Radicación n.° 45384 FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente STL17099-2016 Radicación n.° 45384 Acta 44 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) Decide la Sala la acción de tutela presentada por CIRO HUMBERTO SALDARRIAGA BERRÍO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA, el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUÁ y EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. (EMTULUÁ).

I.

ANTECEDENTES El promotor acudió a este mecanismo constitucional para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, mínimo vital y seguridad social presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. Como sustento de la protección invocada adujo que mediante acto administrativo 623 de 1995 la entidad accionada, Empresas Municipales de Tuluá E.S.P., le reconoció una pensión de jubilación convencional; que al no haberse reajustado la prestación con fundamento en lo dispuesto en la Ley 4 de 1976 y la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1994 y 1995, que aún continúa vigente, demandó el pago de tal reajuste equivalente al 15%, valor que reclamó debidamente indexado a partir de 16 de agosto de 1995, junto con el retroactivo generado y los intereses moratorios a que hubiere lugar.

Explicó que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 241 de 30 de abril de 2015, según la cual, debía aplicarse la interpretación convencional más favorable al trabajador. Precisó que fueron violentados sus derechos, pues conforme al parágrafo transitorio 3 del artículo 48 de la Constitución Política y al Acto Legislativo 01 de 2005, las autoridades judiciales accionadas pasaron «por alto mis derechos adquiridos, ya que a mí no me cobija dicha normatividad»; arguyó que también se equivocaron al argumentar que «con la demanda que interpuse, no allegué como prueba el depósito de la convención colectiva, situación que no excepcionó el demandado en la contestación, como tampoco presentó objeción alguna a la copia de la convención colectiva que sí presenté como prueba con la demanda, pasando por alto con su actuar mediante vías de hecho y comportamiento arbitrario»; lo anterior, sin tener en cuenta el artículo 54 A del Código de Procedimiento Laboral, adicionado por el artículo 24 de la Ley 712 de 2001 que reputa como auténticas las copias simples de las convenciones colectivas de trabajo.

Corolario de lo anterior, pidió que se declare «la nulidad de todo lo actuado» y se disponga a las autoridades judiciales accionadas acceder al derecho perseguido. Por auto de 17 de noviembre de 2016 esta Sala de la Corte asumió el conocimiento y ordenó notificar a los accionados para que ejercieran el derecho de defensa y contradicción. Las partes guardaron total silencio.

CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Se desnaturaliza la subsidiaridad de la solicitud de amparo, si so pretexto de resolver un conflicto para proteger derechos superiores se omite su discusión en el espacio procesal pertinente, salvo cuando se está frente a un perjuicio irremediable. De manera que, en principio, y así lo ha decantado esta Sala en innumerables oportunidades, se hace necesario que previo a interponer la acción de tutela, las partes agoten las herramientas jurídicas ordinarias con las que cuentan para obtener la protección de sus derechos, y luego de ello, si estiman que persiste la vulneración, expongan la controversia ante el Juez Constitucional para que la decida.

Conforme con lo anterior, al examinar la problemática planteada, se tiene que no le asiste razón a la parte actora cuando pretende que se dejen sin efectos las decisiones de instancia, pues se advierte su improcedencia, ante el hecho de haber contado con mecanismos defensivos al interior de la actuación en la que intervino como sujeto procesal, parte demandante, en resguardo de sus garantías, los cuales no empleó por su propia incuria; por manera que no puede en estos momentos, tras desechar el empleo oportuno de los mismos, acudir a la tutela en franco desconocimiento de su carácter residual y subsidiario, que precisamente, está orientado a impedir su uso como remedio adicional o alternativo de los previstos por el legislador.

En efecto, evidencia la Sala que en el proceso cuestionado, bien pudo el promotor interponer el recurso extraordinario de casación, pues éste era el medio defensivo idóneo llamado a ser activado contra la sentencia del Tribunal Superior de Buga que profirió en segunda instancia la decisión que no accedió a sus pretensiones y que finalmente estima violatoria de sus derechos fundamentales; no obstante, se observa que nada de ello hizo el gestor quien tampoco acreditó alguna justificación para tal conducta pasiva.

En ese orden, se trata entonces de una omisión imputable al extremo accionante, que genera los resultados adversos que ahora no pueden ser achacados a quienes conocieron del asunto, pues se deben precisamente, a su actuar incurioso y negligente en la medida que debió acudir al recurso extraordinario de casación para formular allí sus inconformidades respecto de la decisión del Tribunal, a efectos de que fuera el juez natural quien definiera sobre tal discrepancia, esto es, sobre el derecho que aduce le asiste al reajuste de su pensión, asunto que no puede resolverse en sede constitucional, como lo pretende el interesado.

De ese modo, no es permitido que quien obra de manera descuidada, como lo hizo quien hoy invoca su amparo constitucional, pretenda la enmienda de su culpa mediante esta vía preferente, residual y sumaria, por cuanto era el mismo proceso el escenario propicio e idóneo para exponer los reparos que hoy indebidamente plantean por este medio excepcional.

Las razones expuestas son suficientes para negar el amparo invocado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela impetrada, por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 7