comparecencia en juicio, ya como demandante, ora como demandado, dada su efectiva extinción. Hechas las anteriores precisiones y toda vez que se encuentra evidenciado que la sociedad demandada en dos acciones diferentes y consecutivas, estaba sometida al régimen mercantil y su proceso de disolución y liquidación se verificó fundamento en dicha normativa; su vida jurídica se extinguió desde la inscripción de la escritura de aprobación de la cuenta final o efectiva de liquidación efectuada el 29 de diciembre del año 2000, ante la Cámara de Comercio de esta localidad; de modo que al haber desaparecido de la vida jurídica, el señor Rubén Darío Ríos Gallego, quien ostentó la calidad de liquidador, tampoco estaba legitimado para representarla, toda vez que, se repite, con el trámite de disolución y liquidación se extinguió la persona jurídica y por sustracción de materia, carecía de facultad para obrar como representante legal de una entidad que había dejado de existir material y jurídicamente.
Se dice lo anterior, porque los efectos extintivos sobre la sociedad se extienden a su liquidador, quien por consiguiente cesa en sus funciones y no podía representarla ni actuar en nombre de aquella. Sobre este punto, la Superintendencia de Sociedades, en concepto contenido en oficio 220-000324 del 8 de enero de 2013, señaló: (…) Ante tan palmaria realidad y de cara al marco legal y doctrinal bosquejado, ultima esta Sala que se adelantó ejecución contra una persona jurídica liquidada desde el año 2000 y por tanto inexistente y sin capacidad para comparecer a juicio; de manera tal que el mandamiento de pago nunca debió librarse.
Así las cosas, por no tipificarse nulidad, se dejará sin efectos el mandamiento de pago librado en este proceso, mediante auto No. 2091 del 3 de noviembre de 2005, sin que haya lugar a entrar en el estudio de las demás quejas, contenidas en el pliego de apelación y tampoco se condenará en costas en esta sede, por no aparecer causadas. Expuesto lo anterior, para la Sala es claro que la providencia que se pretende atacar por esta vía, no es arbitraria o caprichosa, ni está desprovista de sustento jurídico; por el contrario, se apoya en un adecuado análisis de la situación fáctica y jurídica sometida al escrutinio del fallador accionado, lo que le impide al juez de tutela interferirla, pues de hacerlo, rebasaría la órbita de su competencia; en síntesis, es producto de una interpretación jurídica respetable, con apego a las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideración, por lo que mal podría el fallador de tutela desconocer esa decisión, que se insiste, está cimentada en el criterio del funcionario competente y conforme a las normas existentes, sin que el mero desacuerdo del actor tenga la virtualidad de desquiciar esa manifestación judicial.
En ese orden de ideas, resulta improcedente fundamentar la solicitud de amparo en discrepancias de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales, como si se tratara de una instancia más y pretender que el juez constitucional sustituya en su propia apreciación, el análisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisión correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideración. Así entonces, de acuerdo con lo anteriormente analizado, y sin que ello implique que esta colegiatura comparta los razonamientos esgrimidos por la autoridad accionada para arribar a la decisión censurada, lo cierto es que dicha determinación no puede ser tachada de arbitraria o carente de fundamento, de forma tal que se aparte radicalmente de la legítima tarea de administrar justicia dentro de un escenario de independencia judicial, pues, en oposición a lo sostenido en tal sentido en la acción de tutela, el análisis vertido por el Tribunal en dicha providencia se respaldó en un juicio hermenéutico plausible, así como en el análisis ponderado de las pruebas obrantes dentro del proceso.
Además, es evidente que la decisión del Tribunal estuvo en consonancia con lo solicitado en el recurso de apelación conforme lo exige el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues en su sustentación la parte demandante no solo insistió en las medidas cautelares contra Aguas de Buga S.A. E.S.P. y el Municipio de Guadalajara de Buga, sino que además cuestionó la negativa del Juzgado de declarar la nulidad del proceso ejecutivo ante la extinción de la ejecutada EMBUGA, con el fin de disponer la sucesión procesal con el referido ente territorial.
De otro lado, se advierte que sobre las actuaciones surtidas en el referido proceso ejecutivo, específicamente las relacionadas con el presunto incumplimiento de las medidas cautelares decretadas en los autos No. 576 del 3 de abril de 2006, 799 del 21 de junio de 2013, y 1228 del 28 de octubre de 2013, por parte del Municipio de Buga y la empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P., y que son los mismos que ahora denuncia el accionante, esta sala ya se ha pronunciado en tres ocasiones, en el sentido de negar la protección reclamada por los otros ejecutantes al no encontrar ninguna irregularidad procesal ni sustancial protuberante en la ejecución judicial.
