CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación n.° 56901 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ Magistrado ponente STL17122-2014 Radicación n.° 56901 Acta 43 Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil catorce (2014). Se procede a resolver la impugnación presentada por ALEJANDRO FIDEL TAPIAS ESCALANTE contra el fallo proferido por la SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL ESPECIALIZADA TRANSITORIAMENTE EN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR del 15 de septiembre de 2014, dentro de la acción de tutela que instauró el recurrente contra el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, ALCALDÍA, el DEPARTAMENTO DEL CESAR, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA-, trámite al cual se vinculó a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR –COMFACESAR.

I.

ANTECEDENTES El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la igualdad, a la vida digna, al debido proceso, a la defensa, a la especial asistencia y protección a los niños y al a «neutralidad». Manifestó que es desplazado por la violencia y que actualmente vive en el barrio de invasión «Tierra Prometida» de la ciudad de Valledupar; que pese a que se encuentra censado «para la asignación prioritaria de dicha solución de vivienda» y que ha habido en esa ciudad un «sinnúmero de sentencias de diferentes Juzgados del Circuito de esta ciudad, asimismo, del Tribunal Superior de Valledupar, PERO, también de la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL», en las que se ha condenado al suministro de viviendas, no se ha dado cumplimiento a situación. Que pese a que el Estado convocó la entrega de 3.000 subsidios de vivienda gratuitas en Valledupar, indicó que los beneficiarios «casi todos» fueron personas que ya tenían un subsidio asignado mediante cartas de asignación o cheques otorgados por parte del Fondo Nacional de Vivienda; por lo que en su criterio el proceso de selección no tuvo vigilancia por parte de las instituciones accionadas, irregularidad que advirtió frente al señor Ramón Antonio Torres.

Por lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos constitucionales invocados y como consecuencia de ello se ordene a las accionadas que tramiten la adjudicación de su subsidio de vivienda gratuita conforme su calidad de desplazado por la violencia. II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA La SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL ESPECIALIZADA TRANSITORIAMENTE EN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR el 15 de septiembre de 2014 denegó la protección procurada al considerar que la acción es temeraria como quiera que con antelación el accionante presentó acción de tutela con iguales hechos y pretensiones, pues de ello dan cuenta las sentencias de fecha de 30 de abril y del 24 de julio de 2013 de la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y de esta Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, mediante las cuales se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, siendo excluidas para su revisión por parte de la corte constitucional.

III. IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión, la actora la impugnó a través del escrito visible a folios 379 a 380, por medio del cual reitera los argumentos planteados en el escrito inicial, así como sus pretensiones. IV. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Descendiendo al caso que nos ocupa, considera la Sala que la presente impugnación no está llamada a prosperar, por cuanto, efectivamente se advierte una actuación temeraria del accionante con la interposición de la presente acción, en los aspectos en los cuales se centró el escrito de tutela, pues revisadas las documentales acompañadas a la presente acción, se observa con claridad que lo pretendido en esta, ya fue objeto de decisión por parte de los jueces constitucionales de tutela, quienes mediante providencias de 30 de abril y del 24 de julio de 2013, se pronunciaron de fondo sobre las mismas pretensiones que plantea en esta acción la interesada.

No está por demás advertir que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, pretende evitar el abuso del derecho en el ejercicio de la acción de tutela y, de contera, impedir la pluralidad de pronunciamientos sobre una misma situación fáctica, como la que aquí se expone, a la vez que conjurar la temeridad y deslealtad de quien a sabiendas de lo infructuoso de su derecho, insiste tozudamente en su accionar.

En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, habrá de confirmarse la sentencia impugnada. III-.DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, IV-.

RESUELVE

1-. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por la SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL ESPECIALIZADA TRANSITORIAMENTE EN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR del 15 de septiembre de 2014, dentro de la acción instaurada por ALEJANDRO FIDEL TAPIAS ESCALANTE contra el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, ALCALDÍA, el DEPARTAMENTO DEL CESAR, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA-, trámite al cual se vinculó a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR –COMFACESAR. 2-.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de Sala JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE 1 PAGE 7