Radicación n.° 76568 OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente STL14006-2024 Radicación n.° 76568 Acta 36 Barranquilla (Atlántico), tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, de la acción de tutela que NOHORA CRISTINA COTE GARCÍA interpuso contra la SALA DE CASACIÓN CIVIL, AGRARIA Y RURAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, trámite al cual se vinculó a la presente actuación a las autoridades, partes, así como a todos los intervinientes en el trámite constitucional cuestionado.

I.

ANTECEDENTES La ciudadana Nohora Cristina Cote García presentó acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. En lo que a este trámite interesa y de lo que se desprende del escrito de tutela y de la documental obrante en el plenario, se extrae que la accionante promovió acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona, identificada con radicado 54518311200120240009800, a través de la cual pretendió se declarara la nulidad de la providencia proferida por esa autoridad dentro de una acción constitucional.

La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona estudió de fondo el asunto, sin embargo, negó el amparo tras considerar que contrario a lo afirmado por la accionante, esta sí se encontraba debidamente notificada de la providencia en ese asunto cuestionado. Inconforme, la entonces promotora la impugnó, siendo resuelta a través de proveído de 11 de septiembre de 2024, en el cual la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta Corporación confirmó la decisión de instancia, tras colegir que la parte actora no se encontraba legitimada en la causa, en la medida que el poder no cumplía los requisitos exigidos por la norma.

Cuestionó la promotora de la acción que la sentencia proferida por la homóloga Sala Civil violó sus derechos fundamentales, en la medida que incurrió en un exceso ritual manifiesto al abstenerse de estudiar de fondo el asunto puesto a consideración en la acción constitucional, pues su argumento de no cumplir el poder con los requisitos exigidos «no es acorde con su envestidura judicial», teniendo en cuenta que «no puede exigirme palabras sacramentales, como tampoco recuerda que no se debe desconocer el acceso a la vía de tutela con argumentos banales como el exigido, ya que el trámite de tutela como se ha afirmado desde el año 1.991 es expedito, sencillo y hasta verbal».

Con fundamento en lo señalado, acudió a este mecanismo constitucional para obtener la protección de sus prerrogativas constitucionales y, como consecuencia de ello, solicitó se deje sin efecto la sentencia de tutela de 11 de septiembre de 2024, proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta Corporación, y en su lugar, se profiera una nueva decisión que estudie de fondo el asunto, modificando o confirmando la providencia emitida por el juez constitucional de primera instancia. Mediante auto de fecha 26 de septiembre de 2024, esta Sala de la Corte admitió el conocimiento de la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad convocada y vincular a las autoridades, partes e intervinientes en la acción constitucional cuestionada, con el objetivo de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción. Dentro del término otorgado, se rindieron los siguientes informes: La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia defendió la legalidad de sus actuaciones, resaltando que las mimas estuvieron ajustadas a las normas que regulan la materia y basadas en las pruebas obrantes en el plenario.

Así mismo, adjuntaron link de acceso al expediente del proceso cuestionado. CONSIDERACIONES El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Ha estimado la Corte que lo anterior solo acontece en casos concretos y excepcionales, cuando con las actuaciones u omisiones de los jueces se violenten en forma evidente derechos fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe ponderarse con otros principios del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente, los concernientes a la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.

Al descender al sub judice, encuentra la Sala que el amparo se dirige a que se deje sin efecto la sentencia de tutela de 11 de septiembre de 2024, proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta Corporación, y, en su lugar, se profiera una nueva decisión que estudie de fondo el asunto, modificando o confirmando la providencia emitida por el juez constitucional de primera instancia. Ahora bien, esta Sala de Casación Laboral debe entrar a dilucidar si, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, como lo establecido por la Corte Constitucional en varias sentencias, entre ellas la CC SU-267-2019, el presente mecanismo cumple con las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, es decir, si acata los siguientes requisitos: (i) legitimación en la causa por activa;

(ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) relevancia constitucional; (iv) subsidiariedad o agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (v) inmediatez; (vi) de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión; (vii) identificación de los hechos del caso y los derechos fundamentales presuntamente vulnerados; y (viii) que no se trate de una acción de tutela formulada contra sentencias adoptadas en procesos de tutela.

Así, es importante indicar: (i) Nohora Cristina Cote Garse encuentra legitimada en la causa por activa para la presentación de esta acción de tutela, toda vez que ostenta la calidad de extremo activo en el trámite constitucional cuestionado. (ii) Igualmente, existe legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la súplica se dirige contra la autoridad que emitió la providencia reprochada.

