STL14746-2019 — Corte Suprema

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 86611 GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente STL14746-2019 Radicación n.° 86611 Acta 38 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil diecinueve (2019). La Sala resuelve la impugnación interpuesta por CARMEN YOLANDA CHALA PÉREZ contra la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA dentro de la acción de tutela que la accionante interpuso contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA y el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ, con ocasión de las sentencias dictadas en ambas instancias al interior del mecanismo constitucional primigenio promovido por aquella contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía. I.

ANTECEDENTES CARMEN YOLANDA CHALA PÉREZ instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y al “acceso a la administración de justicia”, presuntamente vulnerados por la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA y el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ, con ocasión de las sentencias dictadas en ambas instancias al interior del mecanismo constitucional primigenio promovido por aquella contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía. Refiere la accionante que promovió primigeniamente acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, en razón a una serie de irregularidades evidenciadas en el proceso ejecutivo adelantado en su contra por Torres Aqua P. H.; que el 29 de abril de 2019, el A quo cuestionado negó el amparo solicitado, decisión que impugnó y el 30 de mayo de 2019, la colegiatura convocada confirmó el fallo de primer grado, determinación donde se advierte «la falta de independencia e imparcialidad del proceso constitucional».

Alegó que el 10 de junio de 2019, al conocer « el fallo de 2da instancia, se desencadena otra ola de arbitrariedades que confirman que los fallos de la acción de tutela 2019-00117 están cobijados por el principio fraus omnia corrumpit porque la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude, que protege y favorece las conductas arbitrarias, caprichosas, abusivas e intimidantes que conculcan derechos constitucionales, como demandada en el proceso 2015-00381 del Juzgado 01 Civil Municipal de Chía».

A más de lo anterior, adujo «Al negarme el derecho al debido proceso y el Acceso a la Justicia y los otros derechos solicitados, en el fallo de primera y segunda instancia de la acción de tutela 2019-00117, interpuesta para amparar mis derechos constitucionales sistemáticamente vulnerados en el Proceso Ejecutivo 2015-00381, del Juzgado 01 Civil Municipal de Chía, se ignoró de plano, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal en razón de su carácter preferente, sumario y protector, requisitos ignorados por los accionados en la parte motiva de su Fallo y se dio prelación a consideraciones que desviaron y desvirtuaron la URGENCIA de esta protección, solicitada para evitar daños mayores causados por las conductas fraudulentas evidentes en el Proceso» Por ello, solicitó la tutela de sus derechos fundamentales constitucionales y, en consecuencia, que se « SE REVOQUEN EN SU INTEGRIDAD» las sentencias cuestionadas.

TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante proveído del 23 de agosto de 2019, el A quo admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los accionados, con el fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción. Surtido el trámite de rigor, la Sala cognoscente de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2019, decidió negar la tutela solicitada, considerando que «A la luz de lo expresado, se colige, sin duda, la improcedencia de la protección reclamada por dirigirse contra otra de la misma estirpe, particularmente, respecto a los fallos de primer y segundo grado dictados dentro del resguardo interpuesto por la aquí actora frente al Juzgado Primero Civil Municipal de Chía».

IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión, CARMEN YOLANDA CHALA PÉREZ la impugnó, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su escrito de tutela. CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En este asunto, corresponde a la Sala verificar si las autoridades judiciales accionadas, vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite constitucional anterior que es materia de censura. Sea lo primero precisar, en punto a la procedencia de la tutela contra los fallos de la misma naturaleza y respecto de las actuaciones surtidas al interior del trámite, en reciente pronunciamiento, radicado bajo el número CC SU-627/15; que dicha Corporación puntualizó lo siguiente: 4.6.

Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. 4.6.2.

Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. 4.6.2.2.

Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;

Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión. (Resalta la sala) 4.6.3.2.

Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

En armonía con el referente jurisprudencial en cita, esta Sala de Casación Laboral, ha reiterado la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas dentro de acciones constitucionales de la misma naturaleza, cuando ellas tienen como fundamento la existencia de una «vía de hecho», admitiendo la posibilidad de su estudio tratándose de defectos procedimentales endilgados al juez constitucional en el trámite de la misma, que es la situación fáctica que aquí se presenta.