En efecto, en el último fallo de tutela que data del 11 de diciembre de 2014, radicado 57017, STL STL17438-2014, y en el que actuó como accionante Diego Fernando Arango Ospina, se expuso: […] En el caso concreto, se observa que la tutela debate el incumplimiento de la medida cautelar ordenada por el juzgado accionado, proceso que tiene como origen un título ejecutivo de la sentencia judicial proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Guadalajara de Buga el día 1º de febrero de 2002, en la que resolvió, condenar a Embuga S.A. E.S.P a reintegrar a otras personas junto con el accionante al cargo que venían desempeñando, más el pago de las acreencias laborales.
De igual forma, considera el petente que se debe dejar a un lado la escritura pública 2204 del 29 de septiembre de 2000, con el fin de condenar al Gerente Liquidador de las Empresas de Servicios Públicos de Gualadajara de Buga o quien haga sus veces, por cuanto es la base de las providencias que negaron su pretensión en el proceso ordinario.
(…) Planteado así el problema jurídico, encuentra la Sala que en un caso similar, en que figuraban como accionantes Walter Sánchez Barrera, Jaime Díaz Serna, Gustavo Viáfara Cifuentes, Óscar Humberto Serrano, José Jair Velásquez Santa y el actual tutelante, quien en el trascurso de la acción de amparo decidió desistir, contra Aguas de Buga S.A. E.S.P Aguas Buga S.A., y el Juzgado Laboral del Circuito de Buga, se pronunció respecto de la responsabilidad que tenía la entidad accionada, en providencia con Rad. 56725, el 26 de noviembre de 2013, en el que dispuso: (…) Por último, frente al auto 1358 del 9 de diciembre de 2013, se observó que el juzgado accionado, consideró que los dineros provenientes de la constitución del usufructo no llegan a las arcas de la Empresa de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga S.A. E.S.P., entidad liquidada e inexistente, sino que son manejadas por el Municipio de Guadalajara de Buga, en virtud a su liquidación, según consta en la cláusula especial de la escritura pública No. 2204 del 29 de septiembre de 2000.
Así las cosas, resolvió que lo anterior: «(…) lleva al juzgado a que no encuentre una responsabilidad subjetiva en la negativa de Aguas de Buga S.A. E.S.P. de dar cumplimiento a la orden judicial, pues lo hizo valido de razones atendibles, en consecuencia no se le impondrá las sanciones previstas en los arts. 39 y 681 -4 del C.P.C. Argumentaciones que no lucen arbitrarias y como ya se dijo, la simple divergencia de criterio del accionante con el juzgador no se convierte un factor que vulnere sus derechos fundamentales.
Es decir, que con independencia de que se compartan o no las consideraciones esgrimidas por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que la providencia se encuentran edificada en reflexiones que consultan las reglas mínimas de razonabilidad jurídica, impidiendo al juez de tutela interferir invocando una mejor interpretación del asunto.
De otra parte, cumple aclarar, que la propia Constitución Política reviste de autonomía al juzgador en la apreciación de los medios de convicción, por lo que no es procedente la acción de tutela para controvertir la valoración probatoria en que fundamenta su decisión, de la cual puede disentir el tutelante, pero ello no configura una violación de derecho fundamental alguno. El juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de dicha valoración probatoria e interpretación legal del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. De otro lado, al patente le queda el camino de iniciar una nueva acción judicial contra la entidad que considere debe responder por las acreencias laborales a cargo de las extintas Empresas de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga, que fueron ordenadas mediante sentencia judicial y que no hubieran sido objeto de recaudo en el proceso ejecutivo en cuestión, medio de defensa judicial de que disponen los accionantes y que no puede reemplazarse o dejarse de lado por esta acción extraordinaria.
Finalmente, en dicha providencia y contrario a lo afirmado por el accionante, en cuanto a que se ordenó a los juzgadores accionados valorar las «pruebas nuevas», tales como la escritura pública n.º 3041 del 23 de noviembre de 2002, lo que se expuso fue que «la propia Constitución Política reviste de autonomía a los juzgadores en la apreciación de los medios de convicción, por lo que no es procedente la acción de tutela para controvertir la valoración probatoria en que el juzgador fundamentó su decisión, de la cual bien puede discrepar el tutelante, pero no por ello configura violación de derecho fundamental alguno».
Así las cosas, estima la Sala que las anteriores consideraciones resuelven la génesis de lo solicitado por el accionante en la presente acción, pues su inconformidad finalmente se circunscribe a la entidad que, a su juicio, debe asumir las obligaciones contraídas por la extinta EMBUGA, aspecto que según quedó visto fue dilucidado en el precedente citado, sin que sea posible que se realice un nuevo estudio de la situación fáctica planteada, pues ello implicaría que se postergara indefinidamente la decisión de las solicitudes de amparo de los derechos fundamentales, en razón de las múltiples acciones que podrían interponer quienes resulten vencidos en un litigio.
Lo anterior resulta suficiente para negar la acción constitucional. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. GERARDO BOTERO ZULUAGA Presidente de la Sala JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN SCLAJPT-11 V.00 17 SCLAJPT-11 V.00