República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación no 55577 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ Magistrado Ponente STL11892-2014 Radicación no 55577 Acta 30 Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). Decide la Corte sobre la impugnación interpuesta por FLAMINGO FIGUEROA contra la providencia proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ el 11 de julio de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por el recurrente contra la NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS.
I.
ANTECEDENTES El accionante instauró la presente acción constitucional y a través de ella solicita la protección de sus derechos fundamentales de petición y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por las autoridades cuestionadas. Manifiesta el petente, que en su condición de Caficultor solicitó el pago « atrasado del PIC » sobre la totalidad de las facturas que ha presentado y respecto de las que cumple con los requisitos necesarios para el desembolso de dicho subsidio, petición que le fue negada en razón que existe « un exceso de cupo», aun cuando con posterioridad se le informó que tal situación obedeció a la falta de atención y cuidado de los funcionarios encargados de digitalizar los documentos que daban cuenta de la producción y estructura de su finca.
Indica que las respuestas suministradas no resuelven lo peticionado, por cuanto no se detalla las facturas sobre las cuales no se ha procedido con el pago del subsidio y las razones para ello. Agrega que la exigencia de una determinada producción por hectárea, densidad, variedad o luminosidad no resulta aplicable conforme a la nueva normatividad que regula el pago del PIC, que establece que este se hace efectivo sobre la totalidad de las facturas de venta.
Explica que la problemática presentada, la que surge de errores de procedimiento y operatividad, generó que el Ministro de Agricultura ordenara el pago del subsidio sobre todas las facturas, con independencia de que exista un exceso de producción, requiriéndose simplemente que las facturas allegadas correspondan a la producción real y efectiva del predio.
Por lo anterior, solicita al juez constitucional amparar los derechos fundamentales enunciados y, como consecuencia de ello, reclama, principalmente, se ordene a las accionadas le sea abonado a su «célula cafetera» el beneficio del subsidio cafetero «PIC», sobre la totalidad de su producción. Así mismo que le « se aumentada la producción » en un 26%.
II. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante proveído del 1º de julio de 2014 el a quo admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los accionados, con el fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción. Surtido el trámite de rigor, la Sala cognoscente de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia del 11 de julio de 2014, denegó la protección procurada.
Consideró la colegiatura que la acción constitucional no era el mecanismo para definir la procedencia del subsidio previsto en el Plan de Protección del Ingreso Cafetero, debiendo el actor presentar la respectiva reclamación ante la entidad competente, a efectos que se defina la controversia al interior del trámite del programa de beneficios a los cafeteros.
Finalmente, para desestimar el amparo del derecho de petición, adujo que con el escrito de tutela no se allegó solicitud alguna elevada ante las accionadas. III. IMPUGNACIÓN Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó a través de escrito visible a folio 77 del cuaderno de tutela, en el que reitera las peticiones contenidas en el escrito inaugural.
IV. CONSIDERACIONES La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el caso objeto de examen, la queja del actor básicamente consiste en que las autoridades accionadas no le han cancelado el subsidio cafetero «PIC» sobre la totalidad de las facturas que presentó. Cuestiona igualmente el desconocimiento de su derecho fundamental de petición, como quiera que considera que la respuesta esgrimida por la Federación Nacional de Cafeteros no satisface los requerimientos mínimos, por cuanto no existe una manifestación de fondo, ni explicación sobre las razones por las cuales no se ha cancelado el subsidio.
Descendiendo al caso que nos ocupa, considera la Sala que la presente impugnación no está llamada a prosperar, como quiera que amén de lo manifestado por el fallador constitucional en la decisión impugnada, no se advierte que las autoridades puestas en entredicho a través de la presente queja constitucional, hubieran actuado de manera negligente, ni que en sus decisiones hayan olvidado cumplir con el deber de análisis del asunto sometido a su criterio a efectos de determinar el monto y número de subsidios a otorgar al aquí accionante.
En efecto, revisada la documental que obra en el plenario, específicamente el escrito que fue allegado por el Comité Departamental de Cafeteros del Huila, se tiene que el demandante se encuentra incluido en el Sistema de Información Cafetera (SICA), y es beneficiario del Programa de Protección de Ingreso Cafetero PIC, que fue establecido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que corresponde a un incentivo que se le entrega a los caficultores por valor de $145.000 por carga de 125 kilos, siempre y cuando el precio de referencia publicado por la Federación para el momento de la venta sea inferior a $700.000 la carga, siendo pertinente aclarar que en ningún momento el monto total puede superar dicho valor y, por tanto, en el evento en que el precio de referencia supere $555.000, el PIC a cancelar corresponderá a la diferencia existente entre los $700.000 y aquel.
De igual forma cuando el precio de referencia sea inferior a $480.000 el apoyo se aumentará en $20.000. Con dicho incentivo se pretende ayudar a la sostenibilidad de la caficultura a través del mejoramiento del ingreso al caficultor, requiriendo para su entrega el cumplimiento de tres requisitos a saber: i) estar registrado en el sistema de información cafetera, ii) realizar la venta del grano con entrega física y, iii) tramitar la factura comercial o documento equivalente, dentro del periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.