(iii) El asunto tiene relevancia constitucional, habida cuenta que involucra la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. (iv) La irregularidad tiene un efecto decisivo en la resolución del asunto. (v) La parte identificó de manera razonable los hechos y derechos invocados. (vi) Se cumple con el requisito de inmediatez porque el término que ha transcurrido entre los hechos que la promotora estima lesivos de sus prerrogativas fundamentales es inferior a los seis meses que ha considerado esta Sala como razonable para la interposición del amparo, pues la providencia cuestionada data de 11 de septiembre de 2024, mientras que la súplica se instauró el 26 de septiembre del corriente año. (vii) No obstante, el amparo resulta improcedente, en la medida que lo pretendido es que se deje sin efecto la providencia de 11 de septiembre de 2024, la cual consiste en una sentencia de tutela.

En efecto, cumple aclarar que la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones sobre la improcedencia de tutela contra una acción de la misma naturaleza, y si bien dicha regla admite excepciones cuando se trata de vulneración al debido proceso o se configura la cosa juzgada fraudulenta, lo cierto es que en el presente caso no se configura ninguna de ellas.

Al respecto, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción Constitucional en sentencia CC T-951-2013 precisó los requisitos necesarios para la concurrencia de dicha excepción, los cuales enumeró así: a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual.

En ese orden, en aras de unificar sus pronunciamientos al respecto, la mencionada Corporación se pronunció en sentencia CC SU-627-2015, en la que sostuvo: […] la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias, bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta”.

A continuación, adoctrinó: Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. 4.6.2.2.

Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;

(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. 4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. 4.6.3.1.

Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión. 4.6.3.2.

Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

Así, de la jurisprudencia citada en precedencia, se tiene que la única posibilidad para que proceda tutela contra tutela, es cuando en el trámite se vulnera el debido proceso o cuando se evidencia la ocurrencia de «cosa juzgada fraudulenta». Ahora, en el presente asunto la Sala advierte que la parte actora no probó la ocurrencia de alguna de estas excepciones, toda vez que se limitó a cuestionar la decisión emitida por la Corporación convocada a juicio, sin adentrarse en la demostración de vulneración alguna al debido proceso o la configuración de cosa juzgada fraudulenta, que habilite la revisión del fallo censurado.

En efecto, se vislumbra que, incluso, bajo el argumento de que la homóloga Sala Civil incurrió en un exceso ritual manifiesto, por considerar que el poder aportado al trámite no cumplía los requisitos exigidos, lo cual, a su juicio, fue zanjado con el estudio realizado por el juez constitucional de primera instancia, lo que la parte accionante pretende es que en esta oportunidad se haga un nuevo pronunciamiento frente a la situación expuesta dentro de la acción de tutela cuestionada y que no fueron acogidos por el fallador aquí convocado.

De allí que no pueda tener lugar tal petición en este escenario perentorio y limitado que no está establecido para mantener indefinidas las decisiones judiciales, ni reabrir las valoraciones probatorias estudiadas en otro trámite de igual naturaleza, dado que ello lesiona los valores y principios que soportan el ordenamiento jurídico. Es claro entonces que la providencia censurada se dictó en el trámite de una acción constitucional y, por tanto, no resulta procedente la actual queja. viii) De otro lado, refuerza la improcedencia del amparo frente a la decisión de 11 de septiembre de 2024, por cuanto no se satisface la subsidiariedad, dado que dentro del trámite acusado la parte puede hacer usos de los mecanismos ciudadanos de selección y, eventualmente, de insistencia ante la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 02 de 2015, máxime que hasta el momento no se ha enviado el expediente a esa Corporación. De esa manera, la protección constitucional no puede utilizarse en reemplazo de los mecanismos eficaces de defensa que no fueron formulados, ya que un proceder en tal sentido contradice lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y va en contravía de los mencionados principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, autonomía, juez natural e independencia judicial.

Ahora bien, aunque el incumplimiento del principio previamente señalado podría resultar indiferente ante la existencia de un perjuicio grave, inminente o irremediable, lo cierto es que en el presente asunto la tutelante no acreditó una afectación de tal entidad que amenazara o vulnerara sus derechos fundamentales, circunstancia que impide habilitar la intervención del juez de tutela.

En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras motivaciones, habrá de declararse la improcedencia del amparo deprecado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Notifíquese, publíquese y cúmplase. MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Presidenta de la Sala LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ AV IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ AV CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR SCLAJPT-12 V.00 12 SCLAJPT-12 V.00