Radicación n.° 54112 CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente STL1753-2019 Radicación n.° 54112 Acta n.º 4 Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, de acción de tutela presentada por RICARDO AUGUSTO VIVES FERNÁNDEZ contra la SALA CIVIL – FAMILIA - LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, trámite que se hizo extensivo a las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de cuestionamiento.

I.

ANTECEDENTES RICARDO AUGUSTO VIVES FERNÁNDEZ instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y DEFENSA, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. Relata el promotor que adelantó un proceso ordinario laboral contra la Escuela de Educación de Colombia Ltda. – Esesco y, solidariamente, contra Rafael Segundo Villero Caballero y Rosa Dolores Guillén Rodríguez con la finalidad de obtener la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo, reconocimiento y pago de acreencias laborales.

Informa que el trámite se adelantó ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, despacho que en auto de 26 de mayo de 2015 admitió la demanda. Agrega que el citatorio para notificación personal a cada convocado se le envió por correo certificado a la dirección de notificación judicial registrada en el certificado de existencia y representación legal de la demandad Esesco.

Informa que Rosa Dolores Guillén no compareció al proceso, razón por la cual mediante providencia de 1.º de diciembre de 2015 le fue nombrado curador ad litem, quien se posesionó el 19 de enero de 2016 y, el 2 de febrero siguiente contestó la demanda. Expone que el 25 de septiembre de 2016 se publicó el emplazamiento a través del periódico el Espectador y que, a continuación, el juzgado de conocimiento realizó la publicación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas.

Refiere que el 27 de febrero de 2017 los demandados se presentaron en las instalaciones del despacho judicial, para audiencia de conciliación y de trámite. Agrega que Guillén Rodríguez propuso nulidad por indebida notificación, toda vez que se le envió la comunicación respectiva al instituto demandado y no a su residencia, petición a la cual no accedió el a quo.

Indica que Guillen Rodríguez presentó recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; sin embargo, aquel no se repuso y, en su lugar, se concedió la alzada ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, Colegiado que revocó providencia de primer grado y, en su lugar, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, tras considerar que «la citación para la notificación personal no fue enviada a la dirección que suministró el mismo demandante en su escrito de demanda como la de esa demanda, sino que fue remitida a la dirección de otro de los demandados».

Cuestiona que el ad quem no tuvo en cuenta que la citación a la referida demandada se le envió a su lugar de trabajo, lo cual vulneró sus garantías superiores al no decretar el saneamiento de la nulidad. Acude entonces al presente mecanismo de amparo constitucional, para que se protejan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, solicita se deje sin valor y efecto la providencia proferida el 30 de octubre de 2018 por la Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, para que en su lugar, se confirme la decisión de primera instancia que negó la nulidad por indebida notificación. Mediante auto proferido el 24 de enero de 2019, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la convocada y vinculados, a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción. En término, las partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Es criterio reiterado que la acción de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, solo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales, además de estar limitada a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, o se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

Importa precisar que el artículo 29 de la Constitución Política establece que «el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas». Esta disposición reconoce el principio de legalidad como fundamental en el ejercicio de las funciones tanto judiciales como administrativas, razón por la cual, se deben observar las formas propias de cada juicio y asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permitan a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, integrando una serie de garantías en defensa de los asociados con el objeto de obtener una pronta y cumplida justicia. Al descender al sub lite, se observa que la inconformidad del accionante se dirige contra la determinación adoptada el 30 de octubre de 2018 por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por medio de la cual, revocó la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, declaró la nulidad de lo actuado por indebida notificación dentro del proceso ordinario laboral que adelantó contra la Escuela de Educación de Colombia Ltda. – Esesco y, solidariamente, contra Rafael Segundo Villero Caballero y Rosa Dolores Guillén Rodríguez.

Pues bien, al examinar la actuación censurada, observa esta Sala que nada hay que reprocharle a la autoridad judicial, en tanto no se observa caprichosa o antojadiza, pues por el contrario, se encuentra debidamente fundada en la normativa que gobierna el asunto. Ello es así, especialmente si se tiene en cuenta que en los términos el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la notificación del auto admisorio de la demanda dentro del proceso laboral se surtirá de manera personal.

Para tal efecto, se da aplicación al artículo 29 ibídem, esto es, informar a través de aviso al demandado, que debe concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al de su fijación para notificarle personalmente el auto admisorio de la demanda y que si no comparece se le designará un curador ad litem. Teniendo en cuenta lo anterior, ningún reproche merece la decisión adoptada por el Tribunal censurado, pues indicó razonadamente que en el trámite del proceso cuestionado, no se dio cumplimiento en debida forma al envío del citatorio de que trata la norma anterior, toda vez que al revisar la demanda en el acápite de las notificaciones para Rosa Dolores Guillén Rodríguez se informó la carrera 19 C n.º 9C-30 de Valledupar; sin embargo, fue remitida en forma errada a la dirección registrada para la Escuela de Educación de Colombia Ltda. y así lo constata esta Sala a folio 13 en que se evidencia que el documento lo recibió Fausto Mora en la carrera 4.ª n.º 15-15 de esa ciudad.

De ahí concluyó el juez de apelaciones que «ese error de enviar el citatorio a la dirección equivocada impide que la demandada conozca de la admisión del proceso y que ejerza su derecho de defensa» y, por tanto, no estaban las condiciones para designarle un curador para la litis, puesto que no se podía predicar que la parte actora desconociera el domicilio de esa convocada o que se hubiera ocultado para evadir su notificación, razón por la cual declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 1.º de diciembre de 2015, por medio del cual se designó el curador ad litem.

De lo anterior, se concluye que la Sala convocada apoyó su decisión en la normativa aplicable para el caso en cuestión y en las pruebas allegadas por las partes al proceso, a partir de las cuales pudo determinar que la comunicación para citar a Rosa Guillén Rodríguez con la finalidad de notificarla personalmente del auto admisorio de la demanda, se efectuó a domicilio diferente al reportado en el escrito inicial, sin que ello significara que desconociera el domicilio de la misma para que se le designara de inmediato curador ad litem.

Así pues, ante tal circunstancia, mal haría esta autoridad constitucional, en desconocer el contenido de la decisión fustigada, pues el raciocinio del juez natural debe primar, siempre que ello no comporte desconocimiento de la ley, la Constitución y las garantías fundamentales de los interesados, por lo que no está facultado el juez de tutela para revocar la decisión tomada en el juicio ejecutivo, sobre la base de una disparidad de criterio.

No es posible, entonces refutar providencias sin demostrar previamente la existencia del yerro jurídico, pues ello atenta contra los principios de autonomía judicial y cosa juzgada. En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, resultan suficientes para denegar el amparo solicitado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Notifíquese, publíquese y cúmplase. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 1 9