Aunado a lo anterior, tal como lo decidiría la Sala Homologa Civil, al negar la tutela solicitada, al razonar que, “Refuerza el fracaso de esta súplica, no estarse en presencia de las excepciones arriba anotadas, comoquiera que ningún fraude se presentó en torno a la tramitación criticada, cuestión que a más de ser una manifestación de la querellante, no cuenta con ningún respaldo probatorio.

En formulaciones de tamaña incidencia no bastan aseveraciones abstractas y carentes de fundamento fáctico; compete a quien las hace, en pos de la transparencia en el proceso “aportar” las pruebas, cumplir el principio “onus probando” como tarea de todos para crear una administración de justicia ética. Así las cosas, es clara la improsperidad de este auxilio porque la petente aún cuenta con la revisión de las sentencias de tutela cuestionadas e, incluso, con la insistencia, si se tiene en consideración que el expediente se radicó en el Alto Tribunal Constitucional el 2 de julio de 2019 y se remitió a sala de selección el 1° de agosto posterior, sin que se hubiere excluido, hasta el momento, del estudio por parte de esa Corporación. Esos escenarios son idóneos para aducir las circunstancias expuestas por esta vía residual”.

Como bien lo anota la Sala A quo, la acción de tutela contra sentencias y decisiones judiciales es admitida en forma muy excepcional y solo procede cuando se acredita con absoluta claridad la vulneración del debido proceso y de las garantías procesales del accionante, siempre que se hayan utilizado y agotado por éste los medios judiciales ordinarios de defensa frente a la correspondiente decisión. Con mayor razón resulta ser excepcional y en principio excluida la acción de tutela contra sentencias de tutela, hasta el punto que la Corte Constitucional (SU-627 de 2015), según lo destaca el fallo impugnado, ha precisado lo siguiente: 4.6.2.2.

(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. Pues bien, para los efectos de resolver la impugnación es necesario recordar que lo que es objeto de acción de tutela son las sentencias proferidas en otra acción de tutela que revisó desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la accionante, lo resuelto y actuado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, en el asunto en que fue parte la señora Chala Pérez, como demandada, de manera que no hay lugar a efectuar una nueva revisión de la constitucionalidad de esas actuaciones y pronunciamientos.

Entonces, si se asume, conforme es dable colegirlo de sus escritos, que lo que pide la demandante es dicha nueva revisión, su solicitud ha de ser denegada de plano pues implicaría que hay identidad en los pedidos de ambas tutelas, de manera que busca una tercera y cuarta instancia acerca de la misma materia, lo que es a todas luces improcedente.

Entonces, como lo que corresponde examinar es si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, vulneraron los derechos y garantías procesales de la accionante dentro del original trámite de tutela, se observa que, como quedó asentado en el recuento, no aparece que se le hayan vulnerado tales derechos a la accionante dado que en las decisiones se examinó la constitucionalidad del trámite y fallos de las autoridades judiciales en aquella oportunidad constitucional.

Así mismo motivaron adecuadamente su veredicto y otorgaron las oportunidades legalmente previstas para contradecirlo, incluso ante la Corte Constitucional. Cabe advertir además, que el fallo de tutela censurado solo puede interferirse mediante su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, tal y como lo consagra el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991: Artículo 33.-Revisión por la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave.

Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses. Finalmente, resulta pertinente traer a colación la sentencia SU – 627 de 2015, en la que la Corte Constitucional reiteró la regla de improcedencia de la acción de tutela contra decisiones del mismo linaje, excepto cuando se cumplen las siguientes condiciones, a saber: La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual.

Lo anterior, para resaltar que en el presente asunto no vienen acreditadas tales condiciones y, en tal virtud, resulta necesario confirmar la providencia impugnada, proferida por la Sala de Casación Civil de esta Corporación. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la providencia impugnada.

SEGUNDO: Notificar a los interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 11