Siendo oportuno anotar que el pago se realiza con base en la producción calculada para cada cafetero, la que se determina de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Información Cafetera SICA, en el que aparece registrada la información de los caficultores y las condiciones de los predios productivos, entre otras, edad del cultivo, densidad, variedad y número de plantas.
Precisado lo anterior, y en relación con la vulneración denunciada por parte de la Federación, ésta informó que al señor Flamingo Figueroa se le ha cancelado sobre la totalidad de las facturas que presentó el incentivo que aquí reclama por valor de $3.023.670, allegando para el efecto el «resumen de facturas AIC-PIC-2013», el cual milita a folio 54 del cuaderno de tutela y que da cuenta que respecto a las identificadas con los números 2941 por valor de $166.400, 28913 por la suma de $1.655.680, 27605 por $450.000 y la 31030 de $446.160, y que corresponden a las que de manera expresa hizo referencia en el escrito de tutela, le fueron cancelados, respectivamente, los siguientes apoyos: $46.400, $461.680, $165.000 y $188.760.
Así las cosas, estima la Sala que la parte accionada, contrario a lo afirmado por el peticionario, ha dado cumplimiento a los requisitos y condiciones que previamente fueron fijados para la entrega del incentivo, cancelando incluso el subsidio sobre las facturas que aquí reclama el actor, quedando por consiguiente descartada la vulneración de derecho fundamental alguno que deba ser protegido por medio de este amparo constitucional excepcional.
Ahora bien, actuar conforme a lo solicitado por el accionante, esto es, ordenando a las entidades accionadas que hagan la entrega del subsidio, sin el lleno de las exigencias legales, no es posible a través de esta acción constitucional, pues sería tanto como alterar o modificar procedimientos y requisitos establecidos en el ordenamiento legal, de obligatorio cumplimiento no solo para las instituciones sino para los asociados, afectando inclusive el presupuesto nacional, lo que conllevaría a la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso que le asisten a las demás personas.
En un asunto caso de similares contornos a la que hoy es objeto de impugnación, esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ STL 53553–2014 dijo que: Conforme a lo anterior, mal podría esta Corporación acceder a los pedimentos de la actora en tutela en el sentido de ordenar el pago del subsidio por las facturas que anexa, como quiera que la Federación Nacional de Cafeteros ejerce un filtro de control de las mismas, además de estar comprometidos presupuestos públicos para ello, existiendo otras vías administrativas para iniciar su cobro, máxime cuando la entidad tiene unos límites para la producción del café, que como quedó explicado, las de la accionante sobrepasaron el tope máximo por circunstancias propias del cultivo.
Y es que el actuar de las accionadas en cuanto dependen de un presupuesto establecido, no se advierte contrario a la legalidad mostrándose acorde a los parámetros que para la entrega de tales subvenciones se ha dispuesto. Es así como resulta improcedente acoger las aspiraciones de la petente de obtener, a través de este mecanismo, el otorgamiento del subsidio cafetero, por cuanto, se itera, impartir una orden de tal índole desbordaría la órbita de acción del juez de tutela, a quien no le es dable declarar la titularidad de derechos de rango legal en cabeza de los administrados, por ser tales atribuciones competencia de autoridades distintas de las judiciales.
En este punto importa mencionar que la asignación de beneficios, como los reclamados por la actora, se encuentran sometidos a unos requisitos y condiciones reglados que no pueden ser desconocidos por el juez constitucional y, por lo mismo, la petición de amparo resulta en este aspecto improcedente, pues no es dable en sede de tutela introducir u omitir condiciones diferentes para su entrega, so pena de invadir la competencia legal de las autoridades establecidas para tales efectos.
No resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para acceder a un subsidio menos aun cuando no se logró desvirtuar la vulneración que pregona al derecho de igualdad pues no aportó prueba alguna que permita comprobar que en efecto personas que están en las mismas circunstancias se les ha otorgado el subsidio pregonado.
Bajo este panorama, el recurso a la Constitución no puede tener vocación de prosperidad, ni siquiera como mecanismo transitorio, dado que no viene probado el padecimiento de perjuicio irremediable que permita la aplicación de la excepción a la aludida regla general de improcedencia de la tutela ante la existencia de otras vías defensivas, por ser lo cierto que no se acredita la ocurrencia de situaciones de carácter excepcional, con respecto a los demás caficultores que igualmente esperan el pago de estos subsidios, para obtener la protección que reclama por esta vía preferente y sumaria.
Finalmente, en torno a la protección del derecho de petición que reclama el petente, para su desestimación baste decir que en el plenario no existe constancia de que este hubiera elevado solicitud alguna a las accionadas, y a partir de la cual se pudiera llegar inferir que las demandadas han omitido cumplir con su obligación emitir la correspondiente respuesta.
Suficientes resultan las anteriores consideraciones, para concluir en la confirmación de la sentencia objeto de impugnación. V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ el 11 de julio de 2014, dentro de la acción instaurada por FLAMINGO FIGUEROA contra la NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS.
SEGUNDO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de Sala JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE 1 11