República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación n° 37738 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN Magistrada Ponente STL12799-2014 Radicación n° 37738 Acta 33 Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014) Decide la Corte la acción de tutela presentada por JOSÉ SANTOS VEGA contra la SALA LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA.

I.

ANTECEDENTES El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. Relató que prestó servicios, como trabajador oficial, en la Industria Licorera de Boyacá entre el 18 de marzo de 1965 y el 30 de diciembre de 1987, como Destilador y Calderista de Alcoholes; estuvo afiliado a la Caja de Previsión Social de Boyacá, para el cubrimiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte; solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y se le concedió mediante Resolución No. 1064 del 18 de junio de 1993, teniendo en cuenta el 75% de lo devengado en el último año de servicios, esto es, entre enero y diciembre de 1987, pero no se le incluyeron los factores salariales de prima de antigüedad y de carestía, horas extras, ni se le indexó la primera mesada.

Señaló que en varias oportunidades acudió a la empresa para obtener el reajuste respectivo y como no obtuvo respuesta favorable demandó al Departamento de Boyacá y al Fondo de Régimen Prestacional en Materia de Pensiones de los Servidores Públicos del Departamento de Boyacá-; el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, por fallo del 21 de abril de 2008, ordenó a la demandada indexar la primera mesada y pagar las diferencias causadas junto con los intereses moratorios; al resolver el grado jurisdiccional de consulta el Tribunal por sentencia el 19 de enero de 2012, modificó, en cuanto a la fecha el retroactivo; solicitó la aclaración o corrección del error aritmético, lo cual se resolvió el 7 de mayo de 2013.

A su juicio se vulneran sus derechos pues el juzgador de segundo grado fijó el valor de su mesada en 315.616.30 para el año 2001 sin embargo «lo que en me corresponde por concepto de mesada es la suma de $315.616.30 a partir del 13 de julio de 1992». Por lo anterior solicitó dejar sin valor la sentencia dictada por el ad quem y proferir una en la que se tenga en cuenta la solicitud de corrección aritmética.

Por auto de 9 de septiembre de 2014 esta Sala de la Corte asumió el conocimiento, ordenó notificar a las autoridades accionadas y a los intervinientes en el proceso objeto de amparo constitucional para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción. II. CONSIDERACIONES La vía preferente de la tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en procura de obtener una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger derechos fundamentales.

Ahora bien, tratándose de tutelas contra providencias judiciales, esta Sala ha mantenido el criterio de que la acción es improcedente, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos de estirpe constitucional. De ahí que sea primordial, para su procedencia, entre otros, que la acción se interponga de manera oportuna en relación al hecho que presuntamente conculca derechos fundamentales, tal como lo ha precisado la Sala en punto de definir el denominado requisito de inmediatez; por ejemplo, en reciente providencia del 29 de enero de 2014, radicado 35166, esta Corporación consideró: De otra parte, y aunado a lo anterior la Sala ha reiterado que el principio de la inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, en orden a garantizar la protección de los derechos que se consideran vulnerados.

Por ello, es indispensable estudiar cada caso en particular, toda vez que es necesario que exista una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido, que se promueva dentro de un término razonable y prudencial, en razón de la misma finalidad de la tutela. El requisito de inmediatez exige que la acción constitucional sea presentada en un lapso de tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos que se considera vulneran los derechos fundamentales, con el objeto de evitar que el lapso del tiempo desvirtúe la amenaza o violación. Observa la Sala que las decisiones que según el actor conculcaron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, fueron proferidas el 21 de abril de 2008 y el 19 de enero de 2012 pero frente a la última presentó solicitud de aclaración que se resolvió el 7 de mayo de 2013, sin embargo el amparo constitucional se presentó el 8 de septiembre de 2014, cuando habían trascurrido más de 16 meses respecto de la última decisión, lo que evidencia que no existe proporcionalidad con el fin de la tutela, esto es, la protección inmediata de los derechos fundamentales, de forma que no se cumple con el requisito de inmediatez, y de contera impide un reexamen sobre lo aquí expuesto, pues sin duda ello afectaría además de derechos superiores de los demandados, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada sobre los cuales se erige la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. III.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de Sala JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE PAGE